Carta del editor Una reflexión sobre la Justicia, desde y con la Abogacía los abogados españoles conocen la posición de la Abogacía sobre la Justicia. Desde hace años, su presidente viene reclamando un Pacto de Es- tado que acabe con los graves problemas que pa- dece la “hermana tonta” del Estado de Derecho. Hubo un momento, en 2001, que parecía posible llegar a conseguirlo, pero fue un espejismo. La situación ha ido empeorando ministro tras mi- nistro, con alguna excepción, hasta llegar al mo- mento actual donde la práctica totalidad de los operadores jurídicos han manifestado por activa y por pasiva su oposición a casi todas las reformas emprendidas desde el Ministerio de Justicia. Algunas de la que ya están en vigor, como la de las Tasas, la de la Jurisdicción Universal o la reforma del Consejo del Poder Judicial son graves errores políticos que han provocado efectos perversos y que tendrá que corregir el Tribunal Constitucional, en el caso de las tasas, o el sentido común y la vi- sión política. En algún caso, además, se han hecho incluso contra el programa político que tenía el Partido Popular. Otras, como la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita -sobre la que, finalmente se ha abierto una nego- ciación, aunque ya veremos hasta donde llega- es otro ejemplo de cómo se puede poner en peligro un servicio público modélico prestado por 42.500 abogados, 24 horas al día, 365 días al año. Algunas, como el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente en trámite parlamen- tario, han conseguido la práctica unanimidad en contra, algo que era, hasta hace poco tiempo, una misión imposible. El Consejo General del Poder Ju- dicial, las asociaciones judiciales y de fiscales, los TSJ, el Consejo Fiscal, la Abogacía, los partidos, los sindicatos, los medios de comunicación, los exper- tos, etc. han manifestado su absoluto desacuerdo con este proyecto que, junto con otras normas, pone en peligro la independencia y la eficiencia de la Justicia. El riesgo no es aumentar las listas de espera, como en la sanidad, o bajar el nivel de calidad de la educación o de la investigación, asuntos fun- damentales para el desarrollo de una nación. En este caso, el riesgo es acabar con la independencia de la Justicia, someterla al albur del partido que gobierna e impedir el acceso de los ciudadanos a la Justicia y la tutela judicial efectiva de sus de- rechos e intereses legítimos. En definitiva, acabar con la seguridad jurídica, alejar la Justicia de los ciudadanos y poner en peligro la propia esencia del Estado de Derecho. No es de extrañar que se hayan levantado innume- rables voces que denuncian el grave error que se está cometiendo y que, como la Abogacía, recla- man ese Pacto de Estado que permita modernizar de verdad la justicia y que evite desmantelar el Estado de Derecho. Se ha dicho, en algún caso, y por personas poco dadas al ruido mediático que la Justicia está entrando en “un terreno de dinámicas ciegas” y que “estamos instalados en una evidente crisis de irresponsabilidad organizada”. O que la li- mitación de la libertad de expresión de los jueces y de los medios de comunicación, “resulta gratuita, innecesaria y sin justificación razonable”. Por todo ello, la Abogacía recoge el compromiso del ministro de Justicia ante el presidente del Con- sejo General de la Abogacía Española: “diálogo, aproximación y acuerdo”. Con todos los operado- res jurídicos y sobre todos los grandes proyectos de ley. Si no hay diálogo, aproximación y acuerdo, aunque la mayoría absoluta pueda imponer sus tesis no habrá algo que merezca el nombre de Jus- ticia. l Junio 2014_Abogados_3