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5 septiembre, 2017 Jurídica

Carlos Lesmes preside la apertura del Año Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha recordado hoy que corresponde a los jueces “amparar a todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional” y que, frente a las “inaceptables” voluntades unilaterales que solo contemplan la ruptura o la separación como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio, “nadie sufrirá por cumplir la Ley”.

Durante el discurso pronunciado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo con motivo del acto de apertura del Año Judicial, presidido por Su Majestad el Rey, Lesmes ha afirmado que la indisoluble unidad de la Nación española que proclama el artículo 2 de la Constitución es un “mandato jurídico directo” que corresponde garantizar al Poder Judicial “junto al resto de los Poderes del Estado. En definitiva, un deber para todos nosotros de inexcusable cumplimiento”.

El presidente del Poder Judicial ha añadido que ese mandato de unidad no expresa, sin embargo, una voluntad uniformadora en lo que se refiere a cuestiones como la lengua, la cultura o la religión, sino que se caracteriza “por su voluntad de respeto a la diversidad existente en nuestra sociedad, y que además es propia de las naciones avanzadas”.

“Por ello, las voluntades unilaterales que pretenden disponer de la Constitución y que solo contemplan como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio la ruptura o la separación son inaceptables y violentan la propia democracia, pues ningún principio democrático puede amparar ni legitimar que una parte disponga del todo”, ha dicho.

Lesmes ha concluido recordando que los jueces deben asegurar los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes, “especialmente con relación a aquellos ciudadanos que puedan sentirse amenazados por el legítimo ejercicio de esos derechos”, y que también les corresponde “amparar a todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional”, y ha señalado que un Poder Judicial único, fuerte e independiente “es la mejor garantía de la libertad y la igualdad de los españoles”.

Recuerdo a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils

El presidente del TS y del CGPJ ha comenzado su intervención en el acto de apertura del Año Judicial con un recuerdo a las víctimas de los atentados terroristas perpetrados en Barcelona y en Cambrils el pasado 17 de agosto. “La libertad no se negocia, no está en venta”, ha dicho Lesmes, que ha asegurado que todos debemos sentirnos orgullosos de las ejemplares respuestas de la sociedad española frente al terror: “Unidad frente al miedo, firmeza institucional y solidaridad”.

Durante su discurso, el presidente del Poder Judicial ha señalado que “ninguna creencia, cultura o credo puede justificar el terror ni alumbrar apóstoles o mártires de la violencia”, y ha añadido que atentados como los de Cataluña o los ocurridos en Londres, Bruselas, Berlín, Niza o Estocolmo “no admiten margen interpretativo alguno”. “Matar no es cultura; sembrar el terror, el miedo, es absolutamente injustificable. Solo es eso, oscuridad y terrorismo. Y quienes pretenden ofrecer explicaciones historicistas o sociológicas sobre tan graves sucesos no hacen sino alentar el terror convirtiéndose en cómplices de quienes desprecian la vida”, ha manifestado.

Atender las demandas de los jueces

Carlos Lesmes ha destacado durante su discurso la necesidad de que las autoridades competentes presten la debida atención a las demandas de losmiembros de la Carrera Judicial, recordando que, en los últimos años, los jueces han sufridos mermas en sus derechos estatutarios y en sus retribuciones y ha soportado incrementos notables de sus cargas de trabajo mientras que la planta judicial apenas ha experimentado crecimiento y ha desarrollado su actividad con limitados recursos humanos y materiales.

“Ha llegado el momento de que la sociedad, a través de sus representantes, mire a sus jueces y les ofrezca respuesta a sus necesidades e inquietudes legítimas, pues la dimensión colectiva de sus funciones lo reclama en beneficio de la propia sociedad”, ha dicho.

Además, como presidente del órgano de gobierno de los jueces, Lesmes ha dejado patente de manera expresa el compromiso de esta institución “de prestar la debida atención a estas demandas” y su exigencia de que así lo hagan también el resto de las autoridades competentes.

Lucha contra la corrupción

El presidente del TS y del CGPJ se ha referido a “la persistencia del fenómeno de la corrupción en nuestra sociedad, fenómeno que produce desánimo social y lamentablemente corroe alguna de nuestras instituciones”.

Frente a este tipo de delitos, “la justicia española sigue proporcionando la más eficaz y contundente respuesta, siempre con pleno respeto a las garantías de los justiciables”, ha dicho Lesmes, que ha recordado que en 2016 los jueces y juezas españoles concluyeron un total de 112 investigaciones por delitos de corrupción pública en los que se dictó auto de procesamiento o de apertura de juicio oral contra 659 personas.

Fuerte descenso de la litigiosidad

El presidente del Poder Judicial ha ofrecido también los datos correspondientes a la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividad de los Juzgados y Tribunales correspondiente a 2016. Ésta refleja que el año pasado ingresaron en los órganos judiciales españoles un total de 5.813.137 asuntos (un 31 por ciento menos que en 2015) y se resolvieron un total de 6.010.185, quedando en tramitación al final del periodo otros 2.234.476. El número de sentencias dictadas fue de 1.443.896. El índice de litigiosidad por mil habitantes se ha reducido un 51 por ciento pasando de 181,9 a 124,9, todo ello motivado en buena medida por las últimas reformas legales aprobadasa, despenalización de las faltas y no contabilidad de los atestados policiales sin autor conocido.

En cuanto al Tribunal Supremo, ha destacado que, tras poco más de un año desde la entrada en vigor de las importantes reformas introducidas en sede de casación, las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo ya han dictado las primeras sentencias, tras apreciar el interés casacional de un importante número de recursos, con la consiguiente utilidad para la comunidad jurídica.

