Buenas prácticas en la Abogacía

• Por Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

[1]Durante estos dos días (1 y 2 de junio) hemos analizado y debatido en esta magnífica ciudad de Granada nuestro papel ante la defensa de los intereses propios y de la ciudadanía; los retos de la ciberseguridad y de la protección de datos; la inteligencia artificial; el futuro de la Abogacía, los nuevos nichos de trabajo, o la financiación de servicios y competencias de los Colegios de Abogados.

Todo ello en un contexto que no es solo el lema de estas VII Jornadas de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados, sino sobre todo, como ya dije en la inauguración, toda una declaración de intenciones: Buenas Prácticas en la Abogacía. En nueve talleres hemos pasado revista al trabajo que desarrollan los Colegios de Abogados en asuntos de tanta relevancia como los servicios a colegiados, colegiadas y ciudadanía; la innovación, gestión y organización; formación, tanto inicial como continuada; el Turno de Oficio; la deontología; la comunicación y marca abogado; la mediación y el arbitraje, los derechos humanos y la conciliación.

La Abogacía que queremos, que es la que necesita una sociedad en constante y vertiginoso cambio en un mercado global y tremendamente competitivo, es una Abogacía fuerte, comprometida y exigente consigo misma, tanto en su nivel de formación como en su rigor deontológico. Como decía el otro día Maria Emilia Casas, la única mujer por cierto que hasta ahora ha presidido el Tribunal Constitucional, en una frase que hago mía: “una buena organización jurídica es aquella que avanza autónomamente en índices éticos y va más allá de donde llega el legislador”.

En un mundo que se rige cada vez más por las leyes del mercado y de la libre competencia, los Colegios de Abogados, como corporaciones de derecho público, están obligados a contribuir al bien común y a defender los derechos de la ciudadanía. Nuestro modelo de mundo es aquel que no está moldeado exclusivamente por la competencia, sino por la cooperación entre quienes lo habitan.

La mejor manera de avanzar, de innovar, de contribuir al desarrollo de la sociedad es compartir las mejores ideas, las buenas prácticas para reforzar un sistema centrado en las personas y en la defensa de sus derechos.

Sin duda las organizaciones jurídicas estamos obligadas a ser modelo de compromiso y comportamiento ético para que la ciudadanía confíe plenamente en el sistema, y para que el sistema esté al servicio de la ciudanía y de nadie más.

RECURSO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

Por eso, como sabes, ministro [Rafael Catalá], ayer acordamos unánimemente en Pleno la interposición de un recurso contra el Plan del CGPJ sobre los juzgados únicos para cláusulas suelo porque causará graves problemas sociales.

Creo que es muy significativa la imagen de los más de 800 miembros de Juntas de Gobierno que representan a los 83 Colegios de Abogados de España, no faltaba ni uno, con una misma pancarta que expresaba nuestro rotundo desacuerdo con el plan del CGPJ.

No obstante, también fue unánime la decisión de trabajar para encontrar una solución que evite a tantas personas un perjuicio añadido.

El conjunto de buenas prácticas en la Abogacía contribuye sin duda al buen funcionamiento de la Administración de Justicia, pero no deben ser exclusivas, sino que deben extenderse todos los operadores jurídicos e instituciones. También a otras abogacías europeas, y así lo vamos a hacer a través de CCBE, porque queremos cooperar también en la mejora del espacio jurídico europeo.

Una buena práctica, sin duda la mejor, la que las engloba a todas y marca el camino por el que debemos transitar es alcanzar un Pacto de Estado que configure un modelo de Administración de Justicia que merezca tal nombre dentro de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho; un Pacto presidido no por criterios de oportunidad política, sino desde el conocimiento de la realidad y en ningún caso desde actitudes complacientes que a la larga deriven en una mayor y más profunda insatisfacción de la ciudadanía. Un Pacto que garantice una justicia independiente, que la blinde de injerencias externas, de cualquier tipo de instrumentalización.

Nos encontramos en un momento de diálogo, de acuerdo, de trabajo conjunto para reforzar y mantener un sistema que ha traído modernidad y bienestar a nuestro país y que está amenazado por grandes y poderosos intereses.

La tarea es grande, pero el ministro sabe de sobra que desde la Abogacía estamos trabajando para conseguirlo. En este sentido, agradezco que se nos haya citado para comparecer el próximo día 7 ante Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia.

Ministro, confiamos en que nuestras propuestas sean escuchadas, y en que todos juntos seamos capaces de dejar atrás para siempre esa idea tan extendida entre los ciudadanos, y tan nociva, de que los gobiernos, sean del signo que sean, muestran más interés por controlar la justicia que por mejorarla.

Entre todos, vamos a conseguir que la ciudadanía recupere la confianza en sus instituciones, en la Administración de Justicia.

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[1] Discurso de la presidenta de la Abogacía en la clausura de las VII Jornadas de Juntas de Gobierno celebradas del 31 de mayo al 2 de junio en Granada