Presos españoles en el extranjero: urge una respuesta

El Defensor del Pueblo ha publicado un “Estudio sobre la situación de los presos españoles en el extranjero” en el que se da cuenta de la grave situación de estas personas. Si es duro estar en la cárcel en España, cumplir condena en otro país, en soledad, sin familia ni recursos, muchas veces en condiciones infrahumanas, es verdaderamente dramático. La preocupación del Consejo General de la Abogacía y de su Fundación por la situación de estos españoles queda también reflejada en varias ocasiones a lo largo del informe, pues nunca hemos dado la espalda ni a las necesidades acuciantes de defensa legal de estos connacionales, –prestada en su propio idioma- ni a las carencias en la protección de los derechos humanos que sufren, sin que sea necesario entrar en detalles escabrosos para ilustrarlas.

El hecho de que el Defensor del Pueblo, es decir, el Comisionado para los Derechos Humanos de España, haya realizado un estudio específico sobre los presos españoles en el extranjero atestigua suficientemente la gravedad de este problema. Y es que el número de españoles que han delinquido en el extranjero ha crecido de forma importante. El delito cometido en la inmensa mayoría de los casos: tráfico de drogas. Un tráfico para el menudeo, el tráfico de los llamados “mulas” o “muleros”, personas que se convirtieron en delincuentes en un viaje al extranjero, probablemente empujados por la crisis.

Perú es el mayor productor de cocaína del mundo. Y también es el país extranjero en el que más españoles se encuentran en prisión ¿Casualidad? Claro que no. El patrono de la Fundación Abogacía, Jesús López-Medel, pudo reunirse con autoridades de este país recientemente e interesarse por la situación de los aproximadamente 320 (¡nada menos!) presos españoles en este país. Ya en Madrid, López-Medel entregó en mano al primer ministro peruano una carta mía dirigida al presidente Humala, en la que le manifestaba nuestra preocupación por los españoles bajo el régimen penitenciario de su Estado, particularmente duro en las prisiones de Callao y Lurigancho, y en la que le recuerdo que las solicitudes de traslado a España para el cumplimiento de la pena, acordadas por convenio bilateral, se están alargando más de un año o nunca llegan a resolverse. Otros beneficios penitenciarios legalmente reconocidos tampoco se están aplicando a los españoles, ni a otros extranjeros, por problemas de coordinación interinstitucional, tal como admiten las propias autoridades peruanas.

Otro ejemplo: once meses hace que Ecuador modificó su ley penal para que una “mula” que intenta sacar del país 450 gramos de cocaína tenga una condena inferior a la de un miembro de una banda organizada de narcotraficantes que transporta 35 kilos de cocaína en una lancha. Hasta agosto de 2014, la sanción penal era la misma en ambos casos en este país. Ahora, por suerte, ya no es así. Considerado en cualquier caso un delito de gravedad, el castigo es ahora proporcional a la cantidad transportada, como la lógica y el sentido común indican que debe ser. Nuestra Fundación está trabajando duramente para que esta reforma legal se cumpla efectivamente para los españoles que, por circunstancias ya explicadas y sobradamente obvias, son por lo general portadores de pequeñas cantidades, como lo son casi siempre los extranjeros detenidos en flagrante delito en el aeropuerto de un país productor. Esa nueva ley suponía la libertad inmediata para muchos de los que habían sido condenados de acuerdo con la legalidad anterior. No ha sido así y muchos se encuentran en una especie de “retén legal”, esperando a que se reconozca que han cumplido ya toda la pena que se establece en el nuevo código penal para los pequeños portadores. Lo denuncié en otro post en enero de este año.

Pero más grave que las dificultades legales o administrativas son, quizá, las dificultades políticas, causadas por la pasividad de las autoridades, tanto españolas como ecuatorianas, para que se aplique la ley y puedan salir de las cárceles en las que se encuentran ya en exceso de tiempo. A pesar de los esfuerzos de nuestra Fundación, decenas de presos españoles que cumplen condena en Ecuador o, incluso, en España, siguen esperando la revisión de sus condenas, ya que tanto el complejo procedimiento establecido por el país latinoamericano, como el desinterés de las autoridades, están haciendo que sigan privados de libertad mucho más tiempo del que les corresponde. Cada día de más que pasan en la cárcel, además de una injusticia y un riesgo grave, es un daño que nadie les va a resarcir.

Dicho eso, quiero hacer un llamamiento a aquellos españoles que piensan que pueden solucionar sus problemas –graves, sin duda – a la desesperada, recurriendo a la comisión de un delito que, lejos de arreglarles la vida, se la va a complicar de manera dramática, tanto a ellos como a sus familiares y personas cercanas.

En los países ya mencionados, más Colombia, Bolivia, Brasil o Marruecos, entre otros, hay más de 2.000 españoles en prisión, totalmente desarraigados de su entorno afectivo y sometidos a condiciones carcelarias muchas veces extremas e inhumanas. El Estudio del Defensor del Pueblo dice que “la situación en la que se encuentran personas privadas de libertad suele ser muy indicativa del grado de respeto que se tiene por los Derechos Humanos en un sitio determinado”. Sin duda esto es cierto.

No vamos a cejar en la denuncia ni en la petición a las autoridades de esos países y a las españolas también para que resuelvan estos problemas de manera urgente.

Mientras tanto, os dejo un video elaborado por Eurosocial, un programa europeo en el que participa la Fundación Abogacía Española como socio operativo