16 julio 2015

Una nueva ley, sin retoques innecesarios y dañinos para los ciudadanos

Por Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española

Observatorio JGHay que analizar con mucho cuidado una reforma de la Ley de Justicia Gratuita que mejore la más que aceptable Ley de 1996. Debería ser una Ley que recoja lo mejor de esa muy reconocida norma que ha servido durante casi veinte años, pero que admitiría, con muy pocos retoques, adaptarla al tiempo actual. Eso, seguramente, deberá concluirse ya en la próxima Legislatura, teniendo en cuenta la experiencia de su aplicación, con la mayor participación y el mayor diálogo y consenso posible.

Entre tanto, después de tantos sinsabores por la posición de algunas Administraciones públicas y después de que los miembros de las Juntas de Gobierno de todos los Consejos y Colegios de Abogados de España se concentraran, con sus togas, el 24 de julio en Madrid, en defensa del actual sistema de Justicia Gratuita, coincidiendo con el nombramiento de Rafael Catalá como ministro de Justicia, se abrió una nueva etapa sobre la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que era una verdadera amenaza para el servicio público de Justicia Gratuita, para los beneficiarios y para los abogados que prestan este servicio, y aquel proyecto se aparcó creemos que definitivamente. Como ha dicho el propio ministro Rafael Catalá, el actual sistema de Justicia Gratuita, prestado 24 horas al día, 365 días al año en cualquier lugar de España por 42.700 abogados de oficio y gestionado por los 83 Colegios de Abogados, es un valor en sí mismo y como funciona bien, no hay necesidad de tocarlo, sobre todo, si lo que se quiere evitar es que un servicio público que funciona con eficiencia y eficacia, sin apenas quejas, se deteriore de manera sustancial.

Cuando se publique este nuevo Informe del Observatorio de Justicia Gratuita de la Abogacía Española y la Editorial LA LEY, es previsible – no lo deseamos- que las Cortes Generales estén debatiendo, en período extraordinario de sesiones, las enmiendas introducidas a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, incorporadas, no sabemos por quién, dentro del proyecto de ley de Enjuiciamiento Civil, una técnica legislativa de dudosa licitud que permite hacer algunos “ajustes” que el Ministerio estima necesarios y que había prometido debatir y consensuar con la Abogacía en el trámite parlamentario. A algunos puntos de esta reforma, me refiero más adelante.

Este IX Informe del Observatorio de Justicia Gratuita constata algunas evidencias. La primera, que, como ha dicho el ministro y sabemos los abogados, el sistema funciona eficientemente. Que ya se tramitan electrónicamente el 65 por ciento de los expedientes de Justicia Gratuita a costa de la inversión hecha por los propios Colegios de Abogados y con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero para todas las Administraciones Públicas y, desde luego, para los ciudadanos. Que ni los retrasos en el pago por parte de algunas comunidades autónomas –algunas se han puesto al día, o casi, curiosamente en vísperas electorales, aunque otras ni siquiera lo han hecho en estas circunstancias-, ni el mantenimiento de baremos que llevan más de diez años sin tocarse o que, incluso se han reducido, han provocado un descenso en la calidad del servicio.

Pero es que, además, el servicio de Justicia Gratuita no es gravoso para las Administraciones Públicas y, aunque en 2014 ha subido levemente, un 1,5 por ciento, el coste anual de este servicio, prestado como he dicho por 42.700 abogados 24 horas al día, 365 días al año en todos los rincones de España, con calidad e inmediatez, le cuesta al ciudadano lo mismo que hacer 20 kilómetros de autopistas. O si quieren otra cifra, mantener el sistema de Justicia Gratuita, que es mantener el derecho de defensa de los más desfavorecidos, su última esperanza, cuesta menos de 5 euros (4,87 por ciudadano y año).

Y si en 2014 ha subido levemente –la aplicación de las tasas ha provocado el aumento de solicitudes de Justicia Gratuita, al margen de que el Gobierno amplió ese beneficio indiscriminadamente a nuevos colectivos- desde 2009 hasta ahora, el gasto en Justicia Gratuita –yo prefiero decir la inversión en paz social- se ha reducido nada menos que en 40 millones de euros, pasando de 266 millones a los 226 del último año.

Los abogados, según se recoge en la encuesta hecha por Metroscopia para este Observatorio, dan un aprobado al funcionamiento del sistema, pero son más críticos que los ciudadanos que reciben el servicio, porque saben que, con algunas mejoras y con el cumplimiento de sus obligaciones por parte de algunas autonomías, podría ser mucho mejor.

Los abogados del Turno de Oficio y de la Justicia Gratuita se muestran favorables a una permanente y mejor formación especializada, porque saben que eso beneficiará al conjunto de los ciudadanos. Por la misma razón defienden la cercanía del servicio al beneficiario y reivindican nuevamente una retribución digna para su trabajo. Cobrar dos euros por hora trabajada no es desde luego garantizar la dignidad de las remuneraciones. Si este sistema, señalan los abogados, no recibe la atención adecuada de los poderes públicos, se perderá calidad y eficiencia, como cualquier otro servicio que recorte sus recursos y castigue a los que lo prestan. El Estado social y democrático de Derecho que es España no se lo puede permitir.

Y finalmente, resulta obligada alguna consideración sobre las anunciadas –aunque no dialogadas ni debatidas– reformas sobre la Justicia Gratuita que el Gobierno acaba de incluir con calzador en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Independientemente de la consideración que merezca esa mala praxis legislativa de utilizar una ley para introducir cambios de fondo, importantes, en cuestiones que son absolutamente ajenas, aprovechar este sistema y la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 –que, como ha reconocido el propio ministro, ha funcionado razonablemente bien- para dar incentivos a otro colectivo, distinto del que tiene la competencia en la defensa, en la prestación de este servicio, cuenta con nuestra absoluta oposición. Y equiparar, de la forma que sea, la representación técnica con la defensa jurídica, que exige otros requisitos –una mejor formación, un máster de acceso y un examen, entre otros- es innecesaria y no puede ser aceptada. Causará un daño profundo a la profesión, y al actual sistema. Y se resentirá la calidad de la Justicia y del Estado de Derecho.

No tenemos nada contra otros profesionales, pero preferimos a los ciudadanos. Si otros colectivos quieren formar parte del sistema, deben adquirir la preparación suficiente y habilitarse como abogados.

La Justicia Gratuita debe reformarse con el consenso, el diálogo y la participación de los operadores jurídicos que vienen prestándola de forma más que satisfactoria. El propio ministro de Justicia Catalá lo ha dicho reiteradamente al señalar que las reformas en la justicia se harían con diálogo, debate, participación y el consenso de los operadores jurídicos. Ha sido especialmente claro en el tema de la justicia Gratuita, “un sistema que es un valor en sí mismo”, según sus propias palabras y en el que la Abogacía, siempre dispuesta al acuerdo, ha marcado solo algunas líneas rojas. Avalamos la retirada por el Gobierno del proyecto de ley que estaba en las Cortes y ofrecemos todo el diálogo necesario para fortalecer y mejorar el sistema. Nuestro único objetivo, como hemos demostrado durante siglos, es la mejor atención y defensa de los ciudadanos.

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