Luchamos para cambiar la forma de vivir y de gobernar y esto es lo que molesta al poder

Cuauhtémoc Ramírez, dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me´phaa (OPIM): “Luchamos para cambiar la forma de vivir y de gobernar y esto es lo que molesta al poder”

Invisibles y olvidadas. Así se encuentran las minorías indígenas en muchos lugares del mundo, escondidas por las autoridades tras la exclusión, asediadas como extrañas e insignificantes criaturas sociales al borde de la extinción. En el estado de Guerrero, en México, los Pueblos Indígenas Me´phaa, situados en la montaña, han padecido históricamente la extrema pobreza, el abandono, la discriminación y una constante violación de sus derechos humanos por parte de las autoridades. Ante esta situación, un centenar de campesinos, mujeres y hombres, de las seis comunidades indígenas se unieron en la Organización de los Pueblos Indígenas Me´phaa (OPIM), para luchar frente a la opresión. Su esfuerzo, entrega y denuncia de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la población indígena de la región han sido determinantes para la concesión del Premio Derechos Humanos del CGAE 2010 en la categoría “Instituciones”.

¿Qué supone haber recibido el Premio Derechos Humanos del CGAE?
Es un gran honor recibir un reconocimiento de una organización internacional de abogados tan prestigiosa. Esperamos ser merecedores en los hechos de este premio. Es también un compromiso y una responsabilidad que nos toca asumir, porque recibir un premio debe traducirse en la continuidad de nuestra lucha y organización.

Este reconocimiento queremos hacerlo extensivo a la lucha del movimiento social en el estado de Guerrero y de México, pues nosotros sólo somos una parte de un conjunto de luchas pequeñas que buscan justicia ante los atropellos de las autoridades.

Lo más importante para nosotros al recibir el premio es que nuestra labor es reconocida en otros países y no por el Gobierno del nuestro, lo que pone al descubierto que los intereses del Gobierno responden a los dueños del dinero, no a las necesidades de sus ciudadanos, mucho menos de los indígenas.

¿Qué violaciones de derechos humanos sufridos por su comunidad consideran más graves y más difíciles de erradicar?
En primer lugar, la represión y la fabricación de delitos por los responsables de impartir justicia. El Gobierno mexicano tradicionalmente reprime o chantajea a las voces críticas con el fin de silenciarlos. En nuestro caso, todas las denuncias públicas y penales que hemos interpuesto las deja sin investigar y como no tiene ningún elemento legal para reprimirnos o chantajearnos, entonces recurre a fabricar delitos que no cometimos, presentando testigos falsos. Fue el caso de los compañeros que fueron detenidos y encarcelados injustamente; cuatro fueron liberados después de un año y el quinto después de más de dos años, otros cinco ganamos un amparo y sobre cinco más pesan órdenes de aprehensión por el mismo delito.

Es una barbaridad que el Gobierno haya acusado a 15 personas de haber matado a otra, supuestamente porque se negó a participar en nuestra organización. Estas violaciones son difíciles de erradicar porque la fabricación de delitos tiene una motivación política, no legal.

Por otro lado, también las violaciones sexuales de militares a mujeres indígenas son un grave problema. Estas violaciones no son nuevas, se han cometido desde hace mucho tiempo por elementos de las fuerzas armadas y policiales. La novedad es que las compañeras tomaron la decisión de denunciarlos y atenerse a las consecuencias por dignidad, para que otras mujeres no tengan que padecer esto.

El problema en este tipo de delitos es que los militares se creen intocables porque tienen el poder de las armas e invocan el fuero de guerra. Sin embargo, la ley máxima del país es clara al señalar que sólo es aplicable el fuero militar a las faltas en la disciplina militar, pero en casos en que los elementos del ejército atropellen a la población, el asunto debe ser juzgado por un tribunal civil, y en las violaciones que cometieron con nuestras compañeras quieren ser juez y parte, sin ninguna garantía para las víctimas de que se hará justicia, por eso, este tipo de violaciones serán las más difíciles de erradicar en tanto no se reforme el Código de Justicia Militar y se aplique la ley.

Finalmente, nos parecen especialmente graves las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales. Esta violación es muy grave, ya que las desapariciones de luchadores sociales y políticos que el Gobierno ha hecho a lo largo de la historia han quedado impunes. Durante la guerra sucia en tiempos de la guerrilla de Lucio Cabañas en el estado de Guerrero, las desapariciones las hicieron militares uniformados. Ahora han cambiado su modo de operar, las hacen militares vestidos de civil apoyados por la delincuencia organizada, delincuencia común, paramilitares y policías.

En la desaparición, tortura y asesinato de nuestros compañeros Raúl Lucas y Manuel Ponce, operó este grupo mixto, con un militar a la cabeza que al mismo tiempo era parte de un cartel del narcotráfico. El Gobierno federal y el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, han pactado al menos en el Estado, para que estos grupos narcoparamilitares aplasten a nuestra organización asesinando a sus dirigentes y el Gobierno se lava las manos diciendo sin ningún elemento que fue un ajuste de cuentas, no por motivos políticos.

¿Cual es la situación de la comunidad indígena en el estado de Guerrero? ¿Y en el resto de México?
Podemos decir que los pueblos indígenas de Guerrero y de México se encuentran en una situación de resistencia para defender sus derechos con dignidad. Ha costado, pero resistimos y luchamos para cambiar la forma de vivir y de gobernar y esto es lo que molesta al poder político y económico, somos mal ejemplo para el resto de la población que no está organizada.
En el aspecto socioeconómico y político, seguimos siendo excluidos, hay serias carencias en la satisfacción de nuestras necesidades, no tenemos agua potable ni drenaje, faltan escuelas y maestros, hay pésimos caminos para llegar a otros pueblos, sin médicos ni medicinas, desempleo, migración y abandono total de la producción agropecuaria por parte del Gobierno.

¿Cuales son los principales retos que quiere afrontar la OPIM para mejorar las condiciones de la comunidad indígena?
El principal es fortalecer y ampliar nuestra estructura organizativa, coordinar nuestra lucha con otras del Estado y del país, creando una gran organización estatal y nacional que tenga la suficiente fuerza política y moral, capaz de juzgar y remover a gobernantes y funcionarios corruptos, capaz de obligar a los impartidores de la justicia para que se aplique la ley, capaz de anular leyes que perjudiquen a la población y de crear otras que la beneficien, crear un movimiento social pacifico para que se nos respeten nuestros derechos, no para aspirar a ocupar cargos de poder político.

¿Qué logros considera como más importantes desde su fundación en 1994?
El enjuiciamiento al Estado mexicano por un tribunal internacional motivado por las violaciones sexuales a nuestras compañeras Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo por parte de militares en activo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgó y encontró elementos suficientes y probatorios de que el Estado mexicano es responsable de las violaciones contra nuestras compañeras. En la sentencia se ha condenado al Gobierno mexicano a reparar el daño moral y económico de las compañeras, a reconocer públicamente la comisión del delito, a que dicho delito debe ser juzgado por un tribunal civil, a reformar el código militar y la ley de amparo.

¿Como ha sido la colaboración con la Fundación del Consejo General de la Abogací­a?
De respeto, profesionalidad y solidaridad. Fue sumamente importante el trabajo que la Fundación del Consejo de la Abogací­a realizó en el caso de nuestro compañero preso de conciencia el año pasado. La visita de una comisión del Consejo fue clave para su liberación en agosto de este año.
Por otro lado, creemos que el conocimiento que tuvo el Consejo de nuestros problemas ayudará a su difusión en España y eso nos da mayor ánimo para seguir luchando al saber que no estamos solos.
Queremos puntualizar que de todas las agrupaciones de abogados en México, ninguna se ofreció para hacer lo que hizo el Consejo de la Abogací­a.