Abogacía Española, esencial en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha subrayado hoy el papel clave de la abogacía en el proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España, durante la inauguración de la Jornada sobre el proceso de regularización administrativa extraordinaria.

“La abogacía desempeña un papel esencial e insustituible en esta regulación, gracias a los profesionales de la abogacía especializados en este tema. Ellos ofrecen todas las garantías deontológicas y de cualificación para que los derechos de los migrantes, algunos especialmente vulnerables, sean protegidos como deben serlo”, ha destacado González.

En la jornada, que ha tenido lugar en el Consejo General de la Abogacía Española,  han participado Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones; Santiago Antonio Yerga, director general de Migraciones; Ainara Dorremochea, especialista de la Subdirección General de Régimen Jurídico del Ministerio de Migraciones; y Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía Española.

El presidente ha trasladado su reconocimiento a los profesionales implicados: “A los 28.000 abogados y abogadas de extranjería de toda España que, de nuevo, volverán a ser ejemplo de la mejor abogacía y un apoyo decisivo para todas esas personas que tanto van a necesitar de su ayuda profesional, experta y especializada”.

Así lo ha recalcado el presidente de Abogacía Española en la primera Jornada sobre el proceso de regularización administrativa extraordinaria, organizada junto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el objetivo de reforzar la coordinación institucional y garantizar el rigor jurídico en la aplicación del procedimiento.

En su intervención, González ha destacado la complejidad jurídica y humana del proceso: “Hablamos de normas, de implicaciones jurídicas y de un proceso que va a requerir de necesidades burocráticas, especialmente complejo por la especial vulnerabilidad de los solicitantes y la importancia jurídica de proteger sus derechos”.

Además, ha recordado el reconocimiento institucional al trabajo del colectivo: “Así lo ha entendido el ministerio, que ha reconocido públicamente la labor de la abogacía de extranjería en este proceso, como colaborador indispensable en el asesoramiento jurídico y en la correcta tramitación de los expedientes”.

González ha puesto el foco en la necesidad de cooperación: “Este proceso no termina en el BOE, sino que arranca con él. Y que, para que cumpla con su propósito, es absolutamente capital mantener vivas y abiertas las líneas de colaboración, porque ahora toca lo más complicado: conocer bien las reglas y asegurar su mejor desarrollo”.