15 marzo 2018

Respeto al derecho de defensa y a quien lo ejerce

La Constitución Española establece en su artículo 24.2 que “Todos tienen derecho (…) a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación fomulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inociencia”.

Un Estado de Derecho se caracteriza porque en él impera la ley, no la venganza. En nuestras sociedades avanzadas y democráticas se cometen a veces crímenes horribles, imposibles de entender humanamente, que provocan la alarma y la condena social. Pero incluso las personas investigadas o acusadas de estos execrables delitos tienen derecho a la defensa y a un jucio justo y con garantías, según se establece en nuestra Constitución.

Los abogados no defienden a inocentes o culpables, defienden a personas investigadas o acusadas. El derecho de defensa es garantía de un juicio justo y solo con un juicio justo el castigo es legítimo. Los abogados y abogadas ejercen la defensa con independencia de la condición del defendido, de sus actos y de las razones que le acompañen. Exactamente igual que un profesional de la medicina atiende a un enfermo, porque su obligación es curarle, sea cual sea su condición o sean cuales sean las conductas que le han causado la enfermedad.

El derecho de defensa en un Estado de Derecho es incuestionable, como obligado es el respeto a los profesionales que lo ejercen y a su independencia. Por ello, exigimos respeto al trabajo y la independencia de cuantos profesionales hacen posible el Derecho de Defensa, especialmente de los abogados y abogadas del Turno de Oficio que garantizan este derecho para todas las personas. Y lo hacen en condiciones difíciles y, como en el caso del espantoso asesinato de un niño de ocho años, en medio de la incomprensión social.

Su encomiable trabajo es el que hace posible que el proceso tenga todas las garantías, que se haga justicia y que la ley castigue con toda su dureza a quien haya cometido este crimen. Porque sin defensa no hay justicia, y sin justicia no hay Estado de Derecho. Defendamos y respetemos, pues, a quien defiende porque nos defiende a todos de la barbarie.

(Artículo publicado en el diario El País el 15 de marzo de 2018)

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