Carta del editor Feliz Año Nuevo (si nos dejan) No es fácil hablar de buenos deseos al cerrar el año porque el balance de estos doce meses tie- ne más sombras que luces aunque, bien es cier- to que, al menos en lo que se refiere a la Justicia, termina con más esperanzas de las que teníamos a principios de año. Esperanzas que tienen que convertirse en hechos reales para que dejen de ser expectativas. El cambio de ministro de Justicia y las promesas de diálogo del nuevo titular del Mi- nisterio –promesas que se están cumpliendo- nos dicen que, al menos, las protestas de la Abogacía y de todos los operadores jurídicos durante mu- cho, demasiado tiempo, pueden servir finalmente para dos cosas: para que muchos proyectos que iban a deteriorar aún más la Justicia española no se lleven a cabo y para que podamos corregir otras situaciones que han causado un grave daño a la propia Justicia y, sobre todo, a los derechos de los ciudadanos. La situación de los derechos humanos en Espa- ña ha empeorado en estos doce últimos meses, como se puso de relieve en la Conferencia Anual de la Abogacía de la que damos cuenta en este número. La Abogacía ha defendido durante este año los derechos de las personas y ha denuncia- do la corrupción en ámbitos que deberían ser ejemplares; las violaciones que se han producido respecto de los inmigrantes sin asistencia sani- taria; las concertinas con que se encuentran los inmigrantes en Melilla y las mal llamadas “devo- luciones en caliente”; la necesidad de que las víc- timas de violencia de género cuenten de manera preceptiva con un abogado antes de interponer la denuncia; los desahucios que siguen dejando sin hogar a miles de ciudadanos y que desde los Colegios de Abogados hemos tratados de paliar con la creación de Oficinas de Intermediación Hi- potecaria; el trato a los menores inmigrantes no acompañados; los límites a los derechos de las personas con discapacidad; las trabas, por unas tasas injustas y desproporcionadas, para el acceso a la Justicia o para ejercer el legítimo derecho a la defensa de muchos ciudadanos… La Abogacía lo ha denunciado y, en todos los casos en que era po- sible, ha actuado a través de su Consejo General, de los Consejos Autonómicos, de los 83 Colegios de Abogados, contando asimismo con la colabo- ración de su Fundación, para ofrecer o buscar so- luciones. La Abogacía es la voz de los que tienen derechos y pueden defenderlos legítimamente. De los que tienen derechos, pero no tienen medios y acceden a la Justicia Gratuita. De los que tienen derechos y no pueden defenderlos porque no pueden pagar las tasas. Y, si me lo permiten, de muchos cuya voz ni siquiera es escuchada por la sociedad o por los poderes públicos. El panorama, como he dicho, tiene luces y som- bras. El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana plantea graves objeciones por cuanto no sólo per- mite usar el ADN de un ciudadano sin el consejo de un abogado, sino que permite interferir las co- municaciones personales –el correo, los teléfonos, las redes sociales, etc.- o hacer grabaciones sin autorización judicial previa. Además, impone mul- tas desorbitadas, quita garantías, convierte al Go- bierno y a la Administración en juez y parte. Más aún, no acaba con las devoluciones irregulares e ilegales en fronteras, legalizando una actuación que no respeta los derechos de los seres humanos ni garantiza su derecho de defensa. Hay más cosas, como la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, todavía en un limbo del que no sabemos cómo va a salir. Y la amenaza inútil e innecesaria de la Ley de Colegios Profesionales. Y la necesaria derogación o modificación sustancial de la nefas- ta Ley de Tasas. Hay diálogo, sí; hay también espe- ranzas con cierto fundamento. Pero ni vamos a parar la lucha ni vamos a cejar en el empeño de que la Justicia funcione con eficien- cia al servicio de los ciudadanos y no en su contra. Lo dicho, Feliz Año Nuevo… si nos dejan.. l Diciembre 2014_Abogados_3