Carta del editor Escuchen, negocien y no aplasten La función legislativa sigue siendo fundamental en un Estado de Derecho. La Ley, que es la norma que ordena la convivencia, encarna el mandato democrá- tico del legislador, expresión de la voluntad del pue- blo. Pero para que las leyes pervivan, sean eficaces, se apliquen adecuadamente y, a la postre, sirvan al fin pretendido de alcanzar la Justicia, necesitan no sólo, en un primer momento, de los votos de la mayoría de los diputados, sino, y lo que es más importante, y una vez se promulgan, del respaldo popular, del consenso, que es fruto del debate sosegado en la sociedad y en el Parlamento, de la aceptación de las enmiendas y aportaciones que pueden mejorarla y del respeto a todos los agentes implicados en la materia que es objeto de la regulación. Las leyes son para facilitar la convivencia y para solucionar problemas reales. Nun- ca para el enfrentamiento o para crear problemas ar- tificiales. Y aunque parezca un asunto menor, en todo momento, pero especialmente en situaciones de cri- sis, necesitan de una memoria económica que avale la viabilidad de esas reformas que se emprenden. En los últimos tiempos, algunas de estas premisas, tal vez demasiadas, no se están cumpliendo. Se hurta el imprescindible debate parlamentario, no se escu- chan ni atienden las aportaciones sociales, se olvidan o se eluden (que no se sabe qué es peor) los plantea- mientos económicos; y el resultado es preocupante porque deja indefensa a la mayor parte de la socie- dad. En el terreno que afecta de forma plena a nues- tra profesión y a su función social, pero también de lleno a la sociedad, ha sucedido con la Ley de Tasas y con la de Asistencia Jurídica Gratuita y está pasando con la Ley de Servicios Profesionales, cuya paternidad ha sido negada por sus responsables hasta que no han tenido más remedio que aceptarla. Pero lo mis- mo podríamos decir de tantas otras reformas que afectan a la Justicia española y que, para pervivir y ser eficientes para los ciudadanos, necesitan un am- plio consenso con los demás partidos y con los ope- radores jurídicos, los más interesados -de verdad- en que la Justicia funcione (aunque parece que aún hay quien lo pretende ignorar). En algún caso, como la Ley de Tasas, aunque el Go- bierno se ha visto obligado a rectificar por la intensa protesta social, la rectificación –con la colaboración necesaria del Defensor del Pueblo- ha sido tan insu- ficiente que no ha servido para nada. Pero miles de ciudadanos han visto ya obstaculizado, y en muchos casos impedido, su derecho a acudir a la Justicia para defender sus derechos. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, una vez implantadas las tasas, duerme en algún cajón de no se sabe dónde. Y la Ley de Servicios Profesionales amenaza con la desaparición de muchos Colegios de Abogados, que no cuestan un euro a las Administraciones Públicas ni a los ciudadanos, pero que cumplen una importan- te e insustituible labor social. También amenaza con segregar en dos las actividades propias de la Aboga- cía para crear nuevas profesiones, limitando la cole- giación obligatoria sólo para quienes actúen ante los tribunales y eximiendo de cualquier control deontó- logico a muchos abogados. Finalmente se amenaza con la eliminación del examen de acceso a la Abo- gacía, la mejor garantía para los ciudadanos sobre la calidad de la preparación de los abogados que les van a atender y asumen la defensa de sus intereses. El desamparo del ciudadano va a ser evidente, y sin que esa pretendida reforma mejore en ningún caso la actividad económica nacional, bajando los precios o creando nuevos puestos de trabajo. Muy al contrario, puede reducir el empleo en el sector en una cifra alarmante y también los servicios que los Cole- gios de Abogados prestan hoy a los ciudadanos con cercanía y calidad contrastada, en muchos casos con cargo exclusivamente a las cuotas de sus colegiados. La Abogacía nunca ha puesto barreras al ejercicio profesional y la existencia de más de 135.000 aboga- dos en libre competencia en su ejercicio profesional así lo demuestra. Pero sea como sea este asunto, lo más preocupante es la falta de diálogo con los prin- cipales afectados. Desde el Consejo General de la Abogacía Española defendemos el mantenimiento de la actual estruc- tura, con los 83 Colegios de Abogados, la colegiación obligatoria como garantía y exigencia deontológica y el mantenimiento del máster y el examen de ac- ceso –eliminar éste y dejar el curso sería otra burla inclasificable- que aseguran al ciudadano que el abogado que le defiende está adecuadamente pre- parado para hacerlo. Así pues, una recomendación final al Gobierno y al poder legislativo: escuchen y consulten, negocien y no aplasten. Sobre todo si na- die va a ganar realmente nada y sí pueden perder los ciudadanos. l Mayo 2013_Abogados_