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28 septiembre, 2015 Abogacía, Actualidad Fundación

Conclusiones del Grupo de Expertos de la Abogacía en relación con la crisis de los refugiados

El Grupo de Expertos creado para coordinar las actuaciones de la Abogacía en relación con la crisis de los refugiados celebró su primera reunión el 15 de septiembre en Madrid. Además de abogados expertos en Extranjería y Asilo pertenecientes a la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, forman parte de este Grupo representantes de ACNUR y CEAR. En el encuentro, además de analizar y diseñar las acciones de la Abogacía para atender a los refugiados que lleguen a España, se alcanzaron las siguientes conclusiones:

1.- Se constata en primer lugar la deficiente y confusa información que desde la diversas Instituciones de la UE se viene ofreciendo sobre los mecanismos jurídicos que se van a implementar para resolver la situación de las personas desplazadas y refugiadas.

2.- Se expresa la más enérgica condena por la actuación de Hungría y otros Estados miembros de la UE contra las personas desplazadas por los conflictos bélicos africanos y asiáticos que tratan de traspasar las fronteras de los Estados miembros de la Unión y que suponen la vulneración de Derechos Humanos esenciales. En particular debe ser objeto de condena la utilización de medios violentos para repeler a los potenciales refugiados, el impedir el acceso a su derecho a presentar sus solicitudes de asilo; y la no garantía del principio de non refoulement, de imperativo cumplimiento para los Estados, el   maltrato de los grupos vulnerables.

3.- Lamentamos profundamente, como una de las causas directas de las consecuencias más trágicas de esta situación, la pasividad de nuestro gobierno y del resto de gobiernos de la UE, que con su falta de actuación urgente, teniendo a su disposición tanto los instrumentos jurídicos como los medios materiales, están provocando directamente que la única salida de los refugiados sea lanzarse al mar o entregarse a las mafias para haberlo evitado.

4.- Reclamamos a nuestro gobierno y al resto de gobiernos de la Unión una política de concesión urgente de visados humanitarios, conforme a nuestra legislación, para otorgar una protección plena tanto a quienes todavía no se hayan visto obligados a cruzar el Mediterráneo, como a los que arriesgando sus vidas lo han hecho.

5.- Es la política de cierre radical de fronteras sostenida por todos los países de la Unión la generadora y cómplice de las mafias de tráfico de personas. Si se utilizaran los cauces existentes de visados humanitarios en los países de origen o tránsito, el asilo diplomático o ciertas medidas de protección temporal se evitaría el enriquecimiento de esas mafias y las trágicas consecuencias de su actuación.

6.- Resulta intolerable que algunos países de la Unión estén vulnerando manifiestamente la legislación de Derechos Humanos que constituye uno de los pilares esenciales de la construcción europea. Europa debe defenderse antes que nada de esas actitudes, y Hungría, como cualquier estado que incumpla el Sistema Común de Asilo Europeo, y los principios más elementales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos debe ser sancionada por su trato a los refugiados y desplazados con la máxima severidad y rigor.

7.- No cabe olvidar que existe un fondo europeo de 3,1 Billones de euros destinado a “apoyar a los estados miembros que experimenten una presión especial sobre sus sistemas de asilo y contribuir al sistema común” y que nuestro país, teniendo muchas de esas necesidades evidentes, ha declinado reclamar las ayudas precisas de esos fondos.

8.- En este contexto, nuestro gobierno mantiene sin aprobar un Reglamento de la Ley de Asilo absolutamente necesario para dotar de mecanismos de identificación de necesidades de quienes piden protección, y se permite cerrar ocasionalmente su frontera en Melilla para impedir solicitudes de protección internacional por parte de los procedentes de estos países, o denegar la libertad de tránsito a quienes ya tienen su estatuto en trámite.

9.- Resulta improcedente que el proceso de concesión del estatuto de refugiado se mueva entre irresistibles trabas burocráticas y tardanzas que en ocasiones condenan a vivir en la calle a los solicitantes, pues se agotan las ayudas antes de la concesión del estatuto. Las Oficinas de Asilo y Refugio están colapsadas por la falta de medios, y la defensa ante los Tribunales se enfrenta a incomprensibles trabas procesales.

10.- Denunciamos que, pese a la evidente situación de guerra civil en determinados países, tengamos constancia de que el Ministerio del Interior está denegando estatutos de refugiado a personas procedentes de esos países, y en algunos casos incluso iniciando procedimientos de expulsión.

11.- La Abogacía Española se compromete a poner todos los medios necesarios para aumentar la formación de sus abogados, especialmente de los voluntarios que han sido registrados, aumentar su sensibilización y poner toda nuestra estructura a disposición de la defensa de los derechos de las personas desplazadas y refugiados, pero exigimos al tiempo de los Ministerios implicados, y de las Comunidades Autónomas con transferencias en la materia, la previsión presupuestaria de un incremento respecto a la Oficina de Asilo y Refugio que permita superar su colapso, y la previsión y dotación digna y suficiente de turnos de oficio especializados en la materia.

12.- No puede aceptarse, bajo ningún concepto, que con la excusa de utilizar las capacidades de acogida de nuestro país en los refugiados se pretenda una restricción todavía mayor de los derechos de otros inmigrantes.

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