Carta del editor EN DEFENSA DE LA JUSTICIA (LA GRATUITA Y LA OTRA) LA ABOGACÍA dio el 24 de julio una rotunda muestra de unidad al concentrarse en Madrid las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abo- gados de España en defensa de una Justicia Gratuita amenazada. Cerca de mil miembros de las Juntas de los Colegios con su toga –la mis- ma que usan en la defensa de los ciudadanos-, con una sola voz y un solo objetivo, la defensa de los derechos de los ciudadanos más desfavo- recidos, aquellos que ven en la Justicia Gratuita su última esperanza. No fue –y podría haberlo sido- una defensa corporativa, legítima y lógica. Los ciudadanos deben saber que un abogado de oficio cobra entre seis euros de máximo y dos de mínimo, cada hora que dedica a la Justicia Gratuita. Quien quiera acusar a los abogados de otras cosas, sabe que no dice la verdad. Fue una denuncia de que el proyecto de Ley de Justicia Gratuita que actualmente se trami- ta en el Congreso de los Diputados –y que ha sido mejorado sustancialmente, como se puede comprobar en este número, gracias al trabajo de la Comisión Mixta Abogacía Española-Ministe- rio de Justicia que consiguió el presidente del Consejo en su última reunión con el ministro Gallardón- es manifiestamente mejorable y no soluciona muchos de los problemas que tenía la Justicia Gratuita en España, sino que, por el con- trario los va a agravar. Por eso, la Abogacía va a seguir sus denuncias, sus protestas y sus nego- ciaciones para mejorar este proyecto. Cuando los abogados reciban esta revista, ya se habrá celebrado la apertura del año Judicial, la primera presidida por el nuevo Rey Felipe VI. Un par de semanas antes, el presidente Carni- cer publicaba en el diario Expansión un artículo titulado “La Justicia en la UCI” y en él se refería a las “normas perturbadoras del Estado de De- recho, que confirman el poco talante renovador del PP -la Ley de Tasas que afecta a la tutela ju- dicial efectiva o la reforma del CGPJ donde se mantiene la politización de este organismo-“ y a otras “más de carácter distractivo de la realidad, como la ley del Aborto, que se sacó cuando se hablaba de la corrupción y de los problemas de Rajoy o la ley de emprendedores que pese a ser necesaria ha sido un auténtico fiasco”. Dentro, sin duda, del capítulo de las normas perturbadoras hay que situar la Ley de Asisten- cia Jurídica Gratuita y la de Servicios y Colegios Profesionales, la futura LOPJ o la reforma pro- cesal penal que no sólo no solucionan ningún problema real –ni cuentan con los medios nece- sarios para su aplicación- sino que crean proble- mas innecesarios y restringen los derechos de los ciudadanos. Decía Carnicer que “no se debería hacer nin- guna reforma de la Justicia sobre datos erróneos o no contrastados –y casi todos los de la Justicia lo son, como hemos demostrado desde la Abo- gacía y han reconocido el propio CGPJ y el Parla- mento- y, mucho menos, sin un amplio consenso que garantice su viabilidad y su permanencia en el tiempo”. Un reciente trabajo del profesor José Juan Toharia sobre la confianza de los españoles en sus instituciones, señala que dentro del Sistema Jurídico, al igual que el año pasado, “los aboga- dos”, aparecen en primer lugar, diez puntos por delante de los jueces, y casi veinte del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o los fisca- les. Sin duda alguna, como reconoce el informe, nuestra “beligerancia en cuestiones de interés colectivo –tasas judiciales, defensa gratuita- lo- gran quedar una vez más por encima de las res- tantes profesiones jurídicas”. En defensa de los derechos de los ciudadanos, especialmente de su real acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva, la Abogacía va a seguir vigilante y reivindicativa. En todos los foros y en todos los momentos. Todo lo que haga falta has- ta sacar a la Justicia de la UCI. l Septiembre 2014_Abogados_3