portada_ VI Jornadas de Juntas de Colegios de Abogados © M. Moralejo (La Voz de Galicia) HAY SOLUCIONES SI HAY CONSENSO Y VOLUNTAD POLÍTICA PARA ALCANZARLAS Manuel Almenar Vocal del Consejo General del Poder Judicial 32_Abogados_Julio 2013 A la pregunta sobre qué cambiaría en la Justicia, la respuesta fácil y que inmediatamente se viene a la cabeza es “suprimir el Ministerio de Justicia”, como ya propuso el actual ministro en 1988 cuando era vi- cepresidente de Alianza Popular. Sin embargo, la so- lución no es tan sencilla ni requiere suprimir nada. Nadie discute que la Administración de Justicia, concebida como un Poder del Estado que desarrolla una función/deber con vocación de servicio públi- co, no funciona correctamente. Se habla de déficit de jueces, de falta de medios, de una organización caduca y con una tecnología anticuada, incapaz de atender a las demandas de una sociedad moderna, en ocasiones desligada o poco sensible a las preocu- paciones reales de la ciudadanía. En mi opinión, la Justicia, en mayúsculas, tiene solución, pero siempre que todos, poderes públicos, operadores jurídicos y ciudadanos, nos creamos de verdad que la Justicia ha de ser una prioridad y exista la voluntad política de diagnosticar las causas y, so- bre todo, consensuar y aplicar las soluciones, que no en todo caso, ni siquiera en lo fundamental, pasan por un mayor esfuerzo económico. En realidad, los factores que inciden de modo direc- to en el deficiente funcionamiento son fundamental- mente tres: el exceso de litigiosidad, derivado de un uso incorrecto y a veces abusivo del servicio público; la insuficiencia de jueces y las deficiencias y carencias organizativas de la estructura en que se apoya. Aunque el incremento de los asuntos que se tra- mitan en los Juzgados es un claro síntoma de nor- malidad democrática en cuanto evidencia una más completa concienciación del ciudadano acerca de sus derechos subjetivos, lo cierto es que nuestro país presenta una tasa de litigiosidad muy elevada en comparación con otros países de nuestro entorno (189 asuntos por mil habitantes en 2012, frente a los 80 de Alemania o 100 de Italia), lo que pone de relie- ve una excesiva judicialización de las relaciones so- ciales, agravada por el coste de los procesos (entre los 705 y los 1.058 euros en función de que exista vista con práctica de pruebas y sentencia o no) y que nos obliga a plantearnos si no se estará haciendo a veces un uso abusivo del sistema. Por otra parte, según los estudios del Consejo de Europa sobre “Eficiencia de la Justicia”, en el año 2010 España sigue estando a la cola de la Unión Europea en la ratio de jueces por habitante, con una tasa de 10,6 frente a la media europea de 21,6/100.000 habi- tantes, hasta el punto de que desde 2006 a 2010 des- cendió del puesto 38 al 40 de un total de 47 países. A pesar de lo expuesto, a pesar de que desde 1999 a 2010 el número de asuntos ha crecido un 50% mien- tras la planta judicial lo hacía solo en un 25%, a pesar de que no se han acometido mejoras organizativas…, el sistema funciona, renqueando, pero funciona. Los Jueces han venido supliendo las carencias con su es- fuerzo y, en una labor, pero firme, con la inestimable e imprescindible colaboración de la Abogacía, han asumido su papel como última garantía de los ciuda- danos y han recuperado su confianza, abriendo vías de esperanza o aportando soluciones donde no las había o no se querían encontrar. Léase la problemá- tica de los desahucios, los procesos hipotecarios, las cláusulas abusivas, las preferentes o la corrupción. Pero esta situación voluntarista no puede man- tenerse por más tiempo. Es necesario abordar los verdaderos problemas de la justicia: racionar la liti- giosidad, bien impidiendo el acceso de asuntos cuya irrelevancia social o económica no lo justifica, bien fa- cultando al Juez para rechazar de plano la pretensión por manifiesta falta de fundamento, bien incluyendo en las costas y a favor del Estado el verdadero cos- te del servicio en caso de temeridad; fomentar me- canismos alternativos de solución de cierto tipo de conflictos; agilizar y simplificar los procedimientos suprimiendo trámites innecesarios o concentrando los existentes; modernizar el sistema de justicia gra- tuita; adecuar la planta judicial a las necesidades de nuestro país; revisar y reorganizar la distribución te- rritorial de forma que responda a la actual realidad social, demográfica, económica, industrial e incluso de vertebración; garantizar la necesaria coordinación entre las Administraciones con competencias en la materia; implantar el expediente judicial y asegurar la compatibilidad de los sistemas informáticos… Mención expresa merecen mecanismos como la mediación, y en la que la Abogacía está llamada a desempeñar un papel clave, no sólo porque abunda en la línea conciliadora que tradicionalmente ha des- empeñado con tanto acierto, sino porque refuerza su papel en el propio proceso como actor/colaborador. La Justicia del siglo XXI que todos deseamos, es posible. Pero siempre que interioricemos que es una prioridad que debemos construir entre todos, por encima de intereses particulares o partidistas, y que invertir en Justicia es invertir en el futuro de nuestro país y en el de sus ciudadanos. l