CARTA DEL EDITOR La ciudadanía y la Justicia son los que sufren L a Abogacía ha demostrado en Granada, en sus VII Jornadas de Juntas de Gobierno, que la búsqueda de la excelencia es no sólo un objetivo sino una realidad. La apuesta por las Buenas Prácticas, tema central de las Jornadas, y la presentación de iniciativas en marcha que redundan en beneficio de la Abogacía y de los abogados, sin duda, pero también de la ciudadanía y de la Justicia, es una declaración cargada de intenciones. Esta profesión, muchas veces maltratada por los poderes públicos, que no siempre escuchan sus reflexiones como merece, tiene claro que va a seguir luchando por una Justicia que merezca ese nombre y por la defensa de los derechos de la ciudadanía. Nos legitima lo expuesto en la propia Ley de Colegios Profesionales (artículo 5a), pero, sobre todo, lo hacen las personas que acuden cada día a nuestros despachos a pedir asesoramiento, consulta o, directamente la defensa de sus intereses. En los últimos tiempos, la ciudadanía se ha visto gravemente perjudicada por normas o situaciones que tribunales de la Unión Europea han calificado de injustas. Y nosotros defendemos sus justas reivindicaciones. Por eso mismo, también en Granada, la Abogacía unida –y siempre que actúa unida acaba ganando la batalla- acordó por unanimidad presentar recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del 25 de mayo de 2017 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se atribuye a determinados juzgados la competencia exclusiva en materia de cláusulas suelo. De la misma manera lo han hecho diversos Consejos Autonómicos de Colegios. Ese acuerdo del Consejo del Poder Judicial, según el sentir unánime de la Abogacía institucional, altera el derecho al juez predeterminado reconocido por ley en el artículo 24.2 de la Constitución, ya que impide que los jueces competentes con arreglo a los criterios legalmente establecidos tengan conocimiento de los litigios sobre materia hipotecaria y no es admisible constitucionalmente la existencia de jueces excepcionales o especiales. En todo caso, la atribución de competencias que efectúa el acuerdo del CGPJ ahora impugnado debería haberse hecho por ley dictada con anterioridad al hecho motivador del proceso, en este caso, las reclamaciones por las cláusulas suelo que se canalizaron a través del Real Decreto-ley 1/2017. Los miembros de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de toda España se concentraron en Granada para mostrar su disconformidad y rechazo al plan del CGPJ porque, además, agrava el problema que trata de solucionar, ya que muchos de los juzgados designados carecen de capacidad para absorber las demandas que se concentren como consecuencia de este acuerdo, con lo cual los ciudadanos no podrán resolver sus conflictos en un tiempo razonable. No se ha producido la necesaria dotación de medios materiales, humanos y presupuestarios por parte del Estado y de las comunidades autónomas con competencias transferidas, lo que ya ha está provocando graves disfunciones: juzgados sin personal ni sillas, jueces sin capacidad de sacar adelante el trabajo. Además del riesgo severo de colapsar los juzgados designados, se desaprovecha la potencialidad de juzgados de partido con capacidad para asumir estos asuntos. El Consejo General de la Abogacía Española continúa exigiendo mantener la competencia residenciada en los juzgados de partido judicial, sin perjuicio de las medidas de especialización y refuerzo en las demarcaciones en que fueran convenientes y, en todo caso, con la necesaria y suficiente dotación presupuestaria. O creando otros nuevos donde hagan falta. No son los abogados los directamente perjudicados, ni la falta de respuesta efectiva a nuestras peticiones es un agravio a la profesión. Este plan perjudica a las personas afectadas, cientos de miles, dificulta el acceso a la justicia y les hace incurrir en más gastos, cuando deberían ser atendidos con urgencia para reparar el daño causado y para cumplir las sentencias de los tribunales con la eficacia y rapidez que son de ley. Y, finalmente, esta decisión no rectificada causa un nuevo deterioro de la confianza de la ciudadanía en la Justicia que es la segunda gran perdedora de este conflicto. Aún se está a tiempo. No pueden perder siempre los mismos. Porque si es así, es el propio Estado de Derecho el que sufre en sus cimientos. l Junio 2017 _ Abogacía Española _ 3