Carta del editor Las razones de los Colegios de Abogados ESTE PAÍS saldrá adelante con los gobernantes que tenemos o con otros. Pero ¿cuándo? Cuando los gobernantes escuchen a los ciudadanos, pregunten a los expertos, debatan las reformas con todos y pongan a las personas, y no otros intereses, como su primer objetivo. Cuando no desconfíen de la sociedad civil y de sus organizaciones sociales o profesionales. Cuando dialoguen con sinceridad y sin prejuicios, y sin necesidad de que previamente haya que or- ganizar manifestaciones, mareas blancas, verdes o negras o de montar barricadas en las calles. Cuando se puedan poner sobre la mesa todos los datos y buscar el consenso para que todo funcione mejor. Los Colegios Profesionales, los Colegios de Abogados también, venimos reclamando desde hace décadas una nueva Ley de Colegios Profesionales que aca- bara con la predemocrática Ley de 1974. Nos hemos adaptado a los cambios de la Directiva europea de Servicios y a las Leyes Omnibus y Paraguas. Hemos modificado nuestras estructuras para hacerlas más transparentes, más abiertas, más cercanas a los co- legiados, pero sobre todo a los ciudadanos. Hemos ordenado la actividad profesional y otros servicios de interés público tal como nos pide la Constitu- ción, que cita cuatro veces a la profesión de Aboga- do. No estamos en contra de una Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Estamos en contra de “esta” Ley, hoy aún anteproyecto, y de la falta de diálogo. Hemos defendido los derechos de los ciudadanos y nos hemos opuesto a las tasas que limitan el acceso a la Justicia, con la misma libertad e independencia con que ejercemos nuestra profesión. Somos, posiblemente, la profesión con menos ba- rreras y en la que se produce mayor competencia en estos momentos: 148.000 abogados en busca de clientes, en un mercado libre, abierto y competitivo, con tarifas tres veces menores que los “idealizados” bufetes anglosajones. Hemos luchado para que los abogados tengan una mejor formación en el inicio –con la Ley de Acceso- y luchamos cada día desde los Colegios para favore- cer la formación permanente de los profesionales al menor coste posible. El objetivo en ambos casos es que cualquier ciudadano tenga la garantía de que el abogado que le defiende está adecuadamente preparado para ello y que si lo hace mal podrá ser sancionado. Sin buenos abogados no es posible una buena Justicia. Hemos puesto en marcha el servicio público de Jus- ticia Gratuita mejor del mundo, atendido 24 horas al día, 365 días al año, en cualquier lugar de España por más de 39.000 abogados. Somos actores fundamentales de la Justicia para alcanzar una Justicia mejor y también empresarios que crean riqueza, seguridad jurídica, empleo esta- ble y que pagan sus impuestos. Los Colegios de Abogados, que viven esencialmente de las cuotas de sus colegiados, han puesto en mar- cha servicios tecnológicos como el Expediente Elec- trónica de Justicia Gratuita o los pases a prisiones, a coste cero para la Administración, pero que benefi- cian a todos, especialmente a los ciudadanos. Asfixiar a los Colegios tendría un grave coste social y profesional. Sólo cuando quienes nos gobiernan escuchan, dia- logan y acuerdan medidas políticas están realmen- te legitimados. Las urnas no dan un cheque en blan- co sino un mandato para trabajar con todos. Lo que los políticos hacen desde el primer día en que salen elegidos tiene siempre consecuencias. Aunque, en algunos casos, tengan que pasar cuatro años para que se conozcan. l Febrero 2014_Abogados_3