César Sivo: “Cuando hay riesgo para el abogado, la amenaza es mayor para el ciudadano al que defiende”

Por Karla Rojas Armijos

Más de cuatro décadas dedicadas a la defensa de los derechos humanos avalan el reconocimiento de la Abogacía Española al abogado argentino César Sivo como Premio Derechos Humanos ‘Carlos Canicer’ en la categoría de “Persona”, letrado con amplia trayectoria en litigio estratégico y participación en causas de lesa humanidad.

Su trabajo le ha costado amenazas y ataques tanto a su despacho como en su hogar, pero lejos de intimidarlo, esta persecución ha reforzado su compromiso y lo ha convertido en un referente internacional en la protección de abogados, jueces y fiscales perseguidos por su labor, impulsando redes de apoyo como la Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales por los Derechos Humanos de América Latina y el Caribe (AJUFIDH). Hoy, su trayectoria lo sitúa como una de las voces imprescindibles en la lucha por los derechos humanos y la abogacía defensora de los mismos en la región.

¿Qué hito destacaría de su trayectoria?

Haber logrado que se reconozcan como delito contra la humanidad las agresiones sexuales que sufrieron las víctimas de la dictadura argentina en un centro clandestino de detención en Mar del Plata. La sentencia del ‘caso Molina’ marcó un punto de inflexión cuando los jueces sostenían que los ataques sexuales a las mujeres eran una tortura más, sin diferenciarlas del resto. Trabajar junto a las víctimas fue emocionalmente devastador, pero muy satisfactorio porque no solo reparó a esas tres valientes mujeres, también permitió que decenas de víctimas pudieran lograrlo posteriormente.

¿Qué lo llevó a fundar la Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales por los Derechos Humanos de América Latina y el Caribe (AJUFIDH)?  

El gravísimo retroceso que existe en el respeto a los derechos humanos en la región. La asociación fue creada para enfrentar las dificultades y riesgos de quienes trabajan protegiendo los derechos humanos en la región, ante la persecución, obstáculos judiciales, autoritarismo y negacionismo de algunos gobiernos, buscando promover acciones para proteger la labor de estos profesionales.

¿Qué país le preocupa más?

Haití, por la falta de instituciones, en una situación de máxima pobreza. En cuanto al ejercicio de la abogacía, la defensa de los derechos humanos y los riesgos para la integridad emocional y física, también me preocupan Nicaragua, Venezuela, El Salvador, México, Colombia y Brasil, por la masacre de Río. Y, por la disminución de los estándares democráticos: Guatemala, Perú y Ecuador. Toda la región sufre situaciones alarmantes que obligan a actuar contra el crimen organizado, asesinatos, ocupaciones ilegales de tierras, contaminación de agua y especies. La impunidad está garantizada en Costa Rica, Argentina, Chile y Bolivia. Lastimosamente, hay pocas excepciones; todos preocupan y en todos se debe actuar de manera urgente.

Ha sufrido numerosas amenazas debido a su ejercicio profesional, ¿cómo ha gestionado estos riesgos a nivel personal y profesional?

Un grupo de paramilitares me difamó durante 17 años, fui amenazado, perseguido e intimidado, me robaron, entraron en mi casa y oficinas, recibí denuncias falsas, persiguieron a mis clientes para que dejaran de contratarme y han tratado de vincularme con delitos de narcotráfico y evasión fiscal. He denunciado cada una de estas acciones y los hechos han quedado impunes, no solo ante la Justicia, sino también ante la Comisión de Defensa de la Defensa de la FACA (Federación Argentina de Colegios de Abogados), a organismos internacionales y a cuanto lugar entendí podía brindarme ayuda.

Gracias a la agrupación HIJOS, que pidió medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino garantizó mi protección y seguridad con una custodia durante casi 10 años. El Equipo Nizkor, una organización internacional de defensa de las libertades civiles, me llevó unos meses a Bélgica en 2009 y Front Line Defenders me incluyó en sus plataformas en 2017 y 2022. En cuanto a mi familia, la gestión ha sido más compleja porque he tenido que protegerlos y también prohibir a mis hijos el uso de redes sociales para que no fueran atacados ni sufrieran las consecuencias de las difamaciones hacia mí.

Aún así, ¿animaría a las nuevas generaciones a convertirse en activistas de derechos humanos?

Trabajar en derechos humanos es estar junto a los más vulnerables. Y eso es la máxima expresión del ejercicio de la abogacía. El derecho transforma la sociedad y ejercerlo los hará parte de esos logros. Cualquier contribución ya es suficiente: un abrazo, una lágrima, un agradecimiento; reparar a una víctima con nuestro trabajo es valioso, es sentirse abogado en plenitud. Si aman la profesión y no son indiferentes ante la injusticia, ser activista en derechos humanos es un buen camino.

¿Cómo transmitiría la importancia de ejercer la abogacía en entornos de riesgo a la ciudadanía?

Los ciudadanos deben conocer qué se hace, por qué y en qué circunstancias se desarrolla nuestro trabajo. Si hay riesgo para el abogado, la amenaza es mayor para el ciudadano al que se está defendiendo. A mayor peligro, mayor necesidad de contar con un letrado que, sabiendo lo que puede pasarle, tiene la valentía suficiente para actuar.

 ¿Qué significa para usted recibir este reconocimiento este año dedicado “a la defensa de quienes defienden”?

Es una caricia al alma, un estímulo que renueva el compromiso que asumí hace tanto tiempo y un nuevo impulso que me obliga a doblar mis esfuerzos para seguir acompañando a los que luchan, a los que hacen y a los que nos necesitan. También es reparador para cada uno de los miembros de mi familia, quienes, sufriendo, nunca dejaron de acompañarme; esto también es mi premio.