Los objetivos prioritarios tras nueve ediciones del Observatorio de Justicia Gratuita

Por Javier Lara, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española

El Observatorio de Justicia Gratuita Abogacía Española-LA LEY se ha constituido en una plataforma inmejorable para tomar el pulso al servicio de justicia gratuita. Ya son nueve las ediciones  de este Observatorio en el que convergen una serie de objetivos prioritarios que se repiten anualmente:

En primer lugar, el de consolidar el coste del Servicio de Justicia Gratuita a nivel nacional, y en segundo, el que una serie de operadores jurídicos expertos  en justicia gratuita propongan medidas que sirvan para mejorar la calidad de este servicio público que prestan los abogados con la intervención de los Colegios.

El primer objetivo no es fácil. Los importes devengados por los Colegios en concepto de asistencia y Turno de Oficio no son homogéneos en todas las CCAA. La mayoría  de ellas han asumido la competencia de justicia y tienen baremos de abono  a los letrados distintos con diferentes cuantías  e, incluso, conceptos de retribución diferentes.

También el fenómeno de la periodificación de los asuntos en unidad de tiempo, dependiendo de cuándo el abogado presenta al Colegio los asuntos en los que ha intervenido para su certificación, complica mucho el cómputo global de los asuntos.

A pesar de todos estos imponderables el Consejo General de la Abogacía trata de que los datos sean lo más fiables y homogéneos posible para obtener este objetivo con la colaboración de los Colegios a los que agradezco su compromiso.

Desde el plano jurídico la opinión de los expertos y sus recomendaciones son fundamentales. No se puede dudar de que la implicación de los abogados de oficio y de los responsables del servicio  a nivel colegial es la máxima. Sin embargo, todos, incluso los que tenemos responsabilidad institucional al máximo nivel en el servicio de justicia gratuita, tenemos el riesgo de tener una opinión contaminada, sesgada o interesada sobre el servicio que es necesario contrastar y enriquecer. De ahí que sea totalmente aconsejable que otros operadores jurídicos de máximo nivel como letrados del Consejo de Estado, abogados del Estado, cargos y funcionarios que pertenecen a la Administración Pública, al Ministerio de Justicia o al CGPJ den su opinión y contrasten nuestros razonamientos y propuestas de mejora del Turno de Oficio.

Sólo hace falta que el Gobierno las tenga en consideración. En este momento nos encontramos en una fase de tramitación parlamentaria de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, sólo solicito que se escuche nuestras propuestas, las diferentes propuestas de la Abogacía Española avaladas por las Recomendaciones formuladas en el pasado Observatorio en su octava edición y en la actual.

No en vano históricamente y desde tiempos inmemoriales la Abogacía tiene  una responsabilidad contrastada sobre la asistencia jurídica en favor del que carece de recursos para litigar. Somos los abogados quienes prestamos el servicio, los Colegios de Abogados quienes a través de sus Juntas de Gobierno tienen la competencia de organizar el servicio, e incluso se les puede exigir una responsabilidad patrimonial en el caso de que se produzca algún perjuicio por anomalía en su funcionamiento.

En consecuencia estamos legitimados para pedir soluciones y propuestas de mejora. Ya tuve la ocasión de pronunciarme anteriormente sobre la bondad del Servicio de Justicia Gratuita actual teniendo en cuenta la variable coste/ prestación, pero ello no quiere decir que no sea susceptible de mejora ni que adolezca de problemas estructurales que es necesarios solucionar.

Así, no es de recibo que haya actuaciones de letrados que mediando una previa designación colegial o incluso un auto motivado del juez  que obliga al Colegio a llevar a cabo una designación, queden sin recibir prestación económica  alguna por el trabajo realizado. Es preciso mejorar el estatus del abogado de oficio en la línea de las recomendaciones efectuadas en los sucesivos Observatorios, lo que  redundará de manera directa y positiva en la  calidad del servicio, y en definitiva, en favor  del beneficiario de justica gratuita. También con respecto al contenido material del derecho, conviene proteger a  colectivos especialmente desfavorecidos como el de los presos y dotarles de un servicio de asesoramiento en los centros de prisiones, sin olvidar adoptar medidas que ayuden a proteger a las víctimas de violencia de género

Si la voluntad de reforma iniciada por el Ejecutivo y materializada por el Ministerio de Justicia se reduce a “maquillar” la ley con el único objetivo de dar cabida en el servicio a un nuevo colectivo que carece de tradición alguna en la prestación del servicio y cuya incorporación en ningún momento ha sido demandada por colectivo alguno, perderemos  una ocasión de oro para mejorar realmente el servicio, en favor de la ciudanía y del posible beneficiario del Servicio de Justicia Gratuita.