Vacaciones después de un Año Judicial intenso y en vísperas de otro que también promete…

Aunque se mantiene la actividad legislativa con la previsible aprobación de leyes que afectan de lleno a la  Justicia, llegan para casi todos las vacaciones que nos permite a la mayoría un descanso imprescindible después de un año judicial muy intenso. Comenzó con la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuyo paso por el Ministerio -casi tres años- fue claramente una oportunidad perdida, como ya conté en otro post. Defraudó las expectativas de los ciudadanos y de todos los operadores jurídicos y puso en marcha numerosas reformas sin diálogo y sin medios para llevarlas a cabo y sin sentido.

Ruiz-Gallardón fue relevado por Rafael Catalá, que llegó con un talante diferente, ofreciendo diálogo y voluntad de consenso. La batalla de toda la Abogacía contra las tasas judiciales en el Parlamento, en la calle y en las redes durante más de dos años dio sus frutos con el nuevo ministro. El 1 de marzo se derogaron las tasas para personas físicas en todos los órdenes jurisdiccionales e instancias judiciales. Una decisión que recibimos en la Abogacía con sabor agridulce, porque las pymes siguen teniendo que pagar tasas. Quiero desde estas líneas reafirmar, una vez más, mi compromiso, y el de toda la Abogacía institucional, de seguir luchando para extender la derogación de las tasas judiciales a las pymes.

También el trabajo de la Abogacía institucional ha dado sus frutos en otras materias:

Desde el 23 de septiembre de 2014, está paralizada en el Congreso de los Diputados la Ley de Justicia Gratuita, cuyo enunciado amenazaba con acabar con un servicio público que funciona eficientemente y sin apenas quejas de los usuarios.

Se consiguió el mantenimiento de los partidos judiciales, evitando la eliminación de muchos de ellos como recogía el borrador de Ley de Planta y Demarcación y la LOPJ.

Tampoco está ya sobre la mesa –al menos en esta legislatura- el anteproyecto de una Ley de Servicios y Colegios Profesionales que no iba a solucionar problemas, pero sí asfixiar a los Colegios y a perjudicar a los ciudadanos. No obstante, el Ejecutivo ha tenido una gran producción legislativa en este período, especialmente en el tiempo más reciente. Sólo en el mes de julio se han publicado en el BOE doce nuevas leyes de ámbito nacional –entre ellas, la Ley de Jurisdicción Voluntaria o la Ley de Segunda Oportunidad-; tres leyes orgánicas –como la Ley Orgánica del Poder Judicial-, y un Real Decreto-Ley. Seguramente demasiadas leyes y no siempre elaboradas con la serenidad y el consenso indispensables.

Siempre hemos dicho que sobran leyes. Se legisla de forma inadecuada, muchas leyes no tienen la calidad que debe ser exigible y tampoco se hace ninguna evaluación a posteriori de su rendimiento. El Gobierno y el Parlamento deben cambiar las formas de producción legislativa. Es fundamental escuchar a todos, buscar el consenso y no utilizar medios espúreos en las tramitaciones legislativas. En definitiva, hacer bueno el axioma menos leyes, mejores leyes.

A lo largo de este año la Abogacía ha estado trabajando, y seguirá haciéndolo, en dos temas que consideramos fundamentales. En primer lugar, la situación de los presos españoles en el extranjero. En este mes de agosto se cumple un año de la entrada en vigor del nuevo Código Penal ecuatoriano, que establece una gradación en las penas por tráfico menor de drogas en función de la cantidad portada en el momento de la detención. En virtud de esta reforma muchos presos, entre ellos decenas de españoles, deberían estar ya en libertad, pero no es así. La Fundación Abogacía Española está trabajando intensamente para que esta reforma legal se cumpla efectivamente para los españoles que pueden acogerse a ella.

Por su parte RedAbogacía, el departamento tecnológico del Consejo General de la Abogacía, está impartiendo jornadas informativas en los Colegios de Abogados para que todos los colegiados tengan su carné con la firma electrónica ACA activado cuando se materialice la entrada en funcionamiento de Lexnet para abogados, prevista por el Ministerio para el 1 de enero del próximo año.

No quiero dejar de recordar y reconocer la labor de los más de 42.700 abogados y abogadas del Turno de Oficio, que también durante este mes de agosto estarán de guardia velando por los derechos de los más vulnerables. Su labor es impagable e imprescindible para el funcionamiento del Estado de Derecho. Y deben tener una retribución digna y el reconocimiento de toda la sociedad.

Como he dicho, ha sido un año muy intenso, en el que la Abogacía institucional, unida como nunca, con la ayuda generosa de operadores jurídicos, grupos de abogados y ciudadanos, ha logrado muchas cosas. Pero no por ello debemos dejar de estar alerta. Seguiremos dando la batalla en todos aquellos temas en los que consideremos que es necesario cambiar algo.

Aunque durante este mes de agosto tendré menor presencia en redes sociales, seguiré pendiente de la actualidad, especialmente de todo lo relacionado con el mundo jurídico. Os deseo unas buenas vacaciones y que os carguéis de energía para volver en septiembre con el ánimo renovado para seguir trabajando en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. El próximo año judicial promete ser tan intenso, posiblemente más, que el que ahora termina. Desde la Abogacía vamos a seguir luchando para reconstruir la confianza de los ciudadanos en un sistema de justicia igualitario, independiente, ágil, eficiente, neutral y predictible. Tenemos tarea.