Interior reconoce que los CIE no cumplen la ley y teme que los jueces los cierren

La Comisaría de Extranjería y Fronteras ha pedido a los servicios jurídicos del Ministerio del Interior que soliciten a la Abogacía del Estado un dictamen sobre la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) habida cuenta de que no están cumpliendo el Reglamento que los regula y ante la posibilidad de que proliferen por ello sentencias ordenando su cierre.

La petición se produce a instancias del secretario General de la Comisaría de Extranjería y Fronteras, Miguel Ángel Nogal, después de recibir una providencia del Juzgado de Control del CIE de Barranco Seco, en Las Palmas. La jueza María Victoria Rosell le urge a ajustar “sin más dilación” las condiciones del centro a la normativa que los regula, el Reglamento de los CIE, en línea con una sentencia que dictó en julio y que no se ha acatado.

La jueza incidía en particular a la prestación de asistencia jurídica y asistencia sanitaria, a la dotación de intérpretes, la de servicios sociales y culturales y a la adecuación de las infraestructuras básicas del CIE canario que impone el citado Reglamento, aprobado el año pasado en desarrollo de la Ley de Extranjería.

“Dado que la situación denunciada es extrapolable al resto de los Centros, cabría esperar resoluciones similares”, dice el escrito de la Comisaría de Extranjería y Fronteras, que traslada el auto de la jueza canaria a la Subdirección General del Gabinete Técnico del Ministerio del Interior para que curse la demanda de dictamen a la Abogacía del Estado “para poder dar una adecuada respuesta al problema planteado”.

La “situación denunciada” a la que hace referencia el secretario general y que a su juicio es “extrapolable” a los ocho centros de internamiento de extranjeros que funcionan en España se detalla en el auto que dictó Rosell en julio y que recoge que en Barranco Seco “únicamente se cumplen las previsiones (del Reglamento) en lo que se ha podido conformar con personal policial”.

Así, “no se ha cumplido, en el caso del CIE de Las Palmas, con la previsión de dotar a los centros de ‘un médico perteneciente a la Administración General del Estado’ ni tampoco con la contenida en el art. 15 de disponer los centros de “los correspondientes servicios de asistencia social y cultural a los extranjeros internados, atendidos por trabajadores sociales”.

“En el CIE de Barranco Seco no hay asistentes sociales desde al menos el año 2007, pese a la previsión legal, y ahora reglamentaria. Constituyendo un incumplimiento de las normas jurídicas, que ya data de hace años, y que no se ha subsanado por los responsables del Ministerio del Interior pese a las dotaciones presupuestarias”, expone el auto.

En la misma línea, encuentra que “tampoco se han suscrito hasta la fecha los acuerdos de colaboración con los colegios de abogados en orden a establecer las condiciones de funcionamiento del servicio de asistencia jurídica, encargado de asistir jurídicamente a los internos que lo soliciten, ni hay ningún servicio de orientación jurídica en el CIE”, como tampoco hay locutorio de abogados o salas de visitas, que se realizan en un pasillo sin “un mínimo de dignidad”.

Según el auto, con esta situación se está produciendo “vulneración y/o limitación y falta de garantías suficientes (riesgo de vulneración)” del derecho a la tutela judicial efectiva, en el derecho de defensa, en el derecho a la información, en el derecho a la salud y relacionados con la asistencia sanitaria, en el derecho a la intimidad personal y familiar y al secreto de las comunicaciones, en el derecho a la igualdad y no discriminación y en el acceso conforme a las previsiones legales a servicios sociales y culturales.

Esto, al margen de las “deficiencias estructurales” del edificio de las que vienen advirtiendo tanto el propio juzgado como el Defensor del Pueblo y que a juicio de Rosell son “subsanables”. Se trata de una antigua prisión provincial, un edificio protegido en el que no se pueden hacer determinadas obras, que además del CIE acoge a la Unidad Canina de la Policía Nacional, con lo que eso supone de “alteraciones del descanso y falta de silencio determinadas por los ladridos de los perros”.

MÁS NOTICIAS

Clínicas jurídicas de cuatro universidades denuncian la situación de los CIE