Paquete de ampliación 2016

La Comisión Europea ha adoptado su paquete anual de medidas de ampliación, en el que evalúa la situación de los países de los Balcanes Occidentales y Turquía en cuanto a la aplicación de las reformas políticas y económicas esenciales, y los pasos a dar para colmar las lagunas pendientes. Entre otras cosas, la Comisión recomienda que los Estados miembros consideren la apertura de negociaciones con Albania, iniciativa que no obstante habrá de estar estrictamente supeditada a la consecución de progresos creíbles y tangibles en la aplicación de la reforma judicial y, concretamente, en el proceso de reevaluación de jueces y fiscales («escrutinio»).

La política de ampliación sigue dando sus frutos y las reformas avanzan en casi todos los países, aunque a ritmos diferentes. Es por lo tanto esencial mantener el compromiso con el principio de otorgar prioridad a los aspectos fundamentales: La Comisión seguirá centrando los esfuerzos en el Estado de Derecho, incluidos los aspectos relativos a la seguridad, los derechos fundamentales, las instituciones democráticas y la reforma de la administración pública, así como en el desarrollo económico y la competitividad. Es asimismo crucial otorgar un papel más preponderante a la sociedad civil y a los interesados en sentido amplio.

Por lo que respecta a la implantación del Estado de Derecho, se han constatado, en general, esfuerzos por modernizar los marcos y la infraestructura legales. Albania ha adoptado, por unanimidad, enmiendas constitucionales que sientan las bases para una reforma judicial de amplio y profundo alcance. No obstante, el poder judicial de la mayor parte de los países sigue adoleciendo de ineficiencia, falta de independencia y escasa rendición de cuentas. En los últimos años, todos los países han robustecido sus estructuras de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada; los esfuerzos deben, ahora más que nunca, dirigirse a amasar experiencia en las investigaciones, enjuiciamientos y resoluciones judiciales a todos los niveles. Los países candidatos a la ampliación han modificado también su legislación penal y en materia de lucha contra el terrorismo, dotándose de instrumentos más contundentes con los que combatir estas lacras. Algunos de ellos han adoptado nuevas estrategias y planes de acción contra el terrorismo, pero es preciso perseverar en la lucha contra la radicalización, especialmente en los ámbitos de la pedagogía y la mejora del control de los fondos extranjeros destinados a la promoción de contenido radical.

Los derechos fundamentales siguen estando, a grandes líneas, consagrados en la legislación de los países de la ampliación. En los Balcanes Occidentales, a pesar de la persistencia de algunas deficiencias prácticas, la situación permanece bastante estable. En Turquía se ha registrado cierta involución en este aspecto y la aplicación práctica de las normas suele presentar insuficiencias notables. El conato de golpe de estado del pasado mes de julio dio lugar a la declaración del estado de excepción, situación que favoreció la adopción de medidas de gran calado que cercenaron los derechos fundamentales. En el periodo inmediato a la tentativa de golpe de estado se denunciaron numerosas violaciones de la prohibición de tortura y malos tratos y de los derechos procesales.

La libertad de expresión y de los medios de comunicación es una fuente particular de inquietud en la mayor parte de los países candidatos, si bien en diverso grado. La falta de progresos en este sentido que se ha venido observando en los dos últimos años ha persistido y, en algunos casos, se ha recrudecido. La discriminación y la hostilidad hacia los grupos vulnerables, por motivos entre los que se incluyen la orientación sexual o la identidad de género, siguen siendo un motivo de intensa preocupación.

La grave crisis de la migración ha sido uno de los puntos candentes de la agenda política del pasado año y ha puesto de relieve, una vez más, la pertinencia estratégica de la política de ampliación en la región. La UE ha reaccionado ante esa crisis de forma concienzuda y sin perder de vista la defensa de los derechos humanos.

El correcto funcionamiento de las instituciones democráticas sigue siendo un desafío de altura para muchos países. Es preciso engastar en la cultura política el papel esencial de los parlamentos nacionales para la democracia. La reforma de la administración pública ha progresado a un ritmo desigual en los distintos países. Los derechos de los ciudadanos a una buena administración, acceso a la información y justicia administrativa deben protegerse de forma más segura.

La situación económica ha mejorado progresivamente en toda la región y se registra un mayor crecimiento, unas mayores tasas de inversión y una mayor creación de puestos de trabajo por el sector privado. Sin embargo, todos los países de la ampliación se enfrentan a importantes desafíos estructurales económicos y sociales, habida cuenta de la escasa eficiencia de las administraciones públicas y de los elevados índices de desempleo. El desempleo juvenil, concretamente, se mantiene en cotas alarmantes. El clima de inversión también se ve negativamente afectado por el persistente déficit de Estado de derecho.

El impulso otorgado por el «proceso de Berlín» y la iniciativa de los 6 países de los Balcanes Occidentales, especialmente en lo que atañe al programa de conectividad de la UE, ha seguido propiciando un aumento de la cooperación regional y de las buenas relaciones de vecindad, sustentando con ello la estabilización política y las oportunidades económicas.

Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3613_es.htm