actualidad_ Abogacía y Trabajo Social instan al Gobierno a generalizar la intermediación contra los desahucios El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y la presidenta del Conse- jo General del Trabajo Social, Ana Isabel Lima, junto con el decano del Colegio de Abogados de Terrassa, Miquel Sàmper, presentaron al Gobierno un proyecto conjunto de Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH) que pretende evitar, mediante la intermedia- ción entre las entidades bancarias y los deudores, el mayor número posible de ejecuciones hipotecarias. Los Consejos Generales de la Abogacía Española y del Trabajo Social, sensibles siempre con los pro- blemas sociales y cuyo ejercicio profesional está próximo a las demandas de la sociedad, unen fuer- zas en este proyecto común basado en las OIH que ya están funcionando en varios municipios, gracias a acuerdos entre la administración pública y Cole- gios de Abogados, con la colaboración de los ser- vicios sociales municipales, y que están logrando acuerdos en un 60% de los casos tratados. La Abogacía Española y los trabajadores socia- les han solicitado al Gobierno que institucionalice este sistema de intermediación, previo a la interpo- sición de cualquier demanda de ejecución hipote- caria para abordar de manera integral el problema de la pérdida de vivienda. El modelo de OIH propuesto se basa en la estre- cha colaboración entre los Colegios de Abogados y los servicios sociales públicos. El Consejo General del Trabajo Social aportará los instrumentos y for- mación sobre las técnicas necesarias para realizar un buen diagnóstico y pronóstico social específi- co. El Consejo General de la Abogacía Española de La legislación española sobre ejecuciones hipotecarias es inhumana e insensible y no se adapta a la directiva europea, en vigor desde el 2004, porque está basada en criterios del siglo XIX. Son necesarios por tanto cambios legislativos profundos para afrontar estos problemas estructurales, que incidan en las causas y no solo sirvan para paliar los efectos, como sucede con los Reales Decretos 6/2012 y 27/2012. Esos cambios deben favorecer que los “incidentes” en el mercado de crédito sean soportados por todas las partes implicadas, no solo por el deudor. Se deben aplicar también mecanismos de segunda oportunidad o de liberación de deuda que eviten que las perso- nas queden endeudadas de por vida y, por tanto, fuera del mercado. Estas son algunas de las conclusiones de la jornada sobre “Protección del deudor, intermedia- ción hipotecaria y ejecución” que tuvo lugar en la sede del Consejo General de la Abogacía el 4 de abril, moderada por el decano del Colegio de Abogados de Terrassa, Miquel Sàmper, y en la que partiparon la coordinadora del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valencia, Anna Vall y el catedrático de Derecho Civil, Lorenzo Prats. En esta jornada se puso de manifiesto la necesidad y los buenos resultados de la intermedia- ción que ya llevan a cabo algunos Colegios de Abogados para encontrar soluciones que eviten desahucios y que puede desarrollarse sin esperar a los cambios legislativos. l 26_Abogados_Mayo 2013