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La Abogacía Española reitera la ilegalidad de las devoluciones en caliente tras la condena del TEDH a España

El Consejo General de la Abogacía Española expresa su satisfacción por la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por la devolución en caliente de dos personas que habían entrado a España por la valla de Melilla.

España deberá pagar 10.000 euros a dos personas migrantes que fueron devueltas a Marruecos en agosto de 2014 “sin que mediara intervención administrativa o judicial previa”, según la resolución del TEDH.

Un vez más, la Abogacía Española quiere recordar que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe las devoluciones sin realizar un procedimiento individualizado que garantice, entre otros derechos, la asistencia letrada. Por tanto, pide al Gobierno que cesen inmediatamente estas prácticas.

También reitera que todo procedimiento de devolución o de rechazo debe respetar la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional ratificada por España y, en consecuencia, seguir el ‘principio de no devolución’. La ausencia de procedimientos individuales impide identificar situaciones de vulnerabilidad, como menores, víctimas de trata, o solicitantes de protección internacional.

El Consejo General de la Abogacía quiere felicitar al equipo de abogados que ha llevado este caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

ACCEDA A LA DECISIÓN DEL TEDH

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA DECISIÓN DEL TEDH

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1 comentario

  • BREVE RESEÑA SOBRE LA Sª DE 03.10.2017, DEL T.E.D.H., EN LOS ASUNTOS 8675/15 Y 8697/15T).

    (QUE PUEDE SUBTITULARSE, CON SATISFACCIÓN, “QUE NO ESTÁBAMOS TAN LOCOS CUANDO ADVERTÍAMOS QUE LAS ‘EXPULSIONES EN CALIENTE’ SUPONÍAN EXPULSIONES COLECTIVAS PROHIBIDAS POR EL DERECHO INTERNACIONAL”).

    . Aunque, para los que el conocimiento de las lenguas francesa y/o inglesa en las que el T.E.D.H. dicta sus Sentencias sea el que adquirimos en el bachiller –y que, hay que reconocer, no fue muy bueno-, hayamos de esperar a tener una traducción al español para “deleitarnos” con este pronunciamiento –tras el “palo” que para los extranjeristas han supuesto la S.T.J.U.E. de 10.05.2017 y la la S.T.S. de 18.07.2017-, de momento, con la enhorabuena a todos quiénes han contribuido a su obtención, os hago llegar la breve reseña que sigue: en un primer apartado I dejo citado los fundamentos jurídicos a los que se hace mención en la Sentencia, y en el apartado siguiente II resumo el tenor de los parágrafos de la misma.

    APARTADO I.

    DERECHO INTERNO:

    1.- R.D. 557/2011.
    2.- Protocolo de actuación de 26.02.2016 (G.Civil).
    3.- L.O. 4/2000 (con específica cita de la Disp. Ad. 12 incorporada por la L.O, 4/2015).

    DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA:

    1.- Tratado de la Unión Europea.
    2.- Carta de los derechos fundamentales de la U.E.
    3.- Tratado de Funcionamiento de la U.E.
    4.- Directiva 115/2008.
    5.- Directiva 2013/32/UE.
    6.- Reglamento UE 2016/399.

    OTROS TEXTOS INTERNOS E INTERNACIONALES DE INTERÉS PARA EL ASUNTO:

    1.- Informe Anual de 2005 del Defensor del Pueblo de España.
    2.- Convención de Viena de 23.05.1969, sobre derecho de los tratados.
    3.- Comisión de Derecho Internacional: 66ª sesión de 2014 en la que se adoptó el “Proyecto de artículos sobre la expulsión de extranjeros”.

    DOCUMENTOS DEL CONSEJO DE EUROPA:

    1.- Informe de Julio 2014 de la visita a España del Comité para la prevención de la tortura y las penas y tratos inhumanos y degradantes del Consejo de Europa.
    2.- Informe anual de actividades del ejercicio 2015 del Comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa (14 de Marzo de 2016).
    3.- Comunicado de prensa de 16.02.2015 sobre la visita del Comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa en España.

