La Justicia en la UCI

Hoy publico en el diario Expansión un artículo sobre la incertidumbre que existe respecto a varios proyectos legislativos.

Termina el mes de agosto, el que el ministro Ruiz Gallardón quiere declarar hábil como si eso solucionara algún problema sin crear otros muchos más importantes, y como si los abogados no atendiéramos las necesidades de nuestros clientes en agosto y en cualquier otro período del año. Termina como empezó: con una enorme y preocupante incertidumbre sobre varios proyectos de ley que pueden hacer que la Justicia española ingrese definitivamente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), si es que no lo está ya desde hace tiempo. Teniendo tan claro el diagnóstico por parte de todos los agentes jurídicos, parece imposible que algunos se empeñen en seguir caminando en la dirección equivocada.

El notario Ignacio Gomá –uno de los editores del blog ¿Hay Derecho?- ha hecho un análisis muy lúcido sobre el balance de la legislatura y sobre las previsiones del curso que comienza. No es muy optimista. “Ni las expectativas ni el propio Gallardón han estado a la altura política que se esperaba”, señala. Pero hay algo que quiero destacar especialmente. Gomá distingue entre “normas perturbadoras del Estado de Derecho, que confirman el poco talante renovador del PP -la Ley de Tasas que afecta a la tutela judicial efectiva o la reforma del CGPJ donde se mantiene la politización de este organismo-“ y normas “más de carácter distractivo de la realidad, como la Ley del Aborto, que se sacó cuando se hablaba de la corrupción y los problemas de Rajoy o la Ley de Emprendedores que pese a ser necesaria ha sido un auténtico fiasco”. Gomá cita también la nueva Ley de los Registros que genera “una escisión en este cuerpo profesional”, pero podría hacerlo con otras muchas más, entre ellas, desde luego en el apartado de las normas perturbadoras, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la de Servicios y Colegios Profesionales, la futura LOPJ o la reforma procesal penal que, como digo al principio, no sólo no solucionan ningún problema real –ni cuentan con los medios necesarios para su aplicación- sino que crean problemas innecesarios y restringen los derechos de los ciudadanos.

No se debería hacer ninguna reforma de la Justicia sobre datos erróneos o no contrastados –y casi todos los de la Justicia lo son, como hemos demostrado desde la Abogacía y ha reconocido el propio CGPJ y el Parlamento- y, mucho menos, sin un amplio consenso que garantice su viabilidad y su permanencia en el tiempo.

La Abogacía va a estar muy atenta a todos los intentos de reforma y va a mantener alta su voz, siguiendo el mandato de todas las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados que hace casi exactamente u mes, se manifestaron unánimemente con la toga en Madrid en defensa de los derechos de los ciudadanos y de la tutela judicial efectiva.

El País publicaba el pasado domingo un interesante análisis sobre la confianza de los españoles en sus instituciones y en el bloque dedicado al Sistema Jurídico, al igual que el año pasado, “los abogados” aparecen en primer lugar, diez puntos por delante de los jueces, y casi veinte del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o los fiscales. Sin duda alguna, como reconoce el informe, nuestra “beligerancia en cuestiones de interés colectivo –tasas judiciales, defensa gratuita- logran quedar una vez más por encima de las restantes profesiones jurídicas”.

Sin duda, tenemos mucho que mejorar, pero no vamos a bajar la guardia en lo que consideramos la defensa del Estado de Derecho y de los derechos de los ciudadanos. Todo lo que haga falta hasta sacar a la Justicia de la UCI.