Tiempo de pactos. También en la Justicia

La batalla electoral ha terminado. Ahora queda cerrar los gobiernos autonómicos y municipales y, enseguida, empezaremos la campaña electoral que nos lleve a unas elecciones generales aún más trascendentes. Como escribía recientemente Antonio Garrigues, “los partidos tienen ahora una ocasión histórica perfecta para recuperar la credibilidad que han perdido casi en su totalidad. Bastaría con revitalizar la cultura del diálogo y aplicarla con decisión y coraje”.

Desde la Abogacía hemos reiterado en estos últimos años que solo es posible construir un Estado de Derecho que merezca ese nombre sobre el diálogo y la convivencia, sobre los acuerdos. Como se hizo en la Transición. Sólo se puede construir si somos capaces de desactivar los desacuerdos, de apostar por aquello en lo que coincidimos todos, poniendo bases sólidas y aceptadas por la mayoría, que no va a cambiar inmediatamente el gobernante que sea elegido más tarde. Gobernar para todos es una promesa que hacen todos los políticos cuando ganan las elecciones, pero que frecuentemente olvidan al día siguiente, sin ningún esfuerzo.

La decisión de los ciudadanos expresada en las urnas el pasado 24 de mayo debe abrir la puerta al pacto y al diálogo. También en la Justicia. O en la Justicia más que en ningún otro sector. No he escuchado a ninguno de los candidatos del 24-M hablar de Justicia ni plantear soluciones o propuestas. Este tiene que ser el momento. Hay que acabar con el desinterés de la clase política, al mismo tiempo que con la imagen de esos juzgados dignos del tercer mundo; con una Justicia todavía de papel, digna del siglo XIX; con las barreras que impiden el acceso de las pymes a la Justicia; con unos juicios que tardan años en celebrarse y que se suspenden o aplazan sin motivo; con el hecho de que los abogados o los fiscales tengan plazos para presentar sus recursos o alegaciones y los jueces puedan tardar meses en dictar una sentencia; con el desamparo, la desconfianza o la desprotección de los ciudadanos; con la situación de los abogados de oficio cobrando dos euros por cada hora trabajada.

Tenemos que conseguir que ahora las comunidades autónomas, y en 2016 el Gobierno central, busquen el pacto con todos los operadores jurídicos y sociales. La Justicia, que ha sido siempre la cenicienta en los Presupuestos Generales del Estado, la asignatura pendiente de casi todos los Gobiernos, la que nadie atendía porque ni daba ni restaba votos, tiene que ocupar el lugar que exige un Estado de Derecho y una democracia sólidos. Ningún Gobierno, ni el central ni los autonómicos, han puestos los medios necesarios para que funcionara. Hasta ahora.

Vamos a aprovechar estos meses que quedan antes de las próximas elecciones generales para exigir a los partidos, a todos, que incluyan en sus programas la promesa de dotar de medios materiales y personales a la Justicia, de poner en marcha un Pacto de Estado por la Justicia con todos los operadores jurídicos y sociales. De que se comprometan a sacar la Justicia del debate político, a darle medios para perseguir a los delincuentes, a los corruptos, a juzgarles con rapidez y eficacia, y a que, de verdad, atienda con cercanía, con agilidad y eficiencia, las demandas y los intereses de los ciudadanos. Se lo deben a los ciudadanos si quieren de verdad que estos crean que la regeneración no es solo una palabra vacía de contenido.

Lo dicho: comienza un tiempo de pactos. Buen momento para alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia