Abogacía Española alerta del colapso del turno de oficio y reclama una reforma urgente de la ley

La Abogacía Española ha reclamado hoy, en el cuarto encuentro sobre la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, una reforma urgente de una norma que, tras 30 años de vigor, está obsoleta. La jornada, que se ha celebrado en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, cierra un ciclo de cuatro sesiones.

“El sistema está al borde del colapso, y todas las alertas están encendidas. Los recursos son insuficientes, no se pagan los servicios prestados, los baremos son insuficientes y faltan garantías de actualizaciones periódicas de las retribuciones”, ha señalado durante su intervención Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía.

Además, ha recalcado que las brechas territoriales son incomprensibles, y ha recordado que en el día a día los abogados y abogadas del turno de oficio reciben amenazas y agresiones simplemente por hacer su trabajo. “Nuestros profesionales deben recibir del Estado y de sus administraciones el trato justo y digno que merecen y que, ahora mismo, no tienen”, ha concretado.

En su intervención, la vicepresidenta primera del Consejo General de la Abogacía y decana de la abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, ha reclamado la necesidad de que la abogacía cuente con un borrador de la futura Ley de Justicia Gratuita. Vallejo ha afirmado que la nueva Ley de Justicia Gratuita debe reconocer la figura de la abogacía, de manera que sean retribuidas todas las actuaciones realizadas y estas se equiparen a lo que se percibe en Europa. Desde el Colegio de Barcelona también se considera esencial eliminar la barrera de acceso al turno de oficio para poder combatir el problema estructural de este servicio y facilitar la incorporación de los jóvenes, los cuales deben haber hecho una formación específica para poder estar adscritos al turno de oficio.

El Foro se ha llevado a cabo en diferentes sesiones desde enero y ha permitido recoger una visión amplia del sistema. En primer lugar, se escuchó a los colegios de la abogacía para conocer el día a día de los abogados del turno de oficio, posteriormente, a las asociaciones; y en una tercera jornada, a las fuerzas políticas.

Finalmente, se ha incorporado la perspectiva territorial, clave en un modelo gestionado por el Ministerio y 12 administraciones autonómicas.

Debates de asociaciones y partidos políticos

El primer debate, el de las asociaciones, ha contado con la inauguración del presidente de Abogacía Española, Salvador González; Cristina Vallejo, vicepresidenta 1ª de la Abogacía Española y decana del Colegio de Barcelona; Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social de la Abogacía y decano del Colegio de Cartagena; y Filomena Peláez, presidenta de la Comisión Especial de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. En el debate han participado representantes de Plataforma, el sindicato Venia y Altodo Cataluña.

Por la tarde, en el debate de fuerzas políticas han intervenido Aitor Cubo, director general de transformación digital de la Administración de Justicia; Cesáreo Rodríguez, viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias; Alfonso Gómez, viceconsejero de Justicia del Gobierno del País Vasco; María Jesús Moro, coordinadora de Justicia del Partido Popular y portavoz del grupo parlamentario en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados; Maite Arenaza, directora general de Justicia del Gobierno de Navarra; y Judith Monje,  directora de la Gerència de Barcelona ciudad y L’Hospitalet (departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya). El debate ha sido inaugurado por el presidente y la vicepresidenta de Abogacía Española.

Durante la jornada, Abogacía Española ha insistido en que la nueva ley no puede demorarse más y en que el colectivo debe desempeñar un papel protagonista en la elaboración de la nueva norma, al ser la base del sistema que garantiza el acceso a la justicia y la defensa de los derechos de las personas sin recursos. “El Estado debe saldar una deuda pendiente con este servicio esencial. La nueva ley no puede demorarse más, porque la situación es ya realmente insostenible”, ha insistido Salvador González.