CARTA DEL EDITOR E Protección de Datos: se acaba el plazo © 123rf.com/kiatdumrong l 25 de mayo entrará en vigor el Reglamento de Protección de Datos que se aplicará en España y en el resto de los países de la Unión Europa. Y no habrá moratoria ni marcha atrás, como ha ase- gurado la directora de la Agencia de Protección de Datos, Mar España. Es un cambio sustancial respecto a la normativa actual que afectará a las Administraciones públicas, pero también a todas las empresas, grandes, pequeñas y medianas. Tam- bién, y mucho, a los despachos de abogados, a los Colegios y al propio Consejo, que ya ha designado un nuevo Delegado de Protección de Datos (DPO). El Reglamento permitirá aumentar la deteriorada confianza en la economía digital –tenemos muy reciente el caso de Facebook- y establece la priva- cidad por defecto. Las sanciones que se anuncian pueden ser muy rigurosas y elevadas. Mientras tanto, en el Congreso, en medio de una legislatura fallida por la falta de consensos, espera una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que podría contribuir a aclarar dudas y problemas de interpretación de ese Reglamento. Es imposible que la Ley llegue a tiempo y el pronóstico, salvo que los grupos políticos cambien radicalmente su actual postura, es que difícilmente se aprobará en esta Legislatura. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional poniendo límites al veto guberna- mental a las iniciativas legislativas de la oposición abre, no obstante, una pequeña esperanza. Esa es la razón de que dediquemos una buena parte de este número de Abogacía Española a ex- plicar las nuevas normas del juego, cómo afectan a los abogados y qué hacer para adaptarse a ellas. Estamos en una sociedad digital, con un inmenso volumen de tráfico de datos –personales, profe- sionales, societarios, etc.- que se multiplicará por tres hasta 2021. Los 36,3 millones de españoles que están hoy conectados a Internet manejarán en 2021 nada menos que 345 millones de dispositi- vos. Seguro que nos negaríamos a dar nuestro carné de identidad a cualquier persona que nos lo pidiera en la calle, pero cada día damos ese y otros cientos de datos a través de internet o de nuestras tarjetas de crédito. Nues- tra huella digital es inmensa. Detrás de los datos hay personas que, como titulares de esos datos, tienen determinados derechos: derecho a saber qué datos poseen de ellos, cómo los han obtenido, para qué finalidad, quién se los ha transferido y cuál es la legitimidad jurídica que lo sostiene, incluidos los dere- chos al olvido y a la portabilidad. Los despachos de abogados tienen, desde el 25 de mayo nuevas obligaciones que cumplir, entre ellas las de efectuar un análisis de riesgos y una evaluación del im- pacto, llevar un registro de actividades de tratamiento, informar a los interesados y disponer de consentimientos explícitos e inequívocos, designar a un Delegado de Pro- tección de Datos en determinados casos, no relacionarse con los clientes a través de medios no seguros, cumplir garantías específicas para preservar el uso adecuado de esos datos y, sobre todo, tener una actitud consciente, di- ligente y proactiva. No basta con cumplir la norma, hay que evitar los problemas potenciales. No va a ser fácil, pero va a ser efectivo desde el 25 de mayo. Hay riesgos y oportunidades, como por ejemplo la de que muchos abogados sean los nuevos DPO para las empresas, por su excelente preparación. Es un cam- bio radical en la manera de hacer las cosas. Y llega el 25 de mayo. l Mayo 2018 _ Abogacía Española _ 3