DATOS DE LA JUSTICIA La Justicia en 100 números: RADIOGRAFÍA DE VEINTE AÑOS TERESA BLANCO CAMACHO N ueve ministros –diez con los siete días que Soraya Sáenz de Santamaría prestó sus servicios en funciones tras la dimisión de Ruiz-Gallardón y la llegada de Rafael Catalá- han capitaneado la Justicia en España, todos hombres, a excepción de Margarita Mariscal de Gante (PP). La Justicia ha cambiado mucho y es ya un territorio donde hay más mujeres que hombres, pero donde éstos siguen acaparando el poder. En la Fiscalía General del Estado, tuvimos que esperar has- ta 2015 para que una mujer ocupara el cargo: Consuelo Madrigal. También una primera (y única) mujer al frente del Tribunal Constitucional: María Emilia Casas Baamonde (2004–2011), así como una primera presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, desde 2016. En estas dos décadas la Justicia ha crecido en núme- ro de jueces, de fiscales y, por supuesto, de abogados. No es fácil encontrar las estadísticas de alguno de esos períodos, pero en 1999 había 3.326 jueces frente a los 5.847 existentes en 2015. Los fiscales eran 1.449 en 1998, frente a los 2.407 actuales y el número de abogados ha pasado de 44.641 a 149.818 –y de 68.728 colegiados a más de 250.000-, el mayor crecimiento de entre las tres categorías. Los asuntos registrados en juzgados y tribu- nales fueron en 1.999 un total de 6.476.412 frente a los 8.376.311 de asuntos de 2015. En 1999 se dictaron un total de 1.512.945 sentencias, frente a las 1.513.612 de 2015.En cuanto al dinero, la Justicia contaba en 1994 con un presupuesto de 1.047 millones de euros de los que 936 millones pertenecían al Ministerio. En 2015, el presupues- to total de Justicia se sitúa cerca de los 3.500 millones. Echen cuentas. LA JUSTICIA DE LOS AÑOS 90 Cuando salió el primer número de “Abogacía Española. Derecho y Sociedad” y la Abogacía, que oteaba bien el futuro, ponía en marcha su Delegación en Bruselas era ministro de Justicia (e Interior) Juan Alberto Belloch, fiscal general del Estado Carlos Granados (1994-1996) y presidente del Consejo General del Poder Judicial Pascual Sala. De esa época son el nuevo Código Penal; la Ley del Jurado o la de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual; la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; la de Protec- ción de Datos de Carácter Personal; o la de conciliación de la vida familiar y laboral y, a nivel europeo, la firma de la Carta de los Derechos Fundamentales de Niza, el 7 de diciembre de 2000. 36 _ Abogacía Española _ Noviembre 2016 CAMBIO DE MILENIO El primer año tras el cambio de milenio, se lograba en España el tan anhelado Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, suscrito por PP y PSOE el 28 de mayo de 2001, al que se adhirieron después otras fuerzas políticas con representación parlamentaria. La idea era modernizar la Justicia. José María Micha- vila, secretario de Estado de Justicia del Gobierno del PP (sería ministro de 2002 a 2004), y Juan Fernando Ló- pez Aguilar, entonces secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico (ministro de Justicia de 2004 a 2007), fueron los encargados de las negociaciones cuando era presidente José María Aznar. La cartera de Justicia la ocupaba Ángel Acebes (2000-2002). El resultado: un documento de 20 páginas con 23 puntos que pretendía recuperar, según PP y PSOE, “un siglo muy en blanco en la historia judicial de España”. El pacto era ambicioso. Tenía entre sus objetivos reformar el Tribunal Supremo, el Cons- titucional, los Tribunales Superiores de Justicia, el mapa judicial, el Ministerio Fiscal, potenciar la oficina judicial y las nuevas tecnologías, y la reforma del sistema de se- lección de los miembros del CGPJ. Poco más de dos años después, el Pacto había fracasado. El 24 de septiembre de 2003 los socialistas advirtieron que no asistirían más a ninguna reunión de la Comisión de seguimiento tras exigir en vano al Gobierno que saldara la “deuda histórica” acu- mulada con la Justicia de 400 millones de euros. Del Pacto nació la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia que, adoptando forma de proposición no de ley fue aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios en abril de 2002. Entre sus prioridades, lograr una Justicia que atienda a los principios de transpa- rencia, información y atención adecuada y que establez- ca los derechos de los usuarios de la Justicia. El Pacto también sirvió para la publicación de los Estatutos de los abogados y de los procuradores. Y a finales de 2003 se transformaría radicalmente el modelo de Justicia con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 por LO 19/2003, que introduce la regulación de la Nueva Oficina Judicial. LA IMPORTANCIA DE LAS MUJERES Y DE LA JUSTICIA SOCIAL 2004 deja dos importantes hitos ligados a la mujer. Una mujer ocupó por primera vez la presidencia del Tribunal Constitucional: María Emilia Casas Baamonde (2004– 2011). Durante su presidencia el Constitucional avaló una importantísima Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género reco-