Declaración institucional de la Comisión Permanente de la Abogacía tras la aprobación en el Congreso de la Pasarela al RETA

Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas reguladas en sus disposiciones adicionales 18.ª y 19.ª

 El Consejo General de la Abogacía Española valora positivamente la aprobación del Dictamen de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Pleno del Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley relativa a las mutualidades alternativas, un paso relevante y largamente esperado por muchos compañeros para avanzar hacia una solución a la situación que afecta a miles de profesionales de la abogacía, y de otros sectores, en toda España.

La abogacía ha venido reclamando de forma constante la urgencia de esta reforma, consciente de que detrás de este debate legislativo existen miles de compañeros y compañeras que afrontan una realidad especialmente preocupante en materia de protección social y de acceso a una jubilación digna, un derecho que reconoce la Constitución. Por ello, celebramos que la tramitación parlamentaria continúe avanzando para dar una respuesta a esta reivindicación histórica.

Abogacía Española destaca el compromiso, la perseverancia y el trabajo desarrollado estos años por las asociaciones, plataformas y sindicatos de abogados que han impulsado esta reivindicación y han contribuido decisivamente a situarla en el centro del debate público e institucional. Su esfuerzo constante, junto con la implicación de los Colegios de la Abogacía y de miles de profesionales afectados, ha sido fundamental para que hoy se esté avanzando hacia una solución largamente reclamada.

El Consejo General de la Abogacía Española confía en que la tramitación en el Senado siga mejorando el texto, sin demoras, desde el diálogo, el consenso y la búsqueda del interés general. Todavía existe margen para mejorar la norma y ampliar su alcance, de modo que pueda ofrecer una respuesta más justa, equilibrada y que no excluya a profesionales que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Confiamos en que los responsables políticos son conscientes de que esta norma trasciende cualquier diferencia partidista y persigue un objetivo compartido: garantizar una jubilación digna para quienes han dedicado su vida al ejercicio de la abogacía.

Seguimos trabajando para que el texto definitivo ofrezca una respuesta urgente, más amplia, más justa e inclusiva para los profesionales de la abogacía.