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3 enero, 2018 Abogacía

Albert Parés: “Se atreven a vulnerar los derechos de los menores no acompañados porque no tienen voz y pocas entidades y personas hacemos que se oigan”

 

Por Mar Hedo Cassinello. Fotografías: Albert Parés

Albert Parés no fue un buen estudiante, pero tuvo claro muy pronto que su título de abogado le iba a servir para luchar por los derechos de las personas a las que la sociedad olvida. Desde hace años y en ocasiones en soledad ante la incomprensión de muchas personas, emplea todas sus energías en defender a menores extranjeros que llegan solos a nuestro país desde su asociación Noves Víes. La Abogacía Española le ha concedido el Premio Derechos Humanos Nacho de la Mata 2017, un reconocimiento a su compromiso constante con estos menores

 

  1. Usted se define como abogado social. ¿Qué quiere decir esto?

Para mi ser abogado es ejercer una profesión que puede tener un componente de lucha para cambiar estructuras sociales en favor de las personas excluidas en la sociedad. Todos los abogados y abogadas pueden ejercer la defensa del derecho para muchas personas y yo siempre creo que todas tenemos este componente del cambio social, político y el que haga falta para que las personas excluidas tengan las mismas oportunidades para ejercer sus derechos.

El tema es ser un abogado de calle y estar cerca de las personas más excluidas para que puedan ejercer sus derechos. Tenemos reconocidos muchos, pero falta aún más para facilitar el ejercicio de los derechos.

 

  1. Ha sido galardonado con el Premio Nacho de la Mata 2017. ¿Qué supone este reconocimiento para usted a nivel personal? ¿Conoció a Nacho?

Sí que conocí a Nacho por temas profesionales y sé que como abogado (para mí un gran abogado social) y persona era increíble y única. Con él compartí inquietudes jurídicas y fue con él con quien hablamos por primera vez de que fiscalía actuaba cometiendo posible delito de prevaricación. Para mí era (y es) un gran maestro y la verdad es que con él podría llegar a aprender muchísimo para la defensa de los menores.

El premio supone un reconocimiento a mi trabajo, que he realizado durante años y en muchas ocasiones ante mucha incomprensión de la gente de mi alrededor (familia, amigos, compañeras,…). Supone que se reconozca esta lucha para la defensa de estas personas tan olvidadas por la administración y para una parte de la sociedad. Además, debido a esta incomprensión, siempre he realizado esta lucha muy solo y el premio es una manera de decir que no estoy solo, hay personas que creen en este camino que a menudo es difícil pero que hay que andar. La verdad es que me he sentido muy acompañado por muchas compañeras y compañeros de Madrid.

 

  1. Usted dedica gran parte de su trabajo a defender los derechos de los menores extranjeros no acompañados. ¿Por qué?

Cuando estudié la carrera (reconozco que fui un mal estudiante) tenía muy claro que quería entrar en el mundo del derecho penitenciario ya que pensaba que era una rama donde se podría trabajar la defensa de los derechos de personas olvidadas.

Después, cuando empecé a ser voluntario de una fundación, me solicitaron si podía asesorar a personas extranjeras sin recursos porque les llegaban muchas demandas. Después nos conoció Vicenç Galea, un educador de calle que falleció hace unos años que dedicaba su vida a los menores inmigrantes y Nuria Empez, que es una gran educadora, a través de ellos empecé a conocer el mundo de estos menores que estaban completamente indefensos.

En el mes de marzo de 2009 llegó el primer caso de determinación de edad; me indigné muchísimo y decidí que se tenía que actuar por la vía judicial que nadie había iniciado y empecé a abrir este camino que ya no puedo ni quiero dejar.

 

  1. Una de las cosas contra la que más ha peleado son precisamente las pruebas de determinación de la edad que tienen más credibilidad para la Fiscalía que los documentos legales de los menores en los que figura su fecha de nacimiento. ¿Por qué cree que se siguen haciendo a pesar de las resoluciones del Tribunal Supremo?

Sinceramente me da la sensación que se creen amos de la verdad absoluta y siguen pensando que estos chicos tienen documentos falsos. O sea, no respetan el estado de derecho.

Por otra parte, también pienso que se atreven a vulnerar los derechos de estos menores porque en nuestra sociedad no tienen voz y pocas entidades y personas hacemos que se oigan. Se atreven con el débil y no con el poderoso.

Desde las sentencias del Tribunal Supremo he ganado todos los casos en primera instancia.

 

  1. Recientemente ha conseguido que la Comisión de Derechos del Niño de la ONU estudie la denuncia de menores obligados a dormir en el suelo de la Fiscalía de Barcelona en lugar de ser alojados en un centro adecuado. ¿Tiene que recurrir a la justicia europea o a organismos internacionales porque la justicia española no resuelve estos casos?

Para la defensa de los derechos, recurrir a organismos internacionales cada vez es más importante para evitar que cambien políticas internas. La justicia en general en España es lenta, poco eficaz y a menudo no son conscientes de que en estos casos hablamos de derechos fundamentales y de menores con lo cual se tendría que resolver con más firmeza y celeridad, pero la realidad no es así. Encuentro que en España cuesta a veces que los jueces sean conscientes de que pueden aplicar derechos fundamentales y sobre todo la Convención de los derechos del Niño. Este caso concretamente los jueces en Barcelona no entendían que estos menores no podían estar durmiendo como animales y por este motivo se tuvo que recurrir ante organismos internacionales.