    APARTADO II.

    1.- El Gobierno español pretendió que no es de aplicación el art. 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, por cuanto que expone que la zona en que se habían producido los hechos no debía considerarse como territorio bajo la soberanía española. La Sentencia del T.E.D.H. se hace eco de una publicación en la página web del Defensor del Pueblo de España en la que se advierte que la jurisdicción española se ejerce también sobre el terreno entre las vallas de separación entre España y Marruecos. El Tribunal significa que la delimitación territorial entre España y Marruecos es la que resulta de los tratados internacionales y rechaza que, como pretende España, pueda “moldearse” el territorio a iniciativa de un Estado –España- por consecuencia de unos determinados hechos concretos. Afirma el T.E.D.H. que a partir del momento en que los demandantes descendieron de las vallas fronterizas ya se encontraban en territorio español y bajo el control, al menos de facto, de las autoridades españolas.

    2.- A continuación el Gobierno español objeta que los demandantes no pueden tener la consideración de víctimas por no portar documentación de identidad, sin que pueda asegurarse que quiénes denuncian sean los que aparecen en los vídeos y en las imágenes obtenidas, siendo esta objeción rechazada por el Tribunal al tener en consideración el relato coherente ofrecido por los demandantes, y advierte que si los extranjeros no fueron identificados ello es causa del actuar del propio Gobierno, y que en ningún caso puede el causante de la omisión pretender beneficiarse de ella.

    3.- Argumenta el Gobierno español que los demandantes no han agotado las vías de recursos internos y que las decisiones de expulsión no han sido impugnadas ante la jurisdicción contencioso administrativa. El Tribunal no se deja engañar por los argumentos del Gobiernos español y pone de manifiesto que las decisiones de expulsión que se dice que no han sido impugnadas fueron adoptadas en 07.11.2014 y 26.02.2015, con ocasión de otros intentos de entrada en territorio español distintos a los que son objeto de la presente demanda –que acontecieron en 13.08.2014 y en los que fueron devueltos a España en la modalidad de “devoluciones en caliente”-.

    4.- En cuanto a la violación alegada por los demandantes del art. 4 del protocolo 4 de la Convención: “quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros”.

    La argumentación del Gobierno español es la de que no hay violación del art. 4 del protocolo 4 por cuanto que los extranjeros no se encontraban en territorio español, y que, en consecuencia, no han sido “expulsados”; además, pretende justificar su actuación en la disp. ad. 12ª de la L.O. 4/2000, así como en el art.13 del Código de fronteras Schengen. Los demandantes exponen que fueron objeto de una expulsión sumaria y automática.

    El T.E.D.H. pone de manifiesto que el hecho de haber adoptado el Gobierno español las medidas de alejamiento del territorio español en ausencia de cualquier tipo de decisión administrativa o judicial, sin examen alguno sobre la situación individual de los demandantes, y sin que haya habido procedimiento alguno de identificación por parte de las autoridades españolas, evidencian que lo actuado por el Gobierno español reviste el carácter de expulsión colectiva contraria al art. 4 del protocolo 4.

    5.- Respecto a la violación alegada por los demandantes del art. 13 de la Convención, en relación con el art. 4 del protocolo 4 de la convención: “toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tienen derecho a la concesión de un derecho efectivo ante una instancia nacional …”

    . El T.E.D.H. concluye que consecuencia de la expulsión de facto, que constituye violación del art. 4 del protocolo 4, es la de haber impedido a los demandantes toda vía de recurso que les hubiera permitido someter a una autoridad competente la vulneración del art. 4 del Protocolo 4, por lo que se estima por el Tribunal que también existe violación del art. 13 de la Convención en relación con el art. 4 del protocolo 4 de la Convención.

    H. Granero.
    03.10.2017.

     
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