noticias de la abogacía La Abogacía sigue en la lucha contra las tasas dos años después de su aprobación A los dos años de la publicación en el Bo- letín Oficial del Estado de la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales, la Abogacía institu- cional reiteró el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española, celebrada en no- viembre de 2012, exigiendo la “inmedia- ta retirada de la Ley de Tasas Judiciales, por consagrar una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia de un gran número de ciu- dadanos”. Durante estos dos años, el Consejo General de la Abogacía Española ha li- derado las protestas de los colectivos jurídicos para exigir la retirada de las ta- sas judiciales, por ser inconstitucionales, injustas y desproporcionadas. La Ley de Tasas Judiciales ha tenido un claro rechazo por la sociedad debido a su clara y evidente inconstitucionalidad, produciendo la violación del derecho de los ciudadanos al acceso a la Justicia y a obtener la tutela judicial efectiva consa- grada por la Constitución Española. Transcurrido dos años desde la pu- blicación en el BOE de la Ley de Tasas se han confirmado los peores augurios sobre su aplicación. La Ley ha materiali- zado una injusta barrera para el acceso a la Justicia y una considerable brecha en el Estado de Derecho. Además, el co- nocimiento de la realidad social ha sido hurtado a juzgados y tribunales. El efecto disuasorio para los ciudada- nos ha sido reconocido por magistrados, fiscales, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia y, sin embargo, no se ha re- caudado lo previsto por las tasas. Se des- conoce el destino de lo recaudado en un año y medio (512 millones de euros has- ta julio de 2014), que no se ha destinado, como prometió el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a mejo- rar la asistencia jurídica gratuita, como han denunciado comunidades autóno- mas con competencias en Justicia. 62_Abogados_Diciembre 2014 A pesar de la reforma de las tasas por el Ministerio de Justicia en febrero de 2013, la Plataforma Justicia para Todos, impulsada por la Abogacía y en la que participan el Consejo de Consumidores y Usuarios, los sindicados CCOO, UGT, CSI- F, USO y STAJ, asociaciones de jueces, fis- cales y secretarios judiciales, mostraron su rechazo a la modificación de la Ley de Tasas por considerarla que seguía siendo una barrera al derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a la Justicia. Además, hay cinco recursos de incons- titucionalidad, interpuestos por el Go- bierno Andaluz, la Generalitat de Cata- luña, el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias y la Diputación General Aragón (DGA), y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Ins- tancia y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacio- nal. También la Sala Cuarta del Tribunal Supremo adoptó un acuerdo no jurisdic- cional que establece la no exigencia de tasas judiciales al trabajador, sindicatos, beneficiario de la Seguridad Social, fun- cionario o personal estatuario en recur- sos de suplicación y casación El ministro de Justicia, Rafael Catalá, adelantó en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, que ha propuesto estudiar los datos y la infor- mación aportados por el Consejo Gene- ral del Poder Judicial, de los Puntos de Estadística Judicial y de la Agencia Tri- butaria para “asegurarnos que las tasas nunca puedan generar una limitación al derecho de acceso a la justicia por los ciudadanos”. Además, también se com- prometió a tener antes del final del año una propuesta de “ajuste, revisión y me- jora de la Ley de Tasas que sea eficiente y razonable”. Concentraciones y encierros Con motivo del segundo aniversario de la aprobación de la Ley de Tasas, la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) convocó una concentra- ción ante las puertas del Ministerio de Justicia donde se procedió a la lectura de un manifiesto en el que se solicita la inmediata derogación de la Ley y, de for- ma subsidiaria, una reforma consensua- da con todos los operadores jurídicos, y de la que se excluyan a personas físicas y PYMES, a fin de evitar que se sigan vul- nerando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, la conocida como “brigada tuitera”, compuesta por abogados muy activos en Twitter en especial contra las tasas, convocó un encierro en el Colegio de Abogados de Madrid durante la no- che del 20 de noviembre, durante el cual también se leyó un manifiesto en contra de esta Ley. l