portada_ VI Jornadas de Juntas de Colegios de Abogados © Benito Ordóñez (La Voz de Galicia) Seis propuestas para cambiar la Justicia Margarita Robles Vocal del Consejo General del Poder Judicial 28_Abogados_Julio 2013 Lo primero que resulta necesario señalar, es que la Justicia en España, es una gran desconocida. Los ciudadanos a través de los medios de comunicación, conocen solo a un número limitado de jueces que lle- van casos de relevancia política, económica y social, y a través de esos casos tan limitados, pero de indu- dable repercusión mediática, se tiende a generalizar, siempre de forma negativa, la situación de la justicia en España, olvidando el trabajo silencioso que hacen los cinco mil jueces/as y magistrados/as, fiscales, se- cretarios judiciales, funcionarios, abogados y procu- radores, cuyo esfuerzo conjunto es imprescindible. Me voy a circunscribir por razones de espacio y por ser vocal del Consejo General del Poder Judicial, al trabajo tan poco conocido de los cinco mil jue- ces españoles que con una ratio de 10,96 jueces por 100.000 habitantes, muy inferior a la de otros países de nuestro entorno (Alemania la tiene de 24,5 jueces por 100.000 habitantes) tienen que asumir el estu- dio y resolución de los 9 millones de asuntos que en- traron el año pasado (6 millones entraron en Francia con una ratio de jueces de 11,9 por 100.000 habitan- tes). Y ese esfuerzo lo hacen además contando con la colaboración de un número también reducido de secretarios judiciales y funcionarios. Es cierto que la justicia es lenta, pero a ese redu- cido número de operadores jurídicos, ha de unirse el incremento de la litigiosidad en los últimos años, como consecuencia de la crisis económica (ahí está el aumento de los impagos, desahucios, preferentes, litigiosidad laboral derivada de ERES y despidos). Pese a ello, los jueces están siendo la punta de lanza en defensa de los derechos de los ciudadanos. No hay más que ver las respuestas judiciales en casos como desahucios por pagos de hipotecas, o las instruccio- nes serias y concienzudas en casos de corrupción. Por todo ello la justicia en este país necesita me- dios materiales y humanos, pero sobre todo necesita que se la deje trabajar con serenidad y rigor, que se proteja adecuadamente la independencia judicial, como garantía de los derechos de los ciudadanos y que no se pongan trabas al acceso de estos a la Ad- ministración de Justicia. Por todo ello se hace inevitable: 1. La derogación de la Ley de Tasas Judiciales, apro- bada sin el más mínimo consenso parlamentario. 2.- Una ley de asistencia jurídica gratuita que garantice el derecho de los abogados a adecuadas retribuciones, cuando defiende los derechos de los ciudadanos. 3. Una nueva ley de planta y demarcación que ra- cionalice el mapa judicial de partidos judiciales e im- pulse la creación de tribunales de instancia para su- perar un diseño propio del siglo XIX y no del actual. 4. Una ley orgánica del Poder Judicial que proteja de verdad la independencia de jueces y magistrados, sin desapoderar de competencias al Consejo Gene- ral del Poder Judicial, como se pretende ahora con el proyecto de ley que está en el Senado y que supone el mayor ataque a la independencia judicial en los úl- timos treinta años. 5. Que esa reforma de Ley Orgánica del Poder Judi- cial permita unas adecuadas condiciones de trabajo de jueces y magistrados ya saturados de asuntos y sometidos a un régimen de sustituciones, que difi- culta considerablemente su actuación. 6. Elaboración, desde el rigor, de una Ley de En- juiciamiento Criminal que, sin menoscabo de de- rechos de los ciudadanos (como claramente se aprecia en un texto patrocinado por el Ministerio de Justicia, atribuido a una “comisión de expertos”) aborde la problemática de la justicia penal, que constituye el 70% de los asuntos que conocen juz- gados y tribunales. Vivimos momentos de crisis económica, para cuya superación es imprescindible una Administración de Justicia eficaz, con jueces/as y magistrados/as independientes y con medios adecuados. Lamen- tablemente ni las leyes hasta la fecha aprobadas, ni los proyectos en los que parece estar trabajando el Ministerio de Justicia, van en esa dirección. Confiemos en que desde las más altas instancias del Gobierno, se reconduzca esta situación. l