El PSOE pide que se reforme la justicia gratuita para ayudar a “cientos de familias devastadas por la crisis”

El PSOE ha registrado este viernes en el Congreso una Proposición no de Ley en la que pide que se reforme el sistema de asistencia jurídica gratuita para garantizar a los ciudadanos sin recursos económicos suficientes su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, “adecuándose a la realidad de cientos de familias devastadas por la crisis”.

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El portavoz de Justicia socialista, Juan Carlos Campo, ha defendido “mejorar” el acceso a la justicia gratuita a través de una mayor especialización y dotación de los medios utilizados para este cometido.

En la iniciativa, Campo denuncia que la política del Gobierno del PP durante los últimos cuatro años se ha basado en “el control del poder judicial y el recorte indiscriminado de medios, con el claro objetivo de cambiar el modelo actual e imponer otro de fuerte componente ideológico en el que la justicia es menos servicio público y sirve menos para combatir la desigualdad”.

El diputado socialista ha recordado que, pese a que la ley garantiza la asistencia gratuita a quienes acrediten insuficiencia de recursos, las reformas del PP han provocado “efectos muy negativos” para los derechos de los ciudadanos, a los que se les ha limitando el acceso al sistema judicial mediante la imposición de nuevas tasas “en una suerte de privatización”.

RECAUDACIÓN POR LAS TASAS

Campo ha denunciado que el recurso a la justicia gratuita se convirtió en el único horizonte de protección de las familias más vulnerables en una etapa marcada por la precariedad, los recortes y la falta de apoyo institucional. Sin embargo, de los 650 millones de euros recaudados por tasas judiciales entre 2012 y 2014, tan sólo se han destinado seis millones a las Comunidades Autónomas para hacer frente a la justicia gratuita que, según el Gobierno, era la razón de su implantación.

“Es imprescindible reforzar la justicia gratuita, la claridad y efectividad del sistema, una dotación suficiente y revisar los criterios para la concesión del beneficio de tal manera que se adecúen a la realidad de cientos de familias devastadas por la crisis, así como evaluar la efectividad del turno de oficio para dar respuesta con la debida garantía a este derecho”, ha concluido.