El Comité de DDHH de la ONU pide a España que revise la Ley de Seguridad Ciudadana

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentó ayer en Ginebra sus conclusiones sobre España tras la revisión el 6 de julio de su cumplimiento de las garantías fundamentales. Según el informe, sus principales preocupaciones son la inmigración y los crímenes cometidos contra la humanidad durante la dictadura.

El Comité, compuesto de dieciocho personas expertas independientes de las cinco regiones del mundo, constató la falta de progreso de España en la aplicación de las recomendaciones que le había formulado en 2008.

Una de sus peticiones más destacadas es que España derogue o enmiende la Ley de Amnistía de 1977 para que se puedan investigar todas las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias.

Los expertos del Comité pidieron a España que impulse activamente las investigaciones y que para ello facilite el acceso a los archivos, especialmente los militares.

En conferencia de prensa, Víctor Manuel Rodríguez-Rescia, relator del informe del Comité de Derechos Humanos, explicó cuáles son los problemas de dejar la localización y la identificación de los desaparecidos a cargo de los familiares.

“El problema más grande para estas actividades es que hay que contar con los sobrevivientes y los sobrevivientes ya tienen una edad muy avanzada. Aquí es fundamental que el Estado tome medidas para investigar la verdad de los hechos y para dar una respuesta a las familias”, dijo el experto.

Otro de los temas que más preocupa al Comité son las llamadas “devoluciones en caliente” de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. Rodríguez-Rescia indicó que estas expulsiones se hacen sin las garantías suficientes para que se respete el derecho de la no devolución.

Ante la gravedad de las denuncias, el Comité instó a España a revisar la Ley de Seguridad Ciudadana para que se asegure de que los inmigrantes que soliciten protección internacional puedan acceder a procedimientos de evaluación justos e individualizados.

El informe también hizo referencia a las denuncias de malos tratos durante las expulsiones, tanto por parte de las autoridades españoles como por las marroquíes.