15 noviembre 2017

Segunda Jornada del Curso sobre Violencia de Género en el que participa la Abogacía Española en Bolivia

Con la asistencia de representantes de 25 países iberoamericanos se celebra en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), el Curso sobre “Violencia de Género y Violencia Doméstica”, dirigido por Filomena Peláez Solís, abogada, consejera del Consejo General de la Abogacía Español, presidenta de la Subcomisión de Violencia de género de la Abogacia y decana del Colegio de Abogados de Badajoz.

El martes, 14 de noviembre se celebraron dos mesas redondas. En la primera se abordó el tema “Los menores infractores en violencia doméstica: malos tratos en el ámbito doméstico inferidos de hijos a sus progenitores, moderada por Amparo Echávarri, abogada, vocal de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Española y con la participación de Sergio Herrero Álvarez, abogado, consejero del Consejo General de la Abogacía Española, vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la mujer y decano del Colegio de Abogados de Gijón, Armin Echeguren, agente fiscal de la República de Paraguay, María Inés Díez, del Ministerio Público de Salta, Argentina y Verónica de León Guzmán, del Ministerio Público de Guatemala.

Armin Echeguren puso de manifiesto el funcionamiento del sistema penal en Paraguay con relación a los menores, una legislación tendente a la reinserción con medidas socioeducativas y correctivas. No hay un dato lo suficientemente relevante en lo que respecta a agresiones de menores a progenitores, sin embargo, cabe destacar que la violencia juvenil puede venir motivada por temas biológicos, sicológicos, por el entorno familiar, por causas sociales, los medios masivos de comunicación, educacionales o por el consumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes, entre otras.

Por su parte Sergio Herrero, partiendo de la Ley del menor, Ley órganica 5/2000, presentó las características específicas del tratamiento al menor en cuanto a la duración de la detención y la instrucción de los expedientes no por la autoridad judicial sino por el  Ministerio Fiscal, y las peculiaridades del procedimiento con la necesidad de la emisión de un informe psicosocial. La explicación del cuadro punitivo de los menores con la imposición de determinadas medidas previstas en la propia Ley. Cabe destacar la toxicomanía como una circunstancia importante que motiva la violencia contra los padres.

Verónica de León dio a conocer el trabajo que se está llevando a cabo en Guatemala, quién ha tenido dos condenas por la Corte Interamericana, sentencias que indican que en Guatemala ha de haber fiscalía y juzgados especializados también en violencia sobre la mujer. También habló sobre la repetición de los patrones por parte de los menores que han vivido situaciones de violencia contra la mujer.  La diferencia entre niños y adolescentes, los primeros tendrán un proceso socioeducativo pero a partir de 13 años la aplicación del código penal es similar a otras situaciones, pero oscilando entre 2 y 6 años de prisión.

María Inés Díez, partiendo del hecho de que la agresión de menores en el ámbito familiar no es un fenómeno frecuente analizó la suficiencia del proceso judicial para resolver estos casos o si es un tema que va más lejos de la norma jurídica. Destacó la necesidad de hacer un análisis global para incluir una perspectiva distinta a la judicial, tendente a la capacitación de los infractores, capacitación relacionada y vinculada con la problemática en concreto que ha dado lugar a la agresión. En cuanto a las novedades informó de que se está elaborando un programa para trabajar con el violento “primario”, es un programa piloto del que esperan resultados.

La segunda de las Mesas redondas “Los menores como víctimas indirectas de la violencia de género” con la moderación de Filomena Peláez Solís y la participación de Olga Espinoza Saavedra, fiscal adjunta provincial de familia de Lima, Demi Félix Domínguez, abogada, de la procuraduría especializada contra el tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas de República Dominicana y María Claudia Pintos, abogada de las gestión de los servicios de ComunaMujer de Montevideo.

Fiomena Peláez dio los datos estadísticos de una encuesta realizada por el Observatorio de violencia de género del Consejo General del Poder Judicial así como las conclusiones del Observatorio estatal que determinan que la exposición de los menores a la violencia de género en su ámbito familiar es un poderoso predictor de la conducta. Pueden ser utilizados como el instrumento más cruel y dañino con el que ejercer la violencia contra las madres. Los distintos tipos de maltrato infantil de género y las modificaciones legislativas acometidas en el año 2015 que consideran a los menores como víctimas directas de la violencia de género y la valoración del interés superior del menor. El menor no sólo tiene que ser oído, tiene que ser oído y escuchado.

Por su parte Olga Espinoza, igualmente trasladó los datos estadísticos del observatorio de la criminalidad del Ministerio Público y la normativa específica aplicable a los menores de edad y la ley de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar donde lo importante es la declaración única de las víctimas para evitar la revictimización.

Claudia Pintos puso de manifiesto que la violencia contra los niños también está sustentada en las asimetrías de poder. Destacó los datos del sistema integral de protección a la infancia y a la adolescencia contra la violencia que muestra un aumento de las situaciones y que es en la adolescencia donde se nota la prevalencia del género en la violencia y la violencia por parte de familiares varones y jóvenes. Destacó el trabajo de la sociedad civil para el reconocimiento de los menores como víctimas directas de la violencia.

Finalmente Demi Féxil Domínguez, puso  de manifiesto que el rasgo de la existencia de intidimidad no es un requisito exigido en la legislación de República Dominicana. Los menores no tienen por sí mismos un tratamiento especial salvo que sean menores huérfanos por un delito de feminicidio al entender su especial vulnerabilidad, el objetivo principal es su reinserción en la sociedad. La problemática de la existencia del matrimonio infantil y la utilización de campañas de sensibilización que lleven a cambiar la idiosincrasia de la sociedad son algunas de las políticas que se están llevando a cabo.

Para finalizar la sesión, en la jornada de la tarde tuvo lugar la intervención de Mara Monreal, abogada, consejera del Consejo General de la Abogacía Española, Presidenta de la Confederación española de abogados jóvenes, con la ponencia “Relación entre violencia de género y nuevas tecnologías”. Así, partiendo de cómo han afectado las nuevas tecnologías a la  comunicación, con el lenguaje, entre otros y la relación íntima su utilización con el incremento de la violencia de género, por la permanencia en el tiempo, la viralidad,  hace que la reparación del daño es prácticamente imposible. Son delitos relacionados con la intimidad pero hay que tener en cuenta que no siempre la intimidad va a ser la misma, dependerá del contexto y sobre todo de nuestra voluntad. Las redes sociales han supuesto un punto de inflexión en lo que respecta a la intimidad y sus limitaciones “personales”, la importancia del consentimiento. La tutela penal de los derechos de las personas con el derecho de acceso y cancelación a los datos y el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Finalmente efectuó un repaso sobre las figuras sexting, sextorsión, ciberacoso y ciberstalking.

La Abogacía Española participa en Bolivia en el Curso sobre Violencia de Género y Violencia Doméstica

 

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