Carnicer denuncia en un foro sobre blanqueo ataques al secreto profesional

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha denunciado  esta mañana en la inauguración del I Foro Jurídico sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales “prácticas del poder encaminadas a minusvalorar o menoscabar el papel de los abogados. Escuchas o registros no autorizados, limitaciones en el despliegue del derecho de defensa, como la negativa a la entrevista previa del detenido con su abogado o al acceso al atestado”. Según Carnicer “llama más la atención que las limitaciones al despliegue de nuestra actividad constitucionalmente prevista provengan del poder legislativo”.

Este I Foro, que ha contado con el patrocinio de la Abogacía Española, ha sido organizado por Thomson Reuters, ADADE y APREBLACA (Asociación Española de Especialistas en Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).

“La defensa es un instrumento capital del Estado, sin el que no hay derechos, ni verdadera Justicia. Un Estado que se precie de ser llamado “de Derecho” ha de tener como uno de sus emblemas el de la “defensa de la defensa” o, lo que es lo mismo, la conciencia del papel de los abogados como protagonistas de la vertebración y articulación diaria de un auténtico sistema de garantías de los derechos y libertades”, ha afirmado el presidente de los abogados españoles quien ha abordado en su  intervención el papel del abogado frente al blanqueo de capitales.

Según Carnicer, las normas sobre blanqueo de capitales y prevención del terrorismo han llevado a los profesionales a preguntarse por los límites que el Derecho de la Unión Europea pretendía poner a su actuación “o, por mejor decir, por el grado de injerencia que esas normas pretendían tener en el sacrosanto campo de actuación de la abogacía”. A este respecto analizó la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Michaud y aseguró que “habrá que seguir trabajando por el respeto a la labor de los abogados y los límites que para el Poder existen cuando de su actividad se trata”.

Finalmente, advirtió que la Abogacía Española estará vigilante a la transposición de las directivas europeas que suponen una llamada a la autorregulación por las profesiones de manera que se salvaguarde la actuación de los profesionales, en el sentido resuelto por el TEDH.

Por su parte, el consejero y presidente de la Comisión Especial de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española, Nielson Sánchez Stewart, profundizó en la compleja armonización del secreto profesional de los abogados con la obligación de comunicar a las autoridades cualquier indicio o certeza de actividad de blanqueo por parte de un cliente.

“Corremos el riesgo – como dicen en Francia- de pasar de defensor a delator. El secreto profesional es una obligación del abogado sobre la que se sustenta toda su actividad. En el Reino Unido, el cliente puede liberar al profesional del secreto, pero en España no porque está recogido en la Constitución”, señaló Sánchez Stewart para quien la solución sería que existiera un Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo que fijara lo que es secreto y lo que es denunciable.

Según el consejero de la Abogacía Española, el problema mayor está en que el abogado hoy no es solo defensor, sino asesor “y ahí está el problema”. De las tres funciones que a su juicio tiene un abogados: defensa, asesoramiento y gestión jurídica, el secreto ampararía las dos primeras, pero no la tercera. “El cliente debe saber que a partir de un determinado momento queda expuesto a que su abogado comunique sus sospechas de blanqueo por parte del cliente, en lo que se refiere estrictamente a la gestión judicial. El secreto profesional no puede establecerse más allá de la defensa y el asesoramiento jurídico”, concluyó Sánchez Stewart.