06 julio 2017

La Diputación de Barcelona y el Colegio de Barcelona ofrecen asesoramiento personalizado en las reclamaciones por las cláusulas abusivas

  • La Diputación y el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) presentan un convenio para la atención personalizada de los consumidores
  • El acuerdo se extenderá al resto de Colegios profesionales de la demarcación y prevé el desplazamiento de abogados en las dependencias municipales

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, y el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Oriol Rusca, han presentado este miércoles el convenio de colaboración entre las dos instituciones para dar respuesta a las consultas de los consumidores en relación a las cláusulas abusivas en préstamos y créditos hipotecarios. Al acto también ha asistido la diputada de Salud Pública y Consumo, Laura Martínez.

El convenio entre la Diputación y el ICAB prevé el desplazamiento de un abogado/a a las dependencias de los Servicios Públicos de Consumo de las comarcas de Barcelona que, previa visita concertada, atenderá de forma individualizada las consultas de los consumidores. Además, el consumidor también recibirá atención personalizada en relación a la justicia gratuita si decide acudir a la vía judicial. En definitiva, este convenio representa la defensa de los derechos de las personas, que en este caso ostentan la condición de consumidoras.

Este primer convenio cubrirá 22 Servicios Públicos de Consumo en 6 comarcas (Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf y Maresme): un área con cerca de un millón y medio de personas. Las visitas se podrán concertar hasta el mes de diciembre, a excepción del mes de agosto, de forma que prestará el servicio durante cerca de 90 días hábiles hasta final de año. En este plazo, se ofrecerá el servicio 350 horas cada mes, lo que representa una aproximación de la justicia al ciudadano.
Servicio a toda la demarcación

El objetivo de Diputación es extender este servicio de asesoramiento personalizado sobre cláusulas abusivas a los 311 municipios de la demarcación. Así, la corporación contempla la firma de convenios con el resto de Colegios de Abogados, como son el de Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa y Vic.

APOYO A LOS CONSUMIDORES

Los acuerdos con los Colegios profesionales de abogados se suman a las acciones de apoyo a los consumidores que la Diputación de Barcelona impulsa desde hace meses para acompañarlos en sus reclamaciones por las cláusulas abusivas.

Justamente para atender estas consultas, este año se ha aumentado hasta los 2 millones de euros el presupuesto destinado a los Servicios Públicos de Consumo.

También se ha intensificado la formación específica en cláusulas abusivas a los técnicos de estos Servicios (77 municipales y 7 comarcales) y se han contratado las asociaciones de consumidores más representativas para hacer 150 charlas y talleres en todo el territorio.

En los 224 municipios que no disponen de Servicio Público de Consumo propio, los ciudadanos también reciben atención directa a través de las Unidades Móviles de Información al Consumidor (UMIC). En lo que va de año, además, la Diputación de Barcelona ofrece consejos e información sobre los protocolos de las entidades bancarias, direcciones de contacto, la agenda de acciones formativas y un formulario de reclamación a través de su página web ( www.diba.cat)

CONECTAR LA CIUDADANÍA CON LA COHESIÓN SOCIAL

Conectar la ciudadanía con la cohesión social, como pilar básico del estado del bienestar, es uno de los objetivos estratégicos del Plan de Mandato 2016-2019 de la Diputación de Barcelona. Aparte del apoyo a los consumidores, la corporación impulsa en este sentido un Plan de Choque contra la Pobreza, que quiere dar respuesta al empobrecimiento progresivo y al correspondiente incremento del riesgo de exclusión social.

Como acciones concretas, este Plan de Choque contra la Pobreza incluye el programa de Fomento del Empleo, el Servicio de Intermediación de Deudas de la Vivienda, el programa de Auditorías e Intervención en viviendas en situación de pobreza energética y el programa Tarjeta Monedero con Impacto Social.

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