Custodiar sin ambigüedades la Constitución

El presidente del TS y del CGPJ ha concluido su intervención mostrando su convencimiento de que la Justicia española sabrá afrontar la gran responsabilidad a la que se enfrenta: ser instrumento para la paz social en un mundo caracterizado por la globalización, la multiculturalidad, la progresiva expansión de las nuevas tecnologías, la crisis de valores derivada de las grandes dificultades económicas de los últimos años y las nuevas y cada vez más exigentes demandas de los ciudadanos hacia sus gobernantes y sus instituciones.

Pero esa paz social, ha advertido Lesmes, “no será posible si no garantizamos que la Ley sea respetada y aplicada correctamente a cada caso concreto, premisa que constituye condición esencial de la propia democracia y presupuesto necesario de unos valores de convivencia que no cabe desconocer en el marco de nuestro Estado de Derecho”. “Como jueces, hoy más que nunca, nos corresponde custodiar sin ambigüedades la Constitución y la Ley”, ha finalizado.

Maza: la Fiscalía está obligada a “una defensa activa” de la España constitucional

Por su parte, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha defendido el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción “frente al injustificado cuestionamiento del trabajo”.

Foto de la cuenta de Twitter de la Casa Real

Sin citar especificamente la labor del exfiscal jefe de este departamento Manuel Moix, que fue muy cuestionado por su posición respecto a determinadas investigaciones, Maza ha señalado que basta con ver las noticias diarias para constatar como Anticorrupción dirige sus investigaciones “cuando tiene sospechas bien fundadas, sin atender a la identidad, posición, orientación política o social de las personas físicas o jurídicas investigadas ni a los cargos que ostentan o han ostentado.”

En este contexto, la tarea de la Fiscalía Anticorrupción sigue siendo de gran relevancia, según Maza pues debe afrontar con la máxima eficacia los procedimientos “para transmitir a la sociedad española que el Ministerio Fiscal no tolera espacio alguno de impunidad”.

El fiscal general considera que la corrupción en España es hoy uno de los “focos prioritarios” de atención del Ministerio Público si bien no considera que pueda considerársela sistémica porque para ello sería preciso que las instituciones llamadas a combatirla “abdicasen de su misión o se contagiaran del mal, y ello no ocurre”.

Pese a dicha afirmación, durante su discurso este martes ante el Rey y la cúpula judicial y fiscal reunida con ocasión de la Apertura del Año Judicial, Maza se ha referido a los últimos datos del portal de Transparencia del Consejo General del Poder Judicial, que señalan que hasta el primer trimestre de 2017 había 1.378 cargos públicos investigados por corrupción y 399 condenados en sentencia firme.

Yihadismo

Maza también ha destacado durante su discurso los esfuerzos que dedica la Fiscalía de la Audiencia Nacional al yihadismo, señalando que las investigaciones iniciadas por este fenómeno aumentaron un 69 por ciento a lo largo de 2016 -últimos datos estadísticos disponibles-, representando el 22 por ciento de la cifra total de investigaciones incoadas en toda la Audiencia Nacional.

En este punto se ha referido a los “salvajes atentados de Cataluña” del pasado 17 de agosto, señalando que “frente a la barbarie y a la sinrazón absoluta, superando el horror y el hastío”, todos los que comparten responsabilidades en aplicación de la Ley deben perseverar en la lucha contra este fenómeno “tan cruel e inhumano”.

Gran parte del discurso leído por el fiscal general del Estado ha estado dirigido a su apuesta por un nuevo modelo procesar que atribuya a los fiscales la dirección “de una investigación penal que se ha sobredimensionado fatalmente hasta el punto de convertirse, con alarmante frecuencia, en una anticipación del juicio oral”.

“Si realmente se quiere combatir con eficacia y celeridad aquellos fenómenos delictivos que más preocupan a la ciudadanía, como la corrupción, más allá y además de la necesaria dotación de medios humanos y materiales, la verdadera clave estriba en esta reforma procesal”, ha advertido.

Y ante las reticencias esgrimidas “desde una injustificada desconfianza hacia la Fiscalía”, Maza ha recordado que la legislación aporta a la autonomía de este órgano “unos niveles de reforzamiento superiores a los de la mayoría de los países” como es la prohibición del cese del fiscal general sin motivación.

Admite, no obstante, que es necesario propiciar una reforma del Estatuto del Orgánico del Ministerio Fiscal “focalizada, entre otros aspectos, en el incremento de su autonomía organizativa”.

Evolución de la delincuencia

En cuanto a la evolución de la delincuencia, Maza ha señalado que la rebaja que reflejan las estadísticas debe verse con cautela porque obedece a reformas como la supresión d ellas faltas, y que como consecuencia de ello se ha dado en comparación con el año 2015 una significativa caída del 51 por ciento en el número de incoaciones de diligencias previas.

Por otra parte, en el año 2016 se incoaron 15.324 diligencias de investigación en las distintas fiscalías territoriales, fiscalía de la Audiencia Nacional, Anticorrupción y Antidroga, 518 diligencias de investigación más que el año anterior.

En cuanto a la violencia de género, según el fiscal general ha destacado una significativa reducción con relación al año 2015, al pasar el total de mujeres asesinadas a manos de su pareja o ex pareja a 52, lo que supone no sólo una disminución con relación al año anterior, que se saldó con 62 víctimas, sino que se trata de la menor cifra computada en los últimos 10 años.

“En todo caso, falta aún mucho camino por recorrer, debiendo subrayarse, desde una completa perspectiva de Política Criminal, la necesidad de que las administraciones competentes adopten las medidas precisas para garantizar en el ámbito de la educación la transmisión de valores de igualdad, respeto y no discriminación que permitan corregir una patología con unas raíces sociológicas e históricas tan profundas que no puede ser erradicada únicamente mediante el Derecho Penal”, ha dicho.

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