 

  1. Hace unos meses también un juez reconoció el derecho a una mujer que había sido víctima de trata a recuperar a su hijo, cuya custodia había perdido. Es un caso que usted llevó, pero no es la única mujer a la que esto le sucede, ¿verdad?

Sí, efectivamente y es un caso que llevé junto con la entidad SICAR. Esta es una situación que sigue ocurriendo por desgracia. La administración que tiene la obligación por ley de atender a los menores en situación de desamparo a menudo no sabe establecer criterios diferentes para situaciones diferentes. En estos casos defiendo, como así lo establece el Defensor del Pueblo, que los menores que no reciben una atención adecuada por parte de madres que han sufrido muchísimo hasta llegar a nuestra sociedad no se debe considerar que están en situación de desamparo sino en situación de riesgo. La diferencia básica está en que no es necesario que haya una separación del menor de su madre. Además, añado que por ley estas mujeres tienen que recibir una atención específica para su inserción social y recuperación psicológica, con lo cual aún dé más fuerza al hecho de que si se realiza una atención adecuada hacia la mujer que es víctima de trata no será necesario que el menor resida fuera del núcleo familiar. Otra vez más son situaciones en que la falta del ejercicio de unos derechos impide a estas mujeres vivir en plenas condiciones junto con sus hijas.

 

  1. Los derechos de los menores extranjeros se vulneran a menudo, ¿pero hay también desigualdad de género en este caso? ¿Cuál es la situación de mujeres y niñas en este sentido?

En estos casos no existe diferenciación en cuanto a la determinación de la edad. He llevado solo dos casos de niñas y el trato era igual.

Lo que sí hay que destacar es que en algunos casos hemos detectado que ni los centros de menores ni la misma policía ni la fiscalía están preparadas para detectar posibles víctimas de trata y es una situación preocupante por razones obvias.

 

  1. Su asociación se llama Noves Vies. ¿Qué vías debe seguir el derecho penal o el derecho de Extranjería?

Personalmente creo que la vía más adecuada siempre es dialogar para que cada administración sea consciente de sus obligaciones y a partir de ahí cada persona realice su trabajo a conciencia y con profesionalidad y sabiendo que es para personas.

Nosotros nos hemos dedicado siempre al derecho de extranjería, pero cuando hablamos de menores inmigrantes siempre hablamos de menores antes que de extranjeros. También es verdad que el derecho penal, como se enseña en la universidad, tiene que ser la última vía a recurrir, y la verdad nos la hemos planteado ante el insistente incumplimiento por parte de la fiscalía de las sentencias del Tribunal Supremo y ante el incumplimiento por parte de la administración de sus obligaciones hacia los menores inmigrantes.

 

  1. ¿Cómo le explica a su hijo el trabajo que hace? ¿Puede entender un niño de nuestra sociedad lo que les ocurre a otros menores como él solo porque han nacido en otro país?

A mi hijo Jordi le explico cuando tengo juicios de estos menores. Con sólo cinco años no entiende casi nada, pero sí dice que ayudo a niños de otros países a que tengan su carnet para ir en metro, en autobús… y que tenemos que ayudar a esos niños que viven en calle más que a un bebé…

Lo que sí hago también es explicar esta situación a adolescentes y jóvenes para que entiendan lo que está pasando y lo que puede hacer un abogado y cualquiera para que a una persona menor de edad se le pueden respetar sus derechos.

Es muy importante que la sociedad entienda esta situación ya que sin ayuda a estos chicos les costará más vivir entre nosotros. Por ejemplo el proyecto Cocina Conciencia de la Fundación Raíces es una gran iniciativa que permite a estos jóvenes entrar en el mercado laboral como cualquier otro joven de aquí.

 

  1. ¿Podrán estos menores que usted defiende integrarse en nuestra sociedad sin resentimientos y respetando las normas de un mundo que no los respetó a ellos?

Yo creo que sí porqué siempre habrá personas y entidades que estarán a su lado. De todas maneras, tienen un gran recorrido porque nuestras leyes no favorecen que se integren fácilmente, como por ejemplo que no obtengan una autorización de residencia y trabajo. La iniciativa que ha tenido Fundación Raíces al proponer a algunos partidos políticos que se conceda a estos menores una autorización de trabajo sin discriminación por ejemplo tiene un gran valor para que la ley cambie.

De todas maneras, estos jóvenes al llegar a los 18 años se ven en una situación de exclusión social sin poder realizar ninguna actividad laboral y a pesar de ello algunas veces después de ser maltratados por nuestra administración llegan a conseguir su objetivo.

También es verdad que la misma ley no les permite una formación a estos jóvenes puesto que el artículo 97 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia exige que para acceder al sistema de garantía juvenil el joven necesita tener una autorización de residencia y trabajo y mientras no se modifique el artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería los menores extranjeros sólo gozarán de una autorización de residencia sin trabajo, lo cual vulnera una vez más la Convención de los derechos del Niño.

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