19 octubre 2015

Huelga del Turno de Oficio en Francia

Dice el lema de la Unión Europea que se encuentra “Unida en la diversidad”. En recientes ocasiones, esta Unión ha necesitado más Europa y en muchas otras, quizás menos flamantes, los valores que nos unen han logrado sobreponerse a la diversidad y están permitiendo crear, hecho a hecho, texto a texto, una incipiente Europa del Derecho.

Los derechos de los ciudadanos europeos son uno de estos bagajes que la conforman: “bártulos”, metáfora mediante, especialmente gravosos por importantes, y cuya defensa se ha encomendado  a la Abogacía. De esa carga y responsabilidad, se deriva que resulte tan difícil para el legislador europeo avanzar en su armonización. El Parlamento Europeo acaba de aprobar una resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014). En ella recuerda “que informar a los ciudadanos sobre sus derechos fundamentales es una parte integrante del derecho a una buena gobernanza establecido en la Carta”; pide “a los Estados miembros que presten una atención especial a las personas más desfavorecidas para que se les expliquen sus derechos y se les preste apoyo para que dichos derechos sean respetados”. Aún más notablemente, “lamenta la falta de acceso a asistencia letrada en muchos Estados miembros y que esta situación afecte al derecho de acceso a la justicia por parte de quienes carecen de recursos económicos suficientes; considera fundamental que la UE adopte una directiva sólida y global sobre la asistencia letrada”. Resulta evidente la dificultad que esta directiva de asistencia letrada está suponiendo desde los programas de Tampere (1999) y Estocolmo (2007-2013).

En varios Estados miembros, no sólo en Francia a partir de hoy, se han realizado huelgas del Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica gratuita, entre otros, Inglaterra y Bélgica. En Francia, concretamente, estamos hablando de un problema de disminución de indemnizaciones y, de forma notoria, de la intervención financiera del Estado sobre las CARPAs (Caja de Ajustes y Reglamentos Pecuniarios de la Abogacía) así como de una exigencia de contribución particular de los despachos de abogados. Cuestiones todas ellas que debemos observar con preocupación. Por otro lado, creo no equivocarme si digo que la situación actual de estos sistemas de Asistencia Jurídica tras las huelgas, aunque ha desbloqueado algunas cuestiones, sigue resultando en términos generales bastante peor que la española. Es más, el sistema de asistencia jurídica gratuita español recibió el año pasado un espaldarazo al serle concedido el Premio “Balanza de Cristal de la Justicia” del Consejo de Europa a las mejores prácticas innovadoras para los derechos de los ciudadanos por el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita.

Y ello ha sido posible gracias a la labor de los abogados del Turno de Oficio, a la gestión colegial y a la implementación de un sistema informático por el que nuestra profesión ha apostado unida. A menudo hemos oído de otros países, que tal o cual tema era una cuestión “sometida a la subsidiariedad” con la intención de salvaguardar cambios que pueden empeorar la situación. La Abogacía española sigue creyendo en Europa, en una Europa cuyas respuestas deben orientarse a conseguir fines comunes, comprometidos con sus valores. Ello no supone que necesariamente deba imponerse compartir las mismas formas cuando ni la realidad ni el derecho son los mismos.

Lamentamos que el Gobierno francés no haya querido escuchar tampoco las ajustadas propuestas de financiación de la Abogacía francesa. Sentimos que trate de imponer mediante el rodillo unas reformas desequilibradas y perniciosas, atacando al mensajero y afectando los derechos de los ciudadanos más desfavorecidos. Sin duda, apoyamos y apoyaremos siempre a la Abogacía francesa en su lucha por conseguir una mejor justicia gratuita como parte de nuestra política europea e internacional. De eso sabemos mucho desgraciadamente en España.

La situación en nuestro país es diferente, pero en ocasiones ha obligado también a tomar medidas de fuerza. Hemos defendido, y seguiremos haciéndolo sin fisuras, un sistema que ha demostrado ser eficiente y eficaz, que funciona bien y en el que los abogados y sus Colegios realizan diariamente un esfuerzo humano, digno y humanitario, en aras del bien de los ciudadanos más desfavorecidos, del Estado de Derecho y de la Paz Social. Un sistema de calidad contrastada, reconocido por todos, pero  en el que sus prestadores no siempre reciben el trato que merecen por parte de algunas Administraciones, especialmente en lo que se refiere a la digna remuneración del trabajo realizado y al retraso en los pagos, y sobre el que penden algunas amenazas que pueden afectar a su mejor funcionamiento. No es en ningún caso un problema corporativo. Es la defensa de un asunto nuclear del Estado de Derecho.

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