Vigo 2013 reestructuración profunda y apuesta por la oralidad José Antonio Martín Pallín Magistrado emérito del Tribunal Supremo Hay muchas cosas que cambiar. Los sondeos de opinión ponen de manifiesto reiteradamente que la justicia como organización o servicio, o como ór- gano de uno de los poderes del Estado goza de muy baja consideración. Este solo dato es suficiente para plantearse un cambio en profundidad. Sin embargo, habría que advertir a los ciudadanos que la primera causa de los males viene de la esca- sa dotación presupuestaria que todos los Gobiernos asignan al departamento de Justicia, que es la ceni- cienta de la Administración. Esta escasa dotación, va en contra de todos los estándares internacionales, que asignan un 5% del presupuesto a la administra- ción de Justicia, muy por encima de España A partir de ahí, los problemas se encadenan. Los sistemas de justicia dependen de la forma en la que se seleccionan los jueces. En otros países prima la experiencia sobre la memoria, y en España sucede justamente al revés. Otro mal añadido es el procedimiento escrito, que da lugar a una instrucción con interminables folios y folios, cuando muchas cuestiones podrían resol- verse en audiencia oral antes de llegar al juicio. Esta situación ha sido abordada por todos los Gobiernos, pero solo se han aprobado leyes que han perpetua- do los vicios del sistema. Parece que muchos legisla- dores no han leído la Constitución, que dice que los procedimientos deben ser orales, especialmente el procedimiento penal. Por otro lado, la demarcación y planta judicial, por razones demográficas y de evolución económica, debería estar en continua reestructuración. Sin em- bargo, la reagrupación de Juzgados y Tribunales bajo una macro-oficina judicial podría alejar el principio de inmediación y convertir al juez en un burócrata, por lo que es difícil que lo haga más eficiente. Además, aunque todos queremos que la Justicia sea rápida, nadie desea que sea irreflexiva. Para la rapidez ya tenemos los juicios rápidos en mate- rias que pueden solventarse en breves espacios de tiempo. Pero el problema puede darse en que los ca- sos que no pueden resolverse instantáneamente y en aquellos que por su naturaleza se convierten en una masa procesal difícilmente digerible por la en- tidad de los hechos y el número de implicados. Para solucionar esto haría falta un juez, debidamente asistido que seleccione y convoque audiencias ora- les para delimitar el ámbito del debate y anticipar el juicio de aquellos hechos que puedan ser segrega- dos del cuerpo principal. Otra de las cosas que debería cambiar sin falta son las tasas judiciales, que son inconstitucionales porque limitan el acceso a la Justicia y suponen una penalización que ya está prevista por el sistema de la imposición de las costas. En cuanto a la actual situación en la que prolife- ran los casos de corrupción, las figuras delictivas ya están en el Código Penal, y aunque las dificultades de prueba son evidentes y la presión de los medios alcanza cotas cuyo grado de tolerancia debe ser medido, se necesita concentración, oralidad, inme- diación y selección de los hechos y las condenas en tiempo razonable de aquellas actuaciones que estén suficientemente probadas. Demorar la aper- tura del juicio oral hasta que se acredite el último céntimo de las muchas defraudaciones cometidas sólo favorece a los delincuentes. Creo fervientemente que la Constitución abre las claves para el nuevo sistema judicial. Lo han he- cho otros países cercanos a nuestro modelo como Francia o Portugal. Incluso Latinoamérica está avan- zando más rápidamente en la oralidad que nuestro país. Todo lo que sea trabajar en este sentido es la única salida para paliar los males actuales. l Julio 2013_Abogados_31