18 marzo 2024

El número de asuntos que ingresaron en los órganos judiciales aumenta un 4,8% en 2023, y los asuntos en trámite un 17%

Los órganos judiciales registraron en 2023 un total de 7.004.309 asuntos, un 4,8% más que en 2022, y terminaron el año con casi cuatro millones de asuntos en trámite, un 17% más, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los órdenes jurisdiccionales Civil y Social experimentaron mayor incremento interanual en el número de nuevos asuntos registrados, un 6,4% y un 5,4% respectivamente, mientras que la cantidad disminuyó en el contencioso-administrativo, como se refleja en el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales, hecho público hoy.

En el orden Civil, los órganos judiciales registraron 2.989.730 asuntos en 2023, de los que resolvieron 2.630.999 asuntos, un 0,3 % menos que en 2022, y quedaron en trámite 2.278.006, un 18,7 % más. En la jurisdicción Penal ingresaron 3.343.193 asuntos; se resolvieron 3.210.964 asuntos, un 1,4 % más respecto a 2022, y quedaron en trámite 1.050.579 asuntos, lo que supone un incremento del 17,8 % respecto al ejercicio anterior.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativa, la entrada de 207.978 nuevos asuntos supuso una disminución interanual del 5,1 por ciento. También se redujo, en 8,5 por ciento, el número de asuntos resueltos, que sumaron 204.675. Al final del periodo quedaron en trámite 227.006 asuntos, un 3,6 por ciento más en términos interanuales.

El ingreso de 463.294 nuevos asuntos en la jurisdicción Social supuso un incremento del 5,4 % respecto a 2022. El número de asuntos resueltos se situó en 397.692, un 7,7 % menos que el año anterior y el de asuntos en trámite, en 426.075, un 16,1 % más.

 La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en 2023 fue de 145,7 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (188,7), Andalucía (156,8), Cataluña (154,2), Baleares (150,6) y Madrid (149). Los territorios con la tasa de litigiosidad más baja fueron País Vasco (103,2), La Rioja (103,9) y Navarra (115,7).

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