Tortura: Nada que contestar, porque no hay más ciego que el que no quiere ver

Esta fue la respuesta ante la afirmación de que en España no hay tortura ni malos tratos por parte de un funcionario de prisiones, entendemos de la escala técnica, después de escuchar el informe del año 2014 emitido por la Coordinadora sobre la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) y otras realidades que vemos cada día, por ejemplo, en los centros penitenciarios.

El 17 de junio de 2016 se presentó en Iruña – Pamplona el informe del año 2015 donde una vez más se evidencia que SI existe tortura y malos tratos en el Estado español. En el informe se recogen 128 situaciones y 232 personas afectadas, datos que reflejan solamente la punta del iceberg, porque es fácil entender que hay muchas personas que silencian la situación sufrida.

Se entiende por tortura todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión; de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento. Esta definición está establecida en la Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, aprobada por el Plenario de la ONU el 10 de diciembre de 1984, que entró en vigor en España en octubre de 1987, una vez ratificada por el Estado español.

Un dato importante para los que no quieren ver son las 95 sentencias a las que ha tenido acceso la CPDT, de las que 43 son condenatorias y 52 absolutorias, siendo un total de 68 funcionarios los que fueron condenados por la comisión de algún tipo de tortura, malos tratos, lesiones y/o atentado contra la integridad física de las personas durante el desempeño de sus funciones en el Estado español.

Otro dato destacado en el informe del 2015, que siempre sobresale frente al resto por su dureza, es la noticia del fallecimiento de 30 personas mientras se encontraban bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Con el trabajo más que minucioso de las más de 50 asociaciones que componen la CPDT, como la Subcomisión de Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, es evidente, y no se puede negar, que en el Estado español, en la actualidad, siguen existiendo situaciones de torturas y malos tratos.

Y a las personas que aprovechamos cualquier situación pública para visibilizar estas situaciones diarias, no nos queda otra que ponernos una coraza para que no nos afecten los ataques sufridos por las personas ignorantes y ciegas de espíritu.

Ana Arranz Sanz

Coordinadora del SOAJP DE VALLADOLID.