Abogados, jueces y expertos reclaman luchar contra la impunidad en Iberomérica para frenar la violencia contra la mujer

15/07/2011.- "No puede haber prevención si no hay lucha contra la impunidad". Esta es una de las principales conclusiones que se extraen de la cuarta jornada del Encuentro que mantienen en Cartagena de Indias (Colombia), cerca de 50 abogados, jueces y expertos de 15 países iberoamericanos, coordinado por el Consejo General de la Abogacía Española, con la estrecha colaboración de la AECID, el CGPJ y la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

A lo largo de esta jornada, celebrada en el centro de formación de la AECID en la ciudad colombiana, se trataron varios asuntos fundamentales en la lucha contra la violencia de género, como son el "acceso de la víctima a la información", y el trabajo que los Servicios de Orientación y Atención Letrada a las víctimas realizan en este asunto; y la necesidad de "elaborar y establecer protocolos y coordinación interinstitucional en la prevención de la violencia de género"; el marco legal de protección de la mujer y las reformas legislativas necesarias; así como la importancia de lo Observatorios como instrumentos de análisis en este tipo de violencia.

Dentro del análisis y las conclusiones de la jornada, los expertos destacaron la importancia de luchar contra la impunidad en los Estados iberoamericanos como paso fundamental en la lucha contra la violencia contra la mujer, ya que en opinión de los participantes en el curso, "muchos de los Estados consienten la impunidad".

Además, apuntaron la necesidad de "incorporar la perspectiva de género en todos los elementos normativos de los países iberoamericanos, ya que existe un planteamiento patriarcal del Derecho y también en consecuencia del Derecho Penal". En concreto, "existe hipergarantismo del Estado hacia los perpetradores y hay estereotipos de género en la Administración de Justicia"

Por otra parte, según las conclusiones de la jornada, "es necesario generar mecanismos de análisis y alerta temprana en relación con conductas que hagan peligrar la paz para las mujeres y la emergencia de nuevos conflictos para ellas", concretamente en la elaboración de protocolos de actuación.

Además, en la investigación de los casos de violencia contra la mujer, en ocasiones "se cometen errores elementales en la recolección de pruebas o hallazgos por la investigación  y no existe la debida diligencia en el proceso de investigación, ausencia de protocolos o fallos en la implementación de los mismos". En este sentido, se considera necesario que en aplicación de la normativa nacional e internacional vigente se continúe con la estandarización de los protocolos, manuales y criterios de investigación, servicios periciales y de impartición de Justicia. Así, se plantea la importancia de crear un protocolo policial forense y en general de investigación penal para democratizar el acceso a la información y permitir y mejorar relaciones interinstitucionales. El protocolo se debe constituir como una guía de buenas prácticas para investigaciones penales y valoración forense en casos de violencia de género y feminicidio.

A su vez se considera necesaria la existencia de una red de formadores especializados en la enseñanza de la prevención, investigación y atención a víctimas.

MIEDO A DENUNCIAR

En los feminicidios en Latinoamérica existe un alto índice de brutalidad en los crímenes, misoginia, discriminación y odio de las familias. Sin embargo, esta violencia "puede ser violencia económica, física, psicológica, sexual, etcétera", y además, a la hora de impartir Justicia "el problema puede acentuarse por la actitud patriarcal de muchos jueces y fiscales".

Otras de las dificultades a la hora de enfrentarse a esta lacra social, radica en que muchas mujeres "no se atreven a denunciar porque dependen del agresor para garantizar la manutención propia y la de los hijos", apuntaron, y en caso de denuncia, "en muchas ocasiones, los Estados no tienen recursos suficientes para poner en marcha medidas de seguridad eficaces".

Por otra parte, la atención a la víctima puede estar perjudicada también por la pérdida de tiempo desde la agresión y así pérdida de pruebas y dificultades añadidas a la investigación.

En función de cada país los medios para la atención tienen que prever la pobreza, o la falta de educación o el origen indígena o el diferente idioma de la víctima. También son importantes para la atención a la víctima la creación de redes de derivación y albergues donde las víctimas puedan sentirse y estar seguras.

MARCO DE PROTECCIÓN

El marco jurídico en el ámbito latinoamericano en materia de violencia de género es insuficiente aunque el problema no sólo está en la ley, sino en su aplicación. Los principales problemas son la insuficiencia de recursos financieros que se invierten contra la violencia de género, el déficit en la capacidad y la formación de los recursos humanos. También la falta voluntad política se convierte en un factor determinante, que junto a las deficiencias propias de los sistemas judiciales (procedimientos lentos, caros, falta de coordinación y profundización en las investigaciones penales) desencadenan en la impunidad.

Uno de los avances pasaría en opinión de los expertos por la creación de juzgados especializados para atender los casos de violencia contra la mujer y el fortalecimiento de los mecanismos de protección judicial de los derechos de la mujer contra toda forma de violencia: física, psíquica, económica, moral o cultural.

En cualquier caso, es necesario cambiar la mentalidad de la población y los patrones culturales, incidiendo en la enseñanza obligatoria de derechos humanos con perspectiva de género y la especialización de los funcionarios públicos. También resultarían efectivos los planes de derechos humanos específicos para mujeres, elaborar protocolos de investigación y de reparación del daño a víctimas de violencia de género, modernizar los ordenamientos jurídicos, lanzar campañas de sensibilización que ayuden a generar el cambio cultural y romper los paradigmas propios del machismo.

CASO ESPAÑOL<