17 marzo 2016

Los fiscales advierten que las disfunciones en LexNET pueden generar responsabilidad patrimonial del Estado

El Consejo Fiscal ha expresado su “profunda preocupación por las importantes disfunciones” que está suponiendo la aplicación del sistema LexNeT, que obliga desde el pasado 1 de enero a presentar todos los escritos en los juzgados de forma telemática como primer paso para la implantación del ‘papel cero’. Advierte que las dificultades de una actuación eficaz de los fiscales en los expedientes digitales pueden generar responsabilidad patrimonial para la Administración, según ha informado Europa Press.

Tras una larga sesión del Consejo celebrada este miércoles, los fiscales integrantes de este órgano, que preside la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha emitido un comunicado en el que insta al Ministerio de Justicia a la creación de aplicaciones integradas entre los Órganos judiciales y las fiscalías “que permita que el expediente digital resulte realmente útil“.

El Consejo Fiscales, principal órgano consultivo de la Carrera, señala incluso  que la  “visualización de todas las disfunciones  evidencian la imposibilidad de extenderlo más allá de las experiencias piloto donde con gran esfuerzo se está aplicando“.

Desde colectivos como la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y que tiene representantes en este órgano consultivo, se venía denunciando que la aplicación informática del Ministerio Fiscal “fortuny”, nunca ha facilitado la tarea para el cumplimiento de la función de los fiscales y en estos momentos de digitalización entorpece más que ayuda a los fiscales.

Según esta asociación, las experiencias llevadas a cabo en Canarias, Navarra y Cantabria donde la aplicación informática es única para fiscalía y juzgados demuestra que la integración del Ministerio Fiscal en el nuevo “Minerva Digital” podría solucionar la mayoría de los problemas detectados en estos momentos.

La integración permitiría reducir el tiempo de respuesta, facilitar la firma electrónica, descargar las oficinas de fiscalía de tareas rutinarias, además, permitiría realizar un control de mayor efectividad sobre los plazos de instrucción, que en la actualidad la estadística de Fortuny impide, según entiende la Fiscalía.

Unión Progresista de Fiscales (UPF), cuyos representantes también se sientan en el Consejo Fiscal, llevaba a este órgano la propuesta de paralización de la puesta en marcha del expediente digital para el ámbito penal, prevista para estos días, mientras no se solucionen las anomalías que se dan a diario en las jurisdicciones social, contencioso-administrativa y civil, en las que la Fiscalía ya viene operando desde principios de año, según han señalado fuentes de esta asociación a Europa Press.

El propio ministro ha venido reconociendo en diversas comparecencias públicas que “en ocasiones” se producen colapsos en LexNET por el gran volumen de documentos -más de ocho millones de comunicaciones desde el 1 de enero, cuando entró en vigor– si bien sostiene que en no se producen retrasos en el cumplimiento de los plazos procesales.

En un informe interno, la Fiscalía se sumó hace unos días a quienes subrayan la “excesiva lentitud” de LexNET y sus “constantes caídas y pone sobre la mesa anomalías como la imposibilidad de controlar y visualizar la entidad del expediente, la ausencia de firma de las resoluciones judiciales que se notifican, así como la insuficiente formación recibida respecto de alguna de las causas.

Precisamente este martes, Catalá y Madrigal abordaron en una reunión “lo que va bien y lo que no va tan bien“, en palabras del ministro, en el plan de digitalización a través del sistema LexNET.

PLAZOS DE LA INSTRUCCIÓN

En cuanto a los plazos de la instrucción, obligan a que el próximo 6 de junio todas las causas en tramitación en los juzgados estén ya clasificadas entre complejas o no para dar cumplimiento al artículo 234 de la LECrim, que establece que las simples tendrán un plazo de investigación de solo 6 meses.

En los últimos meses asociaciones de jueces como la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han venido quejándose por la carga de trabajo que esta clasificación les ha supuesto tras la recepción los Oficios procedentes de la Inspección Fiscal y la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado en relación con el plan de control de las causas.

Sobre este asunto, el Consejo Fiscal se ha limitado a señalar recibe información de la Unidad de Apoyo sobre este punto en relación con los territorios que han recibido Fiscales Sustitutos de  refuerzo, con especial referencia al número de causas despachadas hasta la fecha, sujetas a la revisión que establece el mencionado precepto.

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