Campo destaca la necesidad de trabajar con abogados, jueces y fiscales para el éxito del nuevo modelo del proceso penal

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha destacado la necesidad de trabajar conjuntamente y con el mayor consenso con abogados, jueces y fiscales para que el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal se convierta en una Ley robusta. “Responde a una necesidad histórica, constitucional y también europea, y es un Anteproyecto de todos. El ministerio ha puesto la primera palabra, pero la última la tenemos que poner entre todos porque, tiene que ser un modelo para todos”, ha subrayado. En este sentido, ha señalado que “estamos hablando de garantías y la Abogacía es quien capitanea fundamentalmente la lucha por las garantías, es el instrumento más cercano al ciudadano en defensa de esos derechos y garantías, de sus derechos fundamentales”. Además,  ha recordado que “se está trabajando paralelamente en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que sin duda tiene un ensamblaje enorme con el Anteproyecto de LECrim”.

Campo ha participado en una mesa redonda que inaugura el ciclo Formativo “Hacia un Nuevo Proceso Penal”, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), en el que se analizará el texto del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. En ella han intervenido también los anteriores ministros del ramo, Rafael Catalá y Alberto Ruiz-Gallardón, moderados por la periodista de TVE Cristina Blach. Todos ellos han sido protagonistas de este nuevo proceso penal, ya que esta nueva LECrim es un producto de las contribuciones que se han realizado bajo sus respectivos mandatos ante la necesidad de dotar a la jurisdicción penal de una Ley adaptada a la sociedad del siglo XXI y con perspectiva de futuro.

Necesidad de modernización de la norma

Según Campo, es necesaria una modernización integral de este ámbito de la Justicia, sumamente relevante en la consolidación del Estado de Derecho y que “vertebra la vida de los ciudadanos”.

El ministro ha explicado que la ley que actualmente regula el proceso penal data de 1882 y ha experimentado 77 modificaciones, 54 posteriores a la aprobación de la Constitución. Por tanto, “por razones de eficiencia y modernización, la reforma del proceso penal es una cuestión de urgente necesidad”.

El ministro de Justicia ha resaltado también que el Anteproyecto potencia la función constitucional del juez, introduciendo la figura del juez de garantías y del juez de la audiencia preliminar; así como la del fiscal, dándole la instrucción. En este sentido, los participantes han destacado la coincidencia de todos los modelos en la distribución de funciones entre el fiscal investigador y el juez de garantías.

El cambio, además, se ve reforzado ahora por la necesidad impuesta por la Unión Europea de introducir la figura del Fiscal Investigador en nuestro sistema jurídico. Según Campo, esta obligación comunitaria constituye el impulso definitivo a la reforma estructural del proceso penal español.

“Sacar adelante la nueva LECrim supone un ejercicio de coherencia, tanto con nuestro texto constitucional, como con Europa”, ha exhortado el ministro de Justicia.

Por su parte, los exministros Ruiz-Gallardón y Catalá han coincidido en ensalzar el nuevo Anteproyecto de la LECrim, un texto que parte de una base muy sólida y que se ha ido enriqueciendo con las reformas que ha ido experimentando, sin importar el color político.

Según Ruiz-Gallardón, el nuevo modelo procesal penal tiene su “apoyo incondicional” y “permitirá superar una provisionalidad que ha durado más 140 años”. “Este nuevo proceso penal beneficia a todos los actores que participan en él; es un paso definitivo para que la Justicia española sea homologable a Europa y se den las máximas garantías para el justiciable”, ha dicho.

Para el exministro Catalá, la reforma tiene tres retos por delante: el consenso político entre, al menos, los dos grandes partidos, PP y PSOE; consenso profesional en el entorno de jueces, fiscales y abogados; consenso social, haciendo pedagogía para los ciudadanos confíen en la Justicia.

Ambos exministros han puesto en valor la oportunidad que ha ofrecido este foro para poder debatir una norma crucial para garantizar derechos y dar una respuesta ágil en los procesos penales.