El Aula DDHH de la Fundación aborda en Albacete y Cartagena el problema de los desahucios

Los Decanos de los Colegios de Abogados de Albacete, Julio García Bueno, y de Cartagena, José Muelas, respectivamente, inauguraron el jueves 6 y viernes 7 de febrero las primeras jornadas del Aula Derechos Humanos de la Fundación Abogacía Española, que abordaron el problema de las “Deudas hipotecarias y desahucios”.

En estas dos primeras jornadas, que congregaron a unos 40 abogados en cada una, intervino como conferenciante del presidente del Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña, Miquel Sàmper, quien, como decano del Colegio de Terrassa, puso en marcha la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria de España, una fórmula mixta (Colegio de Abogados + Administración Local) para dar asesoramiento a deudores hipotecarios y encontrar soluciones alternativas a los desahucios.

Miquel Sàmper transmitió la gran decepción que ha supuesto para la Abogacía la respuesta pública al problema de los desahucios. Según destacó, las políticas públicas en esta materia en España siempre han sido reactivas, nunca se anticiparon a los problemas generados en el mercado hipotecario tras el pinchazo de la burbuja. Los suicidios, las sentencias de tribunales españoles o europeos y la presión ciudadana han sido los únicos elementos encontrados

detrás de cualquier decisión pública para aliviar la presión de los desahucios, aseguró.

Con la vista en un futuro cercano, este planteamiento reactivo continuará y seguirá siendo fuente de angustias y graves problemas socioeconómicos para muchas familias en regiones muy golpeadas por los desahucios como la Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid, según Sàmper.

Además, las reformas de las Administraciones Locales agravarán la situación ya que alejarán de los ciudadanos los recursos públicos de atención a aquellos que viven un proceso de pérdida de su vivienda y todas las consecuencias que ello conlleva.

Por su parte, los letrados participantes en las jornadas se quejaron de la falta de receptividad que muestran las entidades bancarias tanto en Albacete como en Cartagena cuando tratan de ponerse en contacto con ellas para tratar cuestiones vinculadas con sus clientes en procesos de desahucio. Sin embargo Sàmper indicó que la actitud de la banca podría cambiar mucho en los próximos meses si se tiene en cuenta que la inmensa bolsa de pisos sin vender que tienen, cada vez a precios más bajos, será un elemento de presión que resultará en un debilitamiento de la posición negociadora de los bancos.

El presidente de la Abogacía catalana consideró por otra parte que el problema de los desahucios tiene fecha de caducidad ya que desde hace cuatro o cinco años apenas se conceden hipotecas. Pero, mientras el problema perdure, será necesario estar a la altura de las circunstancias y la Abogacía lo estará a través de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, aseguró.

Los decanos de los Colegios de Abogados de Albacete y Cartagena anunciaron en estas jornadas que están estudiando la viabilidad del establecimiento de Oficinas de Intermediación Hipotecaria, a la espera de conseguir al mismo tiempo una mayor implicación de las correspondientes administraciones locales.

PROYECTO AULA DE DERECHOS HUMANOS

Los objetivos del proyecto “Aula de Derechos Humanos” son dos:

1. Contribuir a la divulgación o denuncia de situaciones diversas de vulneraciones de derechos fundamentales que afectan a los colectivos más desprotegidos en España, especialmente en lo que se refiere a su acceso a la justicia, proponiendo a la vez fórmulas de mejora.

2. Contribuir a facilitar un mayor y más adecuado conocimiento por parte de los abogados de las particularidades legales y de atención relativas a la asistencia jurídica con perspectiva de derechos humanos a colectivos vulnerables.

Este proyecto tiene su origen en una serie de Jornadas que la Fundación Abogacía Española desarrolló en 2012 y 2013 con el título “Crisis Económica y Derechos Humanos”. Estas jornadas fueron concebidas inicialmente para llamar la atención sobre los posibles retrocesos en derechos que se están produciendo en nuestro país con la crisis económica como coartada. Las jornadas se centraron principalmente en las consecuencias sobre los colectivos más vulnerables y por tanto más expuestos a las consecuencias del paro, los recortes y también las malas prácticas de las instituciones y otros agentes. Así, se abordaron cuestiones tan actuales y preocupantes como los desahucios de deudores hipotecarios, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), la lacra de la trata de personas con fines de explotación, los asuntos sin resolver sobre los menores ante la justicia, o sobre los enfermos mentales y las personas con discapacidad intelectual en los centros penitenciarios.

Esa iniciativa puso de manifiesto importantes necesidades de los colectivos en cuestión que no han sido atendidas correctamente en nuestro país, así como vacíos legales y prácticas mejorables de la Administración, y por tanto, fue también fuente de inspiración de nuevas actividades que procuran subsanar o perfeccionar lo existente.

Así, favorecer un conocimiento mayor y más adecuado por parte de los abogados de los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, así como sobre el acceso a la Justicia de los colectivos más vulnerables, será una de las prioridades durante el desarrollo del proyecto.

Por otra parte se buscará elevar el perfil de la abogacía como agente de divulgación de situaciones de vulneraciones de derechos fundamentales, valiéndonos del frecuente y cercano contacto que tienen los abogados con la realidad de las personas que las sufren.

Además de las deudas hipotecarias y los desahucios se abordarán a lo largo de 2014, siempre en colaboración con los Colegios de Abogados, otros asuntos como “Inmigrantes sin documentación y Centros de Internamiento de Extranjeros”, “Derechos de las Personas Mayores” “La Prisión Permanente Revisable en nuestra normativa”, “Víctimas de trata” o “Personas con discapacidad intelectual ante el delito