21 marzo 2017

María José Balda, I Premio a la Igualdad Alicia Salcedo: “Acabar con la desigualdad es acabar con la violencia de género”

Por Ana Sanz Martín

La abogada María José Balda, ex decana del Colegio de Abogados de Huesca y ex presidenta del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, ha recibido el I Premio a la Igualdad Alicia Salcedo, instituido por el Colegio de Abogados de Oviedo para reconocer la labor de personas o colectivos en pro de la igualdad y la no discriminación por razón de género. El jurado ha valorado la prolongada y constante lucha de Balda en contra de la violencia hacia las mujeres y en favor de la igualdad. Natural de Logroño, fue vocal de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, primera presidenta de la Subcomisión de Violencia contra la Mujer de la Abogacía Española y primera representante del mismo en el Observatorio contra la Violencia Domestica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

1.- El Colegio de Abogados de Oviedo le ha concedido el premio a la Igualdad Alicia Salcedo en su primera edición. ¿Cree que son necesarios premios como este? ¿Por qué?

Pienso que siguen siendo necesarios estos premios, como medida para que se siga visibilizando que solo estamos en el camino para superar la desigualdad entre hombres y mujeres, pero que ni mucho menos hemos alcanzado ninguna meta.

 2.- ¿Por qué cree que la Ley de Igualdad no se cumple?

La Ley de Igualdad generó muchas expectativas y, a pesar de sus carencias, supuso un paso adelante en el camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres, pero nunca fue el instrumento definitivo para “la igualdad efectiva” que se marcaba como objetivo. El mayor déficit de la ley se encuentra, a mi entender, en el desenfoque y timidez con que se intentaron “remover los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”. Así, por ejemplo se establecieron medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar “de las mujeres”, pero sin cuestionar la realidad de la que se parte, dando de alguna forma carta de naturaleza a que las mujeres sigan siendo las titulares de las obligaciones familiares y los hombres, en la mayoría de los casos, solo los suplentes. Desde mi punto de vista no se intentó transformar la realidad, como demuestra el hecho de que se indique expresamente que “la medida más innovadora para favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y familiar es el permiso de paternidad de trece días…”.

3.- ¿Qué medidas, legales o de otra índole cree que serían necesarias para alcanzar una sociedad igualitaria?

Ha de propiciarse sobre todo a través de la educación, pero a corto- medio plazo se han de implantar medidas más eficaces para conseguir la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el cuidado y atención de las necesidades familiares, partiendo de que la conciliación de la vida laboral y familiar es una necesidad de la sociedad en su conjunto, y no sólo de las mujeres.

Mientras las empresas sigan percibiendo que los costes de la conciliación de la vida familiar y laboral de sus trabajadores son más altos cuando se contrata a una mujer que cuando se contrata a un hombre; mientras no se dote de forma suficiente el número de plazas públicas de guardería para atender a los menores de 0 a 3 años o se aumente la duración del permiso de paternidad; mientras las mujeres sigan teniendo que asumir la doble jornada, laboral y familiar, y los hombres exclusivamente la laboral, no se podrá alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres de forma generalizada.

La existencia de cuotas en las listas electorales, en los consejos de administración de las grandes empresas… es necesaria actualmente para que se produzca el avance de las mujeres a ese nivel, pero no es suficiente. Aunque se generalizaran las cuotas en todos los puestos de responsabilidad, nunca será una medida que consiga cambiar las actuales estructuras sociales, ya que dichos puestos, en la mayoría de los casos, se cubrirán a costa de un sobreesfuerzo de las mujeres que los ocupen, o con mujeres que, de forma individual, hayan conseguido relaciones justas en el seno de la pareja, situación que todavía está muy lejos de ser una realidad para la mayoría de las mujeres.

 4.- ¿Qué piensa de la imagen de apertura del Año Judicial en la que no se ve (porque no hay) ninguna mujer en la cúpula judicial?

Que es el fiel reflejo de la existencia del techo de cristal para el ascenso de las mujeres en la vida profesional.

5.- ¿Cree que debería aplicarse la perspectiva de género en la Justicia?

Creo que se debiera profundizar en la formación en igualdad de todos los profesionales que intervienen en la justicia, y muy especialmente de los que trabajan en los juzgados de Violencia y en los de Familia. Es importante que esa formación ponga de manifiesto las causas de la desigualdad entre hombres y mujeres y los obstáculos que es preciso remover para superarla.

6.- ¿Qué opinión le merecen iniciativas como la de la Asociación de Mujeres Juezas para que accedan más mujeres al Tribunal Constitucional?

Me parece muy oportuna. No tiene sentido ni lógica alguna que existiendo mayoría de mujeres en la judicatura, todavía solo una mínima parte de ellas esté accediendo a la cúpula judicial. Como recuerda esta asociación, en 37 años de vida del Tribunal Constitucional, solo 5 mujeres han formado parte de él. Por ello me parece muy acertada su reivindicación de que se potencie una composición equilibrada de este órgano.

7.- Como abogada, ¿ha sufrido en alguna medida eso que llamamos “micromachismos”?

Creo que es difícil a mi edad no haber sufrido en algún momento comportamientos y comentarios que hoy llamamos “micromachismos”, pero la verdad es que no ha sido en el ejercicio profesional en el ámbito que más los he percibido.

8.- Usted fue la primera presidenta de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía. ¿Qué importancia tiene esta Subcomisión en la lucha contra la violencia de género?

Partiendo de que pienso que para la defensa y protección de las mujeres víctimas de violencia de género es fundamental el papel de la abogacía, considero que la existencia de la Subcomisión como órgano de debate, estudio, coordinación y detección de las deficiencias y problemas que han de solventarse en la asistencia a las mujeres víctimas de violencia es fundamental. Es además el foro adecuado para poner de manifiesto la necesidad de crear, completar y perfeccionar las medidas de prevención y protección existentes y la forma en que todo ello ha de llevarse a cabo.

9.- 2017 está siendo un año terrible en cuanto al número de asesinatos por violencia de género. ¿Por qué cree que sucede esto?

No hay una sola causa sino la confluencia de varias, el sistema de protección dista mucho de ser perfecto y el de detección todavía es deficiente.

Los casos más graves de violencia en el seno de la pareja son muchas veces los más silenciados por las propias víctimas que, o no pueden reaccionar, o no se atreven hacerlo por la incertidumbre sobre su futuro y el de sus hijos si lo hacen.  Por eso es importante la detección de estos casos en los centros sanitarios, en los centros de enseñanza, etc. Es necesario mejorar los protocolos de detección temprana y, una vez detectado se han de poder ofertar a las víctimas medidas de protección que no necesariamente vayan vinculadas a la formulación de la denuncia, pues la realidad es que muchas mujeres solicitan protección pero no están preparadas para formularla en ese primer momento.

Por otra parte tampoco podemos olvidar que la crisis económica ha supuesto la regresión en los medios económicos destinados a combatir la violencia de género, lo que ha impedido seguir mejorando y ampliando las medidas que se pusieron en marcha en los primeros años de vigencia de la Ley Integral. Es muy necesario, por ejemplo, mejorar los sistemas de valoración del riesgo y reforzar la dotación de los equipos de psicólogos en servicios sociales y en los juzgados.

10.- Desde el ámbito de la Abogacía, ¿qué más se puede hacer?

Desde antes de la entrada en vigor de la Ley Integral, cuando se presentaron enmiendas al proyecto de Ley, el Consejo General de la Abogacía defendió que la asistencia letrada a las víctimas debía ser preceptiva, debiendo contar todas ellas con el asesoramiento previo a la denuncia para poder tomar conocimiento del proceso que se emprende y sus consecuencias. Esto ayuda a la mujer víctima a asumirlo y acceder a los recursos existentes para protegerla. Saber que van a estar asesoradas y acompañadas en todo momento por abogados especializados en su defensa les va a transmitir seguridad y va a reforzar su decisión de terminar con la situación en la que viven.

Actualmente gracias al impulso que se está dando desde el Consejo, especialmente por su presidenta, Victoria Ortega, y por la Subcomisión de Violencia contra la mujer, parece que está más cerca de conseguirse que la asistencia a la víctima de violencia de género, desde el primer momento, sea preceptiva. Cuando se consiga, habrá que seguir trabajando para que la dotación de medios que lleva aparejada garantice la eficacia de esta medida.

Además habrá de seguir profundizando en la formación, y en la mejora y ampliación de las medidas de protección y en las encaminadas a superar la desigualdad entre hombres y mujeres que es la causa última de la violencia de género.

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