Abogacía Española, Procuradores y Graduados Sociales trasladan al Ministerio de Justicia los problemas en la implantación de los Tribunales de Instancia

Los presidentes del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, del Consejo General de Procuradores de España, Alberto García, y del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán, se han reunido hoy con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, para abordar las preocupaciones de los profesionales de la justicia y los problemas detectados en la implantación de los Tribunales de Instancia de la Ley Orgánica 1/2025, seis meses después de su entrada en funcionamiento.

Los presidentes de los tres Consejos Generales consideran imprescindible la constitución inmediata de la Comisión Mixta de Calidad, prevista en la propia Ley, como primer paso para evaluar el funcionamiento de la reforma. González, García y Merchán reclaman una solución urgente a la falta de atención e interlocución que sufren a diario los profesionales de la abogacía en los órganos judiciales, en el ejercicio de su profesión.

«La constitución inmediata de la Comisión de Calidad prevista en la ley, no puede demorarse más, porque es el instrumento previsto en la ley para detectar incidencias, medir resultados y adoptar soluciones. La Abogacía seguirá colaborando con todas las instituciones para que esta reforma alcance los objetivos para los que fue concebida, pero es imprescindible actuar ya sobre las numerosas y graves deficiencias que estamos constatando en todo el territorio», ha destacado Salvador González.

La Ley Orgánica 1/2025

La Ley ha supuesto la mayor reorganización de la Justicia española en décadas, sustituyendo cerca de 3.900 juzgados unipersonales por 431 Tribunales de Instancia, implantados de forma progresiva durante 2025 (1 de julio, 1 de octubre y 31 de diciembre). Paralelamente, el 3 de abril de 2025 entraron en vigor los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito previo para numerosos procedimientos judiciales. Seis meses después de la primera fase de implantación, las tres profesiones jurídicas consideran necesario realizar una evaluación rigurosa del funcionamiento real del nuevo sistema basado en la experiencia de los miles de profesionales que trabajan en este sector, como son los abogados, los procuradores y los graduados sociales.

El informe de Abogacía Española

La información procede de un informe del Consejo General de la Abogacía Española elaborado a partir de las aportaciones de los Consejos Autonómicos y de los Colegios de la Abogacía de todo el territorio nacional, que constatan mejoras, pero también importantes incidencias en la implantación del nuevo modelo organizativo.

Asimismo, las conclusiones destacan la disparidad de criterios en la aplicación de los MASC que genera inseguridad jurídica; graves dificultades de comunicación con los órganos judiciales; y retrasos especialmente preocupantes en la ejecución de las resoluciones judiciales. Aunque el informe identifica algunas experiencias positivas en determinados territorios, el balance general evidencia que el nuevo modelo aún no dispone de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos perseguidos por la reforma.

“Abogacía siempre ha respaldado las reformas que mejoran el funcionamiento de la Justicia, pero una transformación de esta magnitud debe ir acompañada de medios suficientes, planificación, coordinación y una evaluación permanente. Nuestro compromiso es trasladar los problemas que están encontrando los profesionales de la abogacía para que puedan corregirse cuanto antes. Mejorar las condiciones en las que ejercen implica también garantizar una mejor tutela judicial para la ciudadanía”, ha manifestado Salvador González Martín, presidente del Consejo General de la Abogacía Española.

Propuestas de Abogacía Española

Tras las conclusiones del informe, Abogacía Española propone una serie de mejoras encaminadas a paliar los problemas actuales en relación con los Tribunales de Instancia, que se suman a las otras dos compartidas también por los otros dos Consejos Generales sobre la Comisión y el trato a los profesionales.

Uno de ellos afecta a algo tan fundamental como la organización interna y la unificación de criterios. En este sentido Abogacía exige que cualquier futura reorganización vaya precedida de planes de formación del personal y se ordene conforme a criterios de especialización técnica, que se unifiquen los criterios y prácticas procesales para reducir la disparidad detectada y reforzar la seguridad jurídica, además de dotar de las anunciadas plazas judiciales y del resto de plantillas. Por ello, la institución solicita un plan para reducir la dispersión de sedes y adaptar definitivamente las instalaciones a las características del nuevo modelo organizativo.

Sobre la digitalización, se recomienda que se dote a todos los territorios de sistemas estables e interoperables, garantizar que el expediente sea accesible para todas las partes en igualdad de condiciones, por todas las partes, y asegurar la operatividad real de las salas.

Respecto a los MASC, un método que ha causado gran diversidad de opiniones, se insta a la revisión del requisito de procedibilidad de estos métodos para acreditar el intento de acuerdo, la aprobación de un módulo retributivo específico al letrado de oficio y garantizar el pago puntual de todas las actuaciones del turno, incluidas las derivadas de estos mecanismos, y evitar que los costes asociados al MASC recaigan sobre los beneficiarios de la justicia gratuita.

Abogacía Española, para lograr el buen funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia, considera fundamental monitorizar eficientemente el proceso para reducir cargas, cambiar protocolos de funcionamiento e implantar técnicas de gestión modernas.

El secretario de Estado, acompañado por parte del esquipo del Ministerio ha mostrado su voluntad de abordar la solución de los problemas implantados y mantener un diálogo más intenso con los Consejos Profesionales.
Se ha convocado una nueva reunión para el próximo 29 de julio.