El Consejo Vasco de la Abogacia exige al Gobierno soluciones a los problemas de justicia gratuita

Tras el Pleno extraordinario celebrado en relación al Decreto de Asistencia Jurídica Gratuita del Gobierno Vasco, el Consejo Vasco de la Abogacía ha alcanzado las siguientes conclusiones:

– No debe haber asuntos “fallidos”. Ni se concibe el concepto como tal, ni deberían existir.

– La Administración entiende por tales el trabajo o prestación de servicios durante un periodo de tiempo que realiza un Abogado/Abogada en virtud de una designación provisional, defendiendo a un ciudadano/a por la obligación del Estado de dar cumplimiento al principio constitucional de tutela judicial efectiva, resultando que después de la realización del trabajo, la Administración conoce que no tiene derecho a la justicia gratuita, bien por no reunir los requisitos para ello o porque voluntariamente prescinde de solicitar dicho reconocimiento.

– La consecuencia es que el sistema establecido no paga al abogado/abogada el trabajo realizado. No tendría sentido decirle a un médico del sistema público de salud que no va a cobrar nada porque la persona a la que ha tenido que asistir urgentemente no esta adscrita al sistema de la seguridad social, exigiéndole que sea él quien se encargue de perseguirle para tratar de cobrar, aunque sepa que realmente carece de recursos.

– Existen ya en este momento medios técnicos suficientes, por ejemplo, de colaboración con los datos fiscales de las Haciendas Forales, para tramitar los expedientes con celeridad y evitar la inmensa mayoría de estos posibles supuestos.

– Más aún, en los escasos “fallidos” que aun así se pudieran producir, es necesario el compromiso de la Administración de abonar a los letrados/as las actuaciones que hayan realizado o deban realizar por obligación legal, como gasto inherente al propio sistema de justicia gratuita, sin perjuicio de la facultad de la Administración de repetir contra el ciudadano/a no beneficiario/a de AJG. La Administración tiene medios para ello; ya lo hace cuando quiere cobrar multas. Cuenta con la vía de apremio.

– Resulta inaceptable la cofinanciación del pago de estos asuntos, ni por parte de los abogados y abogadas de oficio ni por parte de los Colegios de Abogados que son los que prestan el servicio. Siguiendo con el ejemplo anterior, “sería tan peregrino como exigir a un médico de Osakidetza, o al Colegio de Médicos, que cofinancien una intervención quirúrgica que han tenido que realizar de urgencia, sin poder valorar previamente los recursos económicos del paciente”, sentencian.

– Se debe desbloquear urgentemente el abono íntegro de las liquidaciones del Turno de Oficio correspondientes al segundo semestre de 2012, conforme a las certificaciones inicialmente confeccionadas por los Colegios de Abogados, cumpliendo compromisos previamente adquiridos. No se entienden nuevos recortes al amparo de interesados cambios de criterios interpretativos de una norma recién aprobada.

– Se debe proporcionar a los Servicios de Orientación Jurídica los medios y condiciones adecuados para poder prestar satisfactoriamente la atención a los beneficiarios/as de AJG, dado el incremento de asuntos y tramitaciones derivado de la actual normativa.

– Resulta inaceptable trasladar al letrado/a que está asistiendo a un detenido/a, la obligación de cumplimentar todos los anexos exigidos en el Decreto y tramitar la justicia gratuita de su defendido/a, a base de formularios reiterativos, cuando lo que le corresponde es prestarle la asistencia necesaria en tal momento.

– Habiendo padecido sucesivos recortes desde 2008, sin producirse sin embargo merma alguna en el compromiso y continuo esfuerzo de los abogados/as en la prestación del servicio de la asistencia al detenido y Turno de Oficio, la posición que mantiene el Gobierno Vasco obliga al Consejo Vasco de la Abogacía a fijar las líneas rojas que definen sus peticiones irrenunciables y a anticipar la imposibilidad de continuar con la prestación de la Asistencia Jurídica Gratuita tal y como viene siendo prestada, caso de persistir la actual situación, cuya urgente resolución por una vía amistosa reclaman del Gobierno Vasco y de la Viceconsejería de Justicia.

– Por último, el Consejo Vasco de la Abogacía reitera su frontal oposición y rechazo a la llamada “Ley de Tasas”, en cuanto supone un obstáculo insalvable en muchos casos al acceso a la justicia, tal y como están demostrando ya las estadísticas judiciales, solicitando una vez más su derogación. No deben existir tasas judiciales, por ningún concepto ni cuantía, menos aún en una época de crisis como la actual, peor incluso a aquella en la que se aprobó la eliminación de tasas que ofrecían importes menores. Es incoherente y solo tiene el objetivo de restringir el libre ejercicio de acciones en defensa y reclamación de derechos.