OPINIÓN LA ABOGACÍA, LA JUSTICIA Y EL PACTO QUE SE ROMPIÓ L firmó ese Pacto entre el Gobierno, el Partido Popu- lar y el Partido Socialista. Y se puso en marcha. En el acuerdo se preveía la reforma del Tribunal Supremo y del Constitucional, así como del Consejo General del Poder Judicial, la redefinición de competencias de los TSJ y un nuevo mapa judicial, cambios en la carrera ju- dicial y en el Ministerio fiscal, la puesta en marcha de la Oficina Judicial –de esto hace quince años y seguimos en mantillas-, la elaboración de un Plan Estratégico de Nuevas Tecnologías, la mejora de las infraestructuras y de la financiación, diversas reformas legales y un nuevo Estatuto de la Abogacía, que ese sí que salió adelante, después de estar retenido durante once años. Pero ese Pacto sólo duró dos años y aunque se acometieron algunas reformas pactadas, la parte más importante volvió a quedar detenida otra vez, al albur de lo que el PSOE frente al PP y el PP frente al PSOE, decidían en cada ocasión. a Justicia no espera ningún premio” de- De esa etapa es, también, la “Carta de cía Cicerón. Pero eso no debería signifi- Derechos y Deberes de los Ciudadanos car que no merezca un mínimo recono- ante la Justicia”, pactada con todos los cimiento, un apoyo básico, que nunca ha CARLOS partidos políticos que era una pieza maes- tenido, una dignificación en personal y CARNICER DÍEZ tra del acuerdo y una restitución de su en medios, una regeneración que la aleje Presidente valor ciudadano, pero cuya aplicación ha definitivamente de la lucha política y una del Consejo general sido prácticamente nula. fortaleza que haga que los ciudadanos de la Abogacía Casi todos los temas que formaban par- puedan sentirse satisfechos de ella y no Española te de ese Pacto siguen estando pendientes, pensar, con razón, que es lenta, cara, in- (2001-2016) pero no haberlos afrontado a tiempo y, eficiente e ineficaz en muchos casos. No sobre todo no haberlo hecho con los con- parece demasiado pedir para algo que es sensos más amplios, ha provocado un ma- “un valor superior” de nuestro Estado so- yor deterioro de la Justicia. Ahora, como cial y democrático de derecho, como deja he dicho al principio, todos coincidimos establecido el artículo 1 de nuestra Cons- en el diagnóstico y en lo imprescindible de la reforma, titución. Que para alcanzar ese objetivo es necesario aunque quienes ostentan el poder o luchan por él po- un Pacto de Estado con todos los actores jurídicos, con nen por delante de la reforma de la Justicia otras, sin los sindicatos, con los partidos políticos y con los ciu- duda importantes, pero no excluyentes. dadanos es algo que ya no discute nadie, aunque nos ha costado años reivindicarlo en cada ocasión posible MUCHO EN JUEGO y convencer a todos que se puede conseguir. Lo que está en juego no es sólo una reforma de los ór- La Abogacía Española sigue empeñada, orgullosa- ganos jurisdiccionales y de la elección de sus miem- mente comprometida y empeñada, en lograr ese Pacto bros ni la necesidad de regular, de una vez, el derecho por la Justicia que acabe con siglos de desatención, con de defensa, el guardián y la garantía del ejercicio de la desafección, voluntaria o no, de los políticos de todos todos los restantes derechos. No es sólo la necesidad los colores a hincar el diente a ese problema y que trai- de convertir la Justicia en un servicio público eficien- ga definitivamente a los juzgados y tribunales al siglo te o de dignificar de una vez el Turno de Oficio y la XXI. Es una lucha que dura años y que estuvo a punto Justicia Gratuita. No es sólo el cambio del modelo de de ser posible hace quince años. Quienes lo impidieron instrucción penal o el fortalecimiento de la indepen- sabrán las verdaderas razones de aquello. dencia judicial. No lo es la modernización telemática Cuando en 2001, apenas iniciado mi mandato al indispensable y seria de la Administración de Justicia, frente de la presidencia del Consejo General de la Abo- para equipararla a lo que funciona perfectamente y des- gacía española empezamos a trabajar en esa dirección de hace años en la Hacienda pública o en la Seguridad estuvimos a punto de lograrlo. Se decía entonces, en el Social, por ejemplo, o la interoperabilidad real entre comienzo de la legislatura, que la reforma de la Justi- las distintas Administraciones. Es todo eso, pero, sobre cia era una prioridad fundamental y perentoria, por la todo, es un problema de calidad real de la Justicia. Y la insatisfacción de los ciudadanos, que requería un plan calidad de la Justicia no es sólo la de los jueces, la del de choque desde donde se podía hacer, es decir, en sede proceso o la de las sentencias, que también; la calidad parlamentaria. Y se hizo. El 28 de mayo de 2001 se 10 _ Abogacía Española _ Noviembre 2016