28 junio 2016
El Gobierno de Aragón contratará a los Colegios de Abogados para el servicio de asesoramiento jurídico a las mujeres
El Gobierno de Aragón procederá a la contratación del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad para que atienda el servicio de asesoramiento jurídico a las mujeres dependiente del Instituto Aragonés de la Mujer, contrato al que se sumará el de la guardia de violencia doméstica.
Esta decisión se ha tomado tras ser declarado desierto el concurso para la contratación de este servicio, un procedimiento publicado en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 26 de abril “cumpliendo la legislación vigente y por indicación del Servicio de Intervención y al que no se presentó ningún candidato”, ha explicado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.
Al declararse desierto este concurso, la Ley de Contratos permite proceder a la contratación mediante contrato negociado sin publicidad, siempre que se mantengan las condiciones sustanciales que fueron objeto de publicidad y concurrencia, han aclarado las mismas fuentes.
De esta forma, el presupuesto de este servicio es de 131.274 euros, el plazo de ejecución del contrato de dos años y la posibilidad de prórroga de otros dos adicionales.
A este contrato se unirá también el de guardia jurídica para violencia doméstica por un importe de 72.474,28 euros, también con un plazo de ejecución de dos años y la posibilidad de prórroga de otros dos.
SUPERVISIÓN DEL IAM
La prestación del servicio tanto de asesoría jurídica como de guardia jurídica se realizará bajo la dirección y supervisión del Instituto Aragonés de la Mujer en sus sedes de Huesca, Teruel y Zaragoza, así como en los distintos centros comarcales de servicios sociales.
La guardia jurídica supone la asistencia a las mujeres víctimas de violencia doméstica, siempre con carácter previo a la interposición de la correspondiente denuncia.
Desde que se inició el procedimiento de contratación, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales “ha mantenido múltiples contactos con representantes del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón para informarles sobre los pasos que se estaban dando para cumplir con la legislación vigente”.
En todo momento, el objetivo “ha sido trabajar por la atención a las mujeres y garantizar que esta no quedara interrumpida”, han remarcado desde el Ejecutivo aragonés.