Carta del editor ¿QUÉ EUROPA ESTAMOS CONSTRUYENDO? EN SU TOMA DE POSESIÓN, la nueva presidenta del Consejo, Victoria Ortega, señalaba que la Aboga- cía iba a mirar más a Europa porque allí se está gestando el futuro derecho nacional. Pero en Eu- ropa también se están poniendo los cimientos de la sociedad que queremos y que debemos cons- truir. Las últimas decisiones sobre la crisis de los refugiados indican una tendencia de los dirigen- tes europeos a abdicar de los principios constitu- yentes, de las ideas fundamentales que hicieron crecer la Europa de las libertades, de los derechos humanos, de la construcción democrática y que puso fin a siglos de guerras y de enfrentamientos. La Europa sin fronteras, de las instituciones comu- nes y de la moneda única ha sido una de los gran- des avances de estas últimas décadas. Y el futuro debería llevar a instituciones más fuertes y más sólidas para, desde esa fortaleza buscada y com- partida, hacer que, por encima de las disputas y de los criterios mercantiles, acaben pesando más los valores y los principios de solidaridad que son la esencia de la nueva idea de Europa. La Europa libre, democrática, solidaria, de 500 millones de habitantes no sólo no ha sido capaz de integrar a un millón de personas solicitantes de asilo, que huyen de la guerra, de la persecución religiosa, de los abusos, de una muerte segura, sino que ha gastado miles de millones de euros para expulsarlos. Entre ese millón largo de perso- nas que han llamado a la puerta de Europa hay cerca de cuatrocientos mil niños y otras tantas mujeres. Y de esos niños, casi cien mil viajan so- los, sin compañía alguna. Los hay adolescentes, pero también casi bebés, a los que sus padres han enviado a Europa bien para una reagrupación fa- miliar, bien para que hagan de puente hasta que lleguen ellos, bien para que no mueran. Los Go- biernos europeos han dado la espalda a este pro- blema. El español sólo ha sido capaz de acoger a 18 de los 17.000 a los que se había comprometido formalmente hace menos de un año. En Grecia y, sobre todo, en Turquía la falta de vergüenza de la Europa oficial debería hacernos reaccionar ante la situación límite de cientos de miles de personas. La Abogacía ha denunciado repetidamente esta situación, generada en buena medida, como dice Noam Chomsky y sabemos todos, por las propias políticas de los países europeos y por una Unión Europea que ha escondido en el desván sus princi- pios constituyentes. La Abogacía está trabajando en iniciativas que sirvan de reflexión pero tam- bién que puedan cambiar la realidad, incluso en los tribunales. Nadie debería quedar al margen de esta situación. Hay que alzar la voz contra esta in- dignidad hasta que se corrija. Y UNA BUENA NOTICIA. Frente a esta terrible noticia que es cada día la crisis de los derechos de los refugiados, una buena noticia, menor en comparación con la anterior, pero importante porque también afecta a la mejor defensa de los derechos de los ciudadanos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha fallado a favor de la Abogacía y en contra de la Agencia Andaluza de la Competencia, en relación con la territorializa- ción de la asistencia jurídica gratuita y, por tanto, considera plenamente válidos los argumentos jurídicos defendidos por el Consejo General de la Abogacía Española y por el Colegio de Abogados de Málaga frente a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. El tribunal no sólo anula la multa de 98.215 euros sino que condena en costas a la Agencia. El Consejo General de la Abogacía Española, que ha respaldado en todo momento -por de- cisión de su Pleno- la actuación del Colegio de Málaga por entender que su decisión y la de to- dos los demás Colegios respeta plenamente la legislación vigente y la normativa en materia de defensa de la competencia, se congratula de que con la citada sentencia se haya reconocido que la prestación del servicio público de justicia gratui- ta, que realizan casi 43.000 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, con inmediatez y urgencia, de forma modélica y que atiende a cerca de un millón de ciudadanos cada año en España, no es una actividad mercantil sino “una actividad ad- ministrativa sujeta a derecho administrativo”, ya que está sujeta a los límites de la propia conce- sión y de las decisiones de las Administraciones Públicas. Se cierra así una disputa inútil que sobre todo, a quien no beneficia es a los ciudadanos, que deben ser siempre el objetivo de la Justicia. l Abril 2016_Abogados